SEMANA: Hay muchas decisiones de grandísimo calado jurídico y político gravitando juntas: la emergencia económica, el salario mínimo, la constituyente. ¿Hay algún factor común que las cruce a todas?
Néstor Humberto Martínez: Me sorprende que los analistas, la academia y la oposición misma miren individualmente cada una de las decisiones que está tomando en estos días el Gobierno del Pacto Histórico, cuando lo que hay es que articularlas. Y cuando se ponen esas piezas del rompecabezas y se juntan, lo que se encuentra es que Petro y sus huestes tienen un plan macabro para llevar a Colombia a un Estado totalitario al estilo de Venezuela, al estilo de Cuba. Hay que decir que el pueblo, como lo denomina Petro, realmente no ganó, sino que perdió con su gobierno. Perdió en educación: el financiamiento del Icetex nunca apareció. Perdió en salud, de manera indudable. Y Petro no se iba a resignar a que la historia lo ubicara en la galería de los presidentes fracasados.
SEMANA: ¿Y entonces, a su juicio, qué está haciendo?
N. H. M.: Lo único que puede hacer es dejar una huella cambiando el modelo político y el modelo económico de la nación, que no era su idea original, sin duda alguna. Pero, a estas alturas, es lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, lo que uno advierte es que el incremento inusitado e irracional del salario mínimo que se acaba de producir es la cuota inicial en ese camino. Como había perdido a las bases populares —y eso se había venido observando en las manifestaciones que él mismo convocaba—, tomó la decisión de echar mano del último instrumento que tenía para ganar la solidaridad de la gente asalariada, subiendo el salario mínimo en un 23 %. Esto no tiene sentido.
Y de esa manera lo que está haciendo es comprar, con los dineros del sector privado, de las industrias, del comercio, de la pequeña industria y de los emprendedores, para él y para su propósito político, la lealtad de los trabajadores. En otras palabras, el incremento tiene un propósito electorero. Se trata de comprarles el voto a los trabajadores para las elecciones que se avecinan. Vi una foto, aparentemente de Cali, en la que en un cartel se pedía, desvergonzadamente, como se puede ver, votar por el Pacto Histórico por este regalo de Navidad que se les está dando a los trabajadores con el salario mínimo.
SEMANA: En un país tan desigual, es difícil también no entender a los 2,4 millones de colombianos a los que esta decisión les arregla la vida.
N. H. M.: No es tan así. Los trabajadores no tienen conciencia de lo que va a ocurrir, porque en primer lugar lo que uno advierte es que en el corto plazo va a empezar una espiral inflacionaria por demanda. Estos incrementos de precios van a generar que el nivel general de precios en la economía suba muy rápidamente. De esa manera, al cabo de los meses se les empieza a expropiar a los trabajadores el incremento salarial que se les dio, generando una situación de mayor inestabilidad económica en el país. El desempleo subirá indudablemente, porque hay sectores que no pueden cubrir sus costos fijos con estos costos laborales. Y vamos a ver una informalidad laboral creciendo. Es decir, en pocos meses la realidad va a mostrar que en el mercado laboral el daño será muy grande.
SEMANA: Muchas voces aseguran que ese aumento del salario mínimo es demandable y puede caerse en el Consejo de Estado. ¿Usted qué piensa?
N. H. M.: Sí, es demandable y puede caerse. Pero en esto quiero hacer algunas precisiones legales importantes, porque se ha venido diciendo por algunos sectores que, como ocurrió en el pasado con el decreto de 2015 que se anuló en 2016, este decreto es igualmente anulable. Yo diría que no se puede hacer ese símil. Porque en el año 2015, de lo que se acusó al decreto fue de un problema de precaria motivación, que constituye una modalidad de expedición irregular de un acto administrativo. En esta ocasión hay algo mucho más grave, y es que indudablemente estamos en presencia de un caso de desviación de poder como fuente de nulidad del decreto del salario mínimo.
SEMANA: ¿Eso qué significa?
