Procuraduría investigará 21 posibles irregularidades en la elección de contralores territoriales

La Procuraduría anunció que inició 21 actuaciones disciplinarias por posibles irregularidades en el proceso de elección de los contralores territoriales, quienes debían haber sido posesionados el primero de enero de este año.

Como parte de las labores de vigilancia preventiva que lleva a cabo la entidad en todo el país, los procuradores regionales y provinciales de 15 departamentos dieron cuenta de la información para poder abrir un pliego de cargos, cinco investigaciones disciplinarias y 15 indagaciones preliminares sobre dichas elecciones.

Las irregularidades están relacionadas, de acuerdo con el comunicado de la entidad, con hechos como el cumplimiento del cronograma, la elección de la terna, la contratación de las universidades, la injerencia de servidores públicos ajenos al proceso de elección, el incumplimiento de los requisitos habilitantes de parte de los aspirantes y presuntas inhabilidades, conflictos de interés y el incumplimiento de los requisitos normativos del concurso, no todos los procesos culminaron en los tiempos previstos con la elección o posesión exitosa de los contralores.

Las actuaciones fueron detectadas, por departamentos, de la siguiente manera:

• Cundinamarca, 2
• Meta, 2
• Norte de Santander, 1
• Boyacá, 1
• Cesar, 1
• San Andrés, 1
• Caldas, 2
• Caquetá, 1
• Valle del Cauca, 1
• Risaralda, 2
• Cauca, 1
• Vaupés, 1
• Bolívar, 2
• Nariño, 1
• Santander, 2

La entidad además aseguró que continuará con sus labores de prevención para que se cumpla con la normativa vigente y esto se vea reflejado en la elección de los candidatos idóneos para los cargos designados.

Masacre en Sucre: Procuraduría pide vincular a más policías al proceso

La Fiscalía explicó en detalle cuáles fueron las pruebas en contra de los policías capturados en el marco de la investigación por el asesinato de tres jóvenes en el departamento de Sucre. Las evidencias las conoció SEMANA y ahora las solicita la Procuraduría como parte de las indagaciones que adelanta el Ministerio Público. Además, pidieron a la Inspección vincular a más policías al proceso.

A través de un oficio, la Procuraduría le hace una solicitud expresa a la Inspección de la Policía respecto del material probatorio que reposa en esa instancia y que fue remitido a la Fiscalía. En el paquete de pruebas hay videos, fotos, audios y una veintena de declaraciones que enredan a un alto oficial.

“Al unísono resulta útil lo requerido, ya que permitirá aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos que ocasionaron la muerte de los jóvenes Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez despejando todo arrojo de duda que pueda existir”, señala el documento firmado por el agente del Ministerio Público que ejerce Supervigilancia Administrativa.

La Fiscalía hizo la imputación de cargos de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada uniformado. En este orden por homicidio y privación ilegal de la libertad, en contra de la subteniente María Camila Buritica y los patrulleros Jesús María Bolaños, Rafael Paz Barbosa y Santiago Garavito Díaz.

A los patrulleros Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, la Fiscalía les imputó los delitos de Privación ilegal de la libertad y favorecimiento, mientras que a los patrulleros Uber Giillermo Mieles, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta y Leila Carolina Ávila les imputó los delitos de tortura. Ninguno aceptó los cargos, se declararon inocentes.

Acto seguido, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en contra de los diez policías, tras considerar que son responsables de las conductas imputadas, además de que representan un peligro para el proceso y las víctimas, que en este caso son los familiares de los tres jóvenes asesinados.

La solicitud fue acompañada por la Procuraduría que ahora se acerca al proceso para pedir que le compartan el material probatorio, incluso, advierten, en la solicitud que conoció SEMANA, que requieren copia “íntegra” del expediente en poder de la Inspección de la Policía, además de los adelantados por la Fiscalía.

“Remitir a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, copia íntegra de la investigación disciplinaria con radicado SIE2D EE-DESUC-2022-150, incluida la que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el acta de visita administrativa del 12 de agosto de 2022 a la Subinspección General de la Policía Nacional”, señala el oficio.