Los integrantes del último secretariado de las Farc-EP reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reclutaron, torturaron, asesinaron y violaron a 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1971 y 2016. Los excombatientes no pagarán un día de cárcel por estos crímenes y esperan una condena restaurativa para aliviar el dolor de las víctimas, como se pactó en el acuerdo de paz en el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Tuvieron que pasar más de seis años para que los exguerrilleros aceptaran los hechos públicamente. Ellos apagaron los sueños de miles de menores con sus fusiles, separaron a cientos de familias mientras los amenazaban con balas, interrumpieron centenares de embarazos a su antojo y cometieron múltiples vejámenes sexuales en lo más profundo de la selva, donde se creían intocables por la justicia.
Así lo admitió Rodrigo Londoño, el último comandante del extinto grupo armado ilegal, ante el alto tribunal de paz: “Reconocemos con plena conciencia y responsabilidad que los hechos ocurrieron y que numerosos niños y niñas pasaron por nuestras filas. Detrás de cada uno de ellos había un proyecto de vida legítimo, propio de su edad y etapa de desarrollo, que fue gravemente afectado. Muchos no regresaron. Otros lo hicieron, pero con sus trayectorias vitales profundamente alteradas”.
En promedio, cada día, durante 45 años, al menos un niño fue sometido por la estructura criminal. Aunque constantemente ocurrían estos acontecimientos, fueron invisibles para el Estado. La JEP depuró expedientes y analizó estadísticas, y los números son estremecedores: “Solo había adelantado 387 investigaciones por estos hechos y contaba con 45 sentencias en contra de miembros de esta antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias”.
Si bien fueron muchos los delincuentes que estuvieron detrás de estos delitos y cuyos nombres siguen resonando entre las víctimas, hasta ahora los máximos responsables identificados por la Jurisdicción son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo. Héctor Arboleda Buitrago, conocido en la clandestinidad con los alias del Enfermero o el Médico de la guerrilla, negó su participación en los hechos y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podría ser señalado oficialmente y enfrentar una sanción que ascendería a los 20 años de prisión.
“No vinieron a criar niños”
Helena, víctima de reclutamiento a los 14 años y quien sufrió aborto forzado dentro del extinto grupo armado, relató ante la Comisión de la Verdad que los uniformados arribaron un día a su casa, a las seis de la tarde, a enfilarla en la lucha de las Farc: “Llegaron dos señores y eran de la guerrilla. Estaba sola con mis hermanos. Me reclutaron. Me llevaron, prácticamente, a la fuerza, porque si uno ponía resistencia, ya sabía lo que podía pasar con ellos”.
El calvario apenas comenzaba para la mujer. “Decían: ‘Ustedes acá no vienen a criar niños, vienen a contribuir al pueblo’. A las mujeres siempre las ponían a planificar con una inyección Mesigyna. Había momentos, cuando entraba el Ejército, que no facilitaba las cosas y no había forma de cuidarse. Cuando yo quedé embarazada, me mantenía muy enferma; tal vez era por el embarazo. Me aplicaban mucho medicamento”.
Estando en la legalidad, ella detalló ante la Comisión que un comandante le sugirió hacerse una prueba de embarazo para intentar darles explicación a sus dolencias y arrojó positivo. “A mí se me vino todo a la cabeza: ‘A mí me van a hacer abortar’. Me empezaron a aplicar medicamentos, me hicieron tomar las pastillas, pero el médico, al ver que no perdí el bebé, les dijo que tocaba hacerme cesárea. Era una tristeza tan grande. Cuando me desperté era como si me hubieran dado una golpiza, el dolor de haber perdido a mi bebé y el dolor del maltrato”.
Alias el Médico, que no aceptó sus responsabilidades y que podría ser acusado, habría colaborado con las Farc-EP entre 1997 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas, Chocó y Valle del Cauca. Y estaría detrás de múltiples vejámenes como los ocurridos con Helena. En su expediente de la justicia ordinaria, se le atribuyó “haber practicado procedimientos médicos en condiciones degradantes e inhumanas, especialmente contra niñas y mujeres que formaban parte de las filas de la extinta guerrilla, a quienes les inducía abortos y les aplicaba métodos anticonceptivos de manera forzosa”, se lee en un documento oficial de la Jurisdicción.
¿Justicia a la vista?
Sara Morales, vocera y fundadora de la Corporación Rosa Blanca, que recoge a las mujeres y niñas víctimas de las Farc-EP, afirmó que el reconocimiento de crímenes del último secretariado de la guerrilla es insuficiente: “No hay aporte de verdad y no se asumen responsabilidades por la autoría material de delitos de abuso sexual de niños y niñas. Cuando yo hablo de verdad, es un aporte de verdad plena, exhaustiva y detallada, la cual las Farc no la han dado”.
La versión de Morales es que, contrario a los planes que se tienen en la JEP, los excomandantes de las Farc-EP deberían recibir la máxima sanción por todos los crímenes que se les atribuye, dado que habrían incumplido con sus obligaciones en el tribunal de paz. “La máxima pena, en la medida de que las Farc han incumplido con las víctimas y con la JEP. En consecuencia, tal incumplimiento desnaturaliza y torna ineficaz la sentencia que profiera la JEP, la cual se convertiría en un monumento de la impunidad”.
Finalmente, para la Corporación Rosa Blanca, hay tres verdades pendientes que los exguerrilleros deberían atender frente a las víctimas: “Los casos donde los miembros del secretariado y los comandantes de frentes, compañías y guerrillas son autores materiales de las violaciones de los niños y niñas en las Farc; que se aporte verdad sobre la participación del Partido Comunista Colombiano como organización aliada de las Farc para el reclutamiento e instrumentalización para la guerra de niños y niñas campesinas; que aporte la verdad sobre la farcpolítica, qué ministros, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, registradores, médicos, directivos de hospitales, notarios y sacerdotes colaboraron activamente con los planes de reclutamiento y aborto forzado que sufrieron niños y niñas”.
¿Qué sigue?
La Jurisdicción Especial para la Paz informó que el reconocimiento de los excomandantes de las Farc no es el punto de llegada, sino el inicio del encuentro entre los comparecientes y las víctimas acreditadas que deseen transitar por este camino restaurativo.
“En el modelo de esta jurisdicción, corresponde a las víctimas y a sus representantes judiciales leer, escuchar y sopesar el alcance de las manifestaciones de los comparecientes, así como decidir qué significado tienen para sus propios procesos y reflexiones, y para el inicio de una ruta de reconciliación. Lo mismo le corresponde a la sociedad colombiana”, manifestó el alto tribunal.
Hasta ahora, hay 2.000 víctimas individuales acreditadas en este caso y la JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, indaga sobre el paradero de 485 niños y niñas reclutadas por las Farc-EP que no volvieron a sus hogares.
El alto tribunal aseguró que, próximamente, determinará la máxima responsabilidad individual que les cabe a otros comparecientes que ejercieron mandos regionales en las estructuras de la guerrilla. Ellos, después de ser llamados a reconocer su responsabilidad, podrán unirse a este “proceso restaurativo y profundizar en el entendimiento regional de estas afectaciones”.