Probable déficit del presupuesto de la Rama Judicial podría traer riesgos: “Posible colapso de las tutelas”

El Consejo Superior de la Judicatura advirtió hace pocos días que el presupuesto de la Rama Judicial tiene un déficit de 6,1 billones de pesos en los proyectos para la vigencia 2027. Ese hueco provocaría una afectación del 34 % frente a las necesidades estimadas.

Aunque la Rama Judicial solicitó cerca de 17,5 billones de pesos para el próximo año, el Presupuesto General de la Nación proyectado por el Gobierno De La Espriella contemplaría cerca de 11,4 billones de pesos. Solo para los gastos de funcionamiento, la Judicatura requiere 14,6 billones de pesos.

En medio de esas alertas que se han generado sobre el presupuesto necesario para el funcionamiento de la justicia en Colombia, la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, detalló cómo sería el impacto que generaría esa disminución en los recursos para ese sector del Estado.

Meneses explicó: “En la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial hemos estado analizando ese tema. Claro que la justicia también demanda presupuesto; creo que todas las jurisdicciones demandamos presupuesto, entendemos la situación fiscal (...). Varios presidentes de las cortes han estado en el Congreso para analizar los temas y permitir exponer las necesidades de la justicia”.

Sin embargo, la disminución del presupuesto que ha alertado el Consejo Superior de la Judicatura podría terminar impactando a la Corte Constitucional en su funcionamiento sobre asuntos tan fundamentales como el trámite de tutelas.

La presidenta de la Corte Constitucional confesó: “Nosotros estamos recibiendo 6.000 tutelas para revisar al día y tuvimos en la Sala de Selección más reciente 134.200 expedientes. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, estamos poniendo todo de nuestra parte para poder generar una operación que le cumpla a Colombia y claro que nos preocupa este posible colapso de las tutelas”.

Desde la Rama Judicial expresaron su preocupación a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por la asignación presupuestal que dejaría una brecha de 6,1 billones de pesos para la operación del sistema en 2027.