Antes de la posesión del próximo presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se han venido incrementando las denuncias y advertencias detrás de una posible feria de contratos que se estaría gestando al interior del Gobierno Petro, antes de que finalice su periodo de cuatro años como presidente de Colombia.
Ante ese tipo de alertas que se han venido registrado a través de medios de comunicación, redes sociales y otros canales, la Procuraduría General de la Nación decidió darle las instrucción a sus funcionarios en territorio, para que aumenten la vigilancia frente a este tipo de acciones que permite a una entidad pública comprar bienes, pedir servicios o construir obras.
En un memorando firmado por el viceprocurador General, Julián Fernández, la Procuraduría ordenó: “Impartir instrucciones dirigidas a fortalecer la vigilancia de la actividad contractual desarrollada por las entidades del orden nacional que desarrollan funciones mediante dependencias desconcentradas en el territorio nacional, en especial, en el contexto de la terminación de la gestión administrativa del gobierno que finaliza el próximo 7 de agosto de 2026 y el empalme de funciones con la nueva administración”.
Esta medida, según el ente de control, hace parte de las herramientas preventivas que tiene la Prouraduría dentro de sus competencias constitucionales, para evitar que haya un mal uso de los contratos o del recurso público destinado para las iniciativas del Ejecutivo.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) July 18, 2026
Por eso el viceprocurador Fernández fue enfático en mencionar: “La anterior circunstancia reclama un especial fortalecimiento de las acciones preventivas (...) con el propósito que la gestión contractual se desarrolle con estricta observancia de los principios constitucionales y legales. Además, para garantizar la protección del patrimonio público y la continuidad en la prestación de los servicios a cargo del Estado”.
El ministro de Justicia designado por el Gobierno entrante, Iván Cancino, ha sido uno de los nuevos funcionarios que ha denunciado múltiples contratos que estarían saliendo con milllonarios presupuestos justos a pocos días de que finalice el Gobierno Petro.
La instrucción dirigida a los procuradores regionales, provinciales y distritales es verificar las vigilancias que se han inciado en actividades contractuales, examinar la necesidad de esos contratos dentro de los planes anuales de adquisición de dichas entidades, revisar el régumen de contratación y delegación para ese servicio, entre otros pormenores.
Algunas de esas entidades del orden nacionnal que desarrollan funciones mediante dependencias desconcentradas en el territorios son el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).