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| 7/12/2020 10:41:00 AM

Se entregó a las autoridades la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

La Defensoría del Pueblo realizó acompañamiento a la entrega voluntaria de la exgobernadora en el comando de la Policía en Riohacha.

Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, se entregó a las autoridades Foto: @DefensoriaCol Foto: Foto: @DefensoriaCol

La Fiscalía General de la Nación anunció que la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se entregó a las autoridades para cumplir con la medida de aseguramiento que pesa en su contra, por la presunta pérdida de más de 5.900 millones de pesos en la construcción de adoquines en el municipio de Albania.

A través de su cuenta en Twitter, la Defensoría del Pueblo recalcó que la entrega voluntaria de la exgobernadora de La Guajira contó con el acompañamiento de esta entidad, ante el comando de la Policía en Riohacha.

Cabe recordar que hace aproximadamente una semana el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había ordenado prorrogar por un año más la orden de captura contra Oneida Pinto, luego de que así lo solicitara la Fiscalía General de la Nación.

Inicialmente, esta petición había sido emitida en julio del año pasado, luego de que a la exmandataria departamental la Fiscalía le imputara cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

La presunta pérdida de más de 5.900 millones de pesos por lo que la Fiscalía acusó en su momento a Pinto, se habría presentado entre los años  2010 y 2011.

Sin embargo, la exgobernadora de La Guajira se encontraba prófuga de las autoridades y la última vez que había sido vista fue el 18 de junio de 2019, día en que la fiscal delegada solicitó la medida de prisión en su contra y que fue admitida por un juez.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación al referirse a este caso señaló ante la investigación adelantada contra la exgobernadora de La Guajira, el Juzgado 5 Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había prorrogado la orden de captura el pasado 1 de julio en su contra, por el término de un año, para que cumpla la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario que le fue impuesta el 5 de julio de 2019. Tal decisión se materializó en las últimas horas, luego de que la investigada se presentara de forma voluntaria ante las autoridades.

Oneida Pinto fue asegurada por las posibles irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania (La Guajira). Al parecer, habría creado la fundación Princesa Negra para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, por valores que ascienden a más de $ 12.000.000.000. Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192.

Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

A través de las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada y que lo buscado era apalancar la campaña electoral de Oneida Pinto a la alcaldía de Albania, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política.

Oneida Pinto también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas.

El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una perdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.

Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.

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