N. H. M.: La desviación de poder es una figura de la irregularidad de los actos administrativos que se presenta cuando el titular de la competencia emite el acto con una finalidad extralegal, es decir, para perseguir un propósito indebido. En este caso es inequívoco. El decreto no busca simplemente mejorar la capacidad adquisitiva de las familias, sino que pretende ganar su lealtad en las contiendas electorales. No fue expedido para los fines que consagra la Constitución. Hay otra causal de anulación que tiene que ver con la circunstancia de que, como ya lo dijo la Corte Constitucional, el presidente no puede, en el caso de la expedición del salario mínimo, actuar arbitrariamente o caprichosamente. Aquí hay que advertir que la Ley 278 de 1996 establece que el presidente tiene que tener en cuenta la inflación futura y la productividad acordada, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el desempeño del índice de precios al consumidor, el desempeño del PIB. Por todo eso habría que ser muy cauteloso en esa decisión. Si uno da lectura, no se explica por qué el conjunto de esos elementos que ordena la ley da lugar a un 23 %. El decreto es manifiestamente ilegal y por eso se va a caer.
SEMANA: Pero si el decreto se cae, también habrá una gran indignación y, en cierto modo, el presidente ganaría argumentos para su narrativa de bloqueo institucional. Ya el presidente dijo que sacaría a la gente a las calles.
N. H. M.: Esa es la lectura integral, porque en su propósito perverso el presidente gana con el decreto vigente y gana con el decreto anulado de cara al cambio institucional que se propone a través de la Constituyente. Todas son fichas en un tablero de juego político. Como los decretos son abiertamente ilegales, se trata de una provocación para sustentar la movilización de masas que requiere ahora el presidente para dar su golpe institucional.
SEMANA: ¿Y ahí cómo entra la emergencia económica?
N. H. M.: No se necesita haber pasado por una facultad de Derecho para saber que, con ocasión de la Constituyente del 91 —de la cual el M-19 fue partícipe y gestor fundamental—, se quiso que los poderes presidenciales fueran absolutamente limitados en los estados de excepción. Tratándose de emergencias económicas, dictó la Constitución que solamente podría decretarse el estado de excepción por hechos sobrevinientes y extraordinarios. Nunca será un hecho sobreviniente la situación que se genera de un presupuesto desfinanciado cuando el Congreso de la República, en ejercicio de sus facultades legales, le echa balota negra a un incremento de impuestos luego de advertir su inconveniencia, porque hay un consenso en el órgano político que dice que, en vez de subir los impuestos, lo que hay es que bajar los gastos. Pero en período electoral al régimen no le interesa bajar los gastos porque necesita tener las manos llenas para seguir comprando alianzas. Es tan evidente el despropósito que el presupuesto aprobado en el Congreso tiene un incremento de los gastos de funcionamiento del Gobierno central para el año 2026 del 11 %. Eso es inaudito. Los gastos deberían crecer máximo a la tasa de inflación, es decir, el 5,5 %.
SEMANA: ¿Y, a su juicio, este decreto también se caería?
N. H. M.: Sí, porque hay una prueba inequívoca de que el Gobierno no hace el ajuste ordinario y apela a esta figura del estado de excepción para convertirse en soberano absoluto y despótico. Pretende atribuirse indebidamente una facultad regulatoria en materia tributaria que le compete al Congreso, que ya le había dicho que no. Es decir, no hay ningún hecho sobreviniente. En eso hay un consenso nacional. Yo no soy de quienes creen que en la Corte hay mayorías del Gobierno, y mucho menos para mantener este estropicio jurídico, este esperpento. Se habla de nombres propios, del doctor Juan Carlos Cortés, de la doctora Natalia Ángel. No hay tal. Ellos son juristas y no hay un jurista consagrado que pueda decir que estamos en presencia de un hecho sobreviniente. Y, a pesar de esa circunstancia, se expide el decreto, que tiene dos características: una, de nuevo provocadora, y otra que alimenta el discurso del Gobierno diciendo: “Aquí vamos es a clavar a los hiperricos”.
SEMANA: ¿Cuál es el cambio fundamental en el impuesto al patrimonio?
