La magistrada Cristina Lombana quedó por fuera de las cuatro investigaciones que llevaba en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que cuatro de los cinco magistrados habilitados avalaron las recusaciones en su contra, con el argumento de la investigación disciplinaria que le abrió la Comisión de Acusación a la togada.
Lombana es investigada en esa célula de la Cámara de Representantes tras una tutela que radicó el ministro Benedetti, alegando demoras en el avance del proceso que tiene por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Esa investigación en la Comisión fue la única razón que dejó por fuera a Lombana de los procesos contra Benedetti, situación que obligó al magistrado Héctor Alarcón a salvar su voto de las mayorías, alertando sobre “un enorme riesgo frente a la autoridad judicial”.
“Debo reiterar que una interpretación, como la adoptada por la Sala Mayoritaria, en mi criterio, deja latente un enorme riesgo frente a la actividad judicial, pues, como sucedió con la magistrada Cristina Lombana Velásquez, hacia el futuro, con la sola apertura formal de la investigación disciplinaria, podría despojarse a cualquier funcionario de un asunto sobre el que realmente se encuentra habilitado para conocer”, manifestó Alarcón.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) April 10, 2026
Es decir, el magistrado estaría alertando que, como ocurrió en este caso, existiría un riesgo latente de que se utilice la apertura de investigaciones disciplinarias contra togados como una herramienta para sacar del camino a quienes tienen los procesos contra los legisladores.
De hecho, fue el mismo magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema, el encargado de confirmar que “la razón por la cual es apartada de los casos es porque la magistrada Lombana tiene una investigación en curso en la Comisión de Acusaciones y esa es una de las causales por las cuales se puede apartar a un juez del conocimiento de un caso”.
Pero para su colega Alarcón, este proceso debió tener un enfoque más acorde con el “espíritu del legislador”, con el fin de preservar el correcto alcance de los motivos que deben separar a un funcionario del conocimiento de un proceso.
El magistrado Héctor Alarcón también advirtió en su salvamento que la apertura de la investigación disciplinaria contra la funcionaria recusada no estaba actualizada como causal de recusación en la Ley 600 de 2000.