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Prevención del reclutamiento de niños y adolescentes ya tiene paso a paso que entidades territoriales deben implementar
La Defensoría había alertado en abril que identificó riesgo de reclutamiento de niños en 188 municipios de Colombia.
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El Gobierno nacional presentó el Manual de instalación territorial de rutas de prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que es el resultado de la Estrategia nacional de prevención de reclutamiento Súmate por mí y una muestra de cumplimiento de los indicadores de implementación de la política pública Prevención del reclutamiento.
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El documento describe el paso a paso que las entidades territoriales deben seguir para construir y activar las rutas de prevención de reclutamiento y utilización de niños, y que se dan en tres escenarios: prevención temprana, urgente y en protección. Cada una está determinada por tiempos de implementación, en el mediano, corto e inmediato plazo.
Este Manual será parte también de los procesos de la Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (Ciprunna), así como una guía de consulta para los 207 equipos de acción inmediata (EAI) que para ese propósito se han conformado desde el año 2018 en el país.
En particular, 138 de esos EAI se encuentran en municipios priorizados por Ciprunna, de un total de 210 entidades territoriales que están en el índice de priorización del riesgo de reclutamiento y utilización de niños.
Ya en junio, por ejemplo, en el segundo encuentro de esa Comisión en Santander, se habían presentado resultados de capacitaciones adelantadas en 21 municipios priorizados en el mapa de riesgos. En esa ocasión se socializaron estrategias y programas de sensibilización implementados que continuarán con una ruta definida para garantizar el bienestar de los menores de edad.
Y es que en los Santanderes el reclutamiento de menores no se detiene. El fenómeno nació junto con los grupos armados ilegales y, aunque han pasado décadas y desmovilizaciones, sigue siendo la manera más ‘efectiva’ de engrosar las filas de la guerra. El problema se hace más grande porque las familias, que terminan amenazadas, no denuncian, así que el subregistro es enorme.
La construcción del Manual de instalación territorial de rutas de prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes recibió apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Colombia, así como acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y del Ministerio del Interior.
Además, les fue entregado a las madrinas de los territorios de la estrategia Súmate por mí, a los alcaldes del país y a las gestoras sociales departamentales y municipales.
En ese sentido, una de las madrinas del programa, María Juliana Ruiz —primera dama de la Nación—, recalcó que con esta entrega el país tiene una herramienta concreta, lista para poner en práctica, que debe resultar en combatir los delitos de lesa humanidad contra los niños.
También afirmó que debe traducirse en la capacidad de decir “no más a quienes quieren atentar contra el futuro de nuestro país [...] no más nuestros niños en la ilegalidad, no más nuestros niños empuñando un arma, nunca más los sueños de nuestros hijos destrozados a mano de los violentos. Hoy, cada uno de nosotros somos barrera para proteger la integridad, la dignidad, la alegría, el éxito de las nuevas generaciones”, añadió Ruiz.
Y es que en abril de este año la Defensoría del Pueblo había alertado que el riesgo de reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales se mantuvo e incluso empeoró en algunas zonas del país a causa de la pandemia y el cierre de los colegios. Un informe sobre el tema presentado muestra que el escenario para los niños, niñas y adolescentes fue devastador en el año de la covid-19 en Colombia.
En total, la entidad identificó riesgo de reclutamiento en 188 municipios de Colombia y conoció 83 casos desde el 17 de marzo hasta septiembre de 2020. El 80 por ciento de los casos ocurrió en zonas rurales.
“Las edades de las víctimas oscilan entre los ocho y los 18 años. De ellos, el 33 por ciento es menor de 14 años y un 59 por ciento es hombre (49 casos). Además, 20 son indígenas y dos, afrodescendientes”, dijo en su momento a través del informe.
El texto añadía que, aparte del riesgo de reclutamiento, la Delegada para la infancia, la juventud y el adulto mayor de la Defensoría había establecido otros delitos de los que son víctimas los menores de edad como desplazamiento forzado (18 casos), amenazas (16), desapariciones forzadas (tres), violencia sexual (dos), lesiones personales (dos) y otros (16).
Incluso, esta semana el mismo ente alertó que cuatro niños habrían sido reclutados por disidencias en el Amazonas, en concreto en el corregimiento de La Pedrera.
En este contexto, la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó que la realidad muestra que el fenómeno del reclutamiento no se ha acabado, sino que se ha transformado y que por eso ahora se habla del uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras organizadas delincuenciales. Por eso reconoció la importancia de este Manual, “esperando que todos nos apropiemos de estas rutas para proteger a nuestros niños”.
“Quiero resaltar el impacto protagónico y determinante que tiene la justicia en la ruta de prevención. Hablo en especial por los casos que están en la JEP, porque la justicia aporta cuando las penas son ejemplarizantes, cuando se les muestra a los victimarios que este es un delito contra la humanidad y cuando contamos con un Estado implacable contra cualquier hecho que se cometa contra los niños, niñas y adolescentes”, expresó.
Salgado se refirió a las investigaciones que se adelantan en la JEP, las cuales arrojan cifras alarmantes. “Con el cruce de las bases de datos, se han encontrado cerca de 20.000 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 5.000 son [niños] menores de 14 años, así que esperamos tener a los exjefes de las Farc rindiendo versión frente a estos hechos atroces”, finalizó.