N. H. M.: El Gobierno impone unas tasas que no se conocen a nivel mundial. El mayor rango del impuesto al patrimonio genera una tasa del 5 % anual. Es decir, a ese contribuyente el Gobierno del Pacto Histórico le quita el 5 % de su patrimonio de una sola tajada. Eso no tiene antecedentes ni en Colombia ni en el mundo, donde un monto de esa naturaleza es considerado confiscatorio y, por eso, no existe. Sin embargo, ahí aparece en el decreto.
SEMANA: ¿Qué hacer frente a eso?
N. H. M.: Como este decreto se va a caer, la recomendación que debe hacer el abogado es resistencia, resistencia tributaria del contribuyente. No hay que pagar esos impuestos mientras la Corte Constitucional se manifiesta, y de seguro lo va a hacer prontamente para evitar que se genere una situación de impuestos en el limbo con relación a los pagos que se hayan hecho y la obligatoriedad de devolverlos a los contribuyentes que hayan actuado de manera inocente frente a estos decretos expedidos ilegalmente. Sí, habría un riesgo de incurrir en una sanción por mora, pero este es un riesgo mucho menor que pagar el tributo y después dejar esos dineros en el limbo. El impuesto al patrimonio no es el único: el decreto destila un odio obsesivo hacia industrias que desde el día uno ha venido persiguiendo.
SEMANA: ¿A cuáles se refiere?
N. H. M.: A dos específicamente. Primero, las industrias extractivas de petróleo y carbón, a las cuales se les impone un gravamen adicional. Y, obviamente, a la industria bancaria, a la cual se la lleva a una tasa de tributación que, con la sobretasa del 15 %, significa que el impuesto de renta de esos contribuyentes será del 50 %. Eso viola el principio de igualdad y pone de presente que se trata de poner las luces del Gobierno sobre estos sectores para tomar medidas que no corresponden a un propósito legítimo, sino a una verdadera persecución.
SEMANA: Pero usted mismo dijo que, si se caen esos decretos, también hay un escenario ideal para el Gobierno. ¿Ahí qué pasaría?
N. H. M.: Lo que ya advirtió Petro a fin de año: la movilización de masas, los paros organizados, que son el nutriente del proceso constituyente, el último paso de esta estrategia para llevar al país a una constituyente que modifique el modelo político, el modelo económico y el sistema de libre empresa. Así nos llevarán hacia un Estado definitivamente totalitario, donde los servicios públicos queden exclusivamente a cargo del Estado y sea este el proveedor, a migajas, de esos bienes públicos a los ciudadanos, quienes deberán correlativamente mantenerle la lealtad al régimen, como ocurre en todos los sistemas comunistas. Esa es la verdad. Hacia allá llevan esta dinámica histórica. Por eso el Gobierno ha dicho que convocará la Constituyente, que se hará como un paso siguiente en cabeza del nuevo gobierno que aspiran sea el de Iván Cepeda.
SEMANA: Iván Cepeda ha sido bastante prudente con sus declaraciones. Apenas comparte en X las declaraciones de Gustavo Petro y a veces pone uno que otro trino.
N. H. M.: Iván Cepeda guarda silencio cuando todos sabemos que es el autor de esta triste partitura. El objeto político, según los manifiestos que ha hecho Cepeda de su plan de gobierno, está centrado en el proceso constituyente que —como lo dijo en la reunión de la Cámara de Comercio Colomboamericana— se inicia el mismo 7 de agosto, día en que asumiría la Presidencia de la República. Están convocando a una constituyente envenenada. El propio presidente Petro ha dicho en su cuenta de X que va a reformar la justicia. Esa es la cuenta de cobro a las Cortes por su independencia y por haber cumplido con su función misional durante estos cuatro años. Van a reformar las Cortes, el mecanismo mediante el cual Venezuela logró hacer tantos cambios. Los magistrados que llegarán serán corderos áulicos del régimen socialista. Se anticipa una reforma judicial en todas las Cortes, con excepción de la Corte Constitucional, que debe revisar el proceso constituyente