Judicial
Pedro Baracutao, congresista del Partido Comunes, reconoció responsabilidad en el secuestro y asesinato del exgobernador Guillermo Gaviria
El congresista junto a seis mandos medios del Bloque Noroccidental de las Farc aceptaron su participación, además, en el secuestro del excongresista Óscar Tulio Lizcano.
Este martes 10 de diciembre, los siete mandos medios del Bloque Noroccidental de la guerrilla de las Farc reconocieron mediante un escrito enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados en enero pasado por los secuestros perpetrados en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.
En el documento enviado por los excomandante de este Bloque se reconoce su plena participación en el secuestro y posterior asesinato de Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia; así como en el plagio del excongresista Óscar Tulio Lizcano; y el homicidio del exconsejero de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri.
Guillermo Gaviria Correa fue secuestrado el 21 de abril de 2022 junto a su asesor de paz, Gilberto Echeverri mientras participaban en una marcha en el municipio de Caicedo, en el occidente de Antioquia. El 5 de mayo, el gobernador de Antioquia, su asesor y ocho militares fueron asesinados con tiros de gracia por parte de sus captores en medio de un fallido intento de rescate por parte del Ejército.
Por su parte Óscar Tulio Lizacano fue secuestrado el 5 de agosto del 2000 mientras se encontraba en el municipio de Riosucio, Caldas. Por su posición política fue incluido en la lista de “canjeables” con guerrilleros presos. Después de ocho años en cautiverio, el 26 de octubre de 2008 se fugó de sus captores.
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La carta de reconocimiento de responsabilidad está firmada por Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo o El Viejo, quien comandó el Bloque Noroccidental de las Farc durante años. Así como por Jesús Mario Arenas, alias Marcos Urbano, quien dirigió el Frente Urbano Jacobo Arenas; Rodolfo Ruiz Restrepo, alias Víctor Tirado, excomandante del Frente 57; y Pedro Baracutao García Ospina, excomandante del Frente 34 de las Farc y actual representante a la Cámara por el Partido Comunes.
Así como Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro; Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias Anderson; y Jhoverman Sánchez Arroyave, alias Rubén Cano.
En la imputación de cargos hecha hace once meses se indica que el Bloque Noroccidental de las Farc ejecutó los delitos de desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, atentados contra la dignidad personal, desplazamiento forzado; y tortura y tratos crueles e inhumanos.
Con estas acciones se buscó forzar a los Gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez para forzar el intercambio de guerrilleros presos, aumentar su financiación y el control de territorios.
“Desde 1993 tuvo dos misiones: controlar territorios de Medellín, Urabá y la frontera con Panamá para llegar al poder dominado en Bogotá; y conseguir dos millones de dólares anuales para financiar a toda la guerrilla”.
Para lograr sus fines pusieron en marchas planes de secuestro y extorsión. Igualmente, buscaron financiación en el tráfico de drogas.
En la imputación realizada por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que el Bloqueo Noroccidentetal estuvo conformado, “en su máxima expansión entre los años de 1998 y 2002) con “3.145 combatientes y 923 milicianos”.
En la búsqueda del control territorial y el tráfico de drogas se enfrentó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) los paramilitares de la llamada Casa Castaño.
La expansión de este bloque subversivo estuvo marcada por el ingreso a la ciudad de Medellín, lo que generó la llamada “primera guerra urbana” en el marco del conflicto armado interno.
“Su presencia motivó operaciones del Ejército Nacional como la Operación Mariscal y la Operación Orión”, señaló la JEP en un informe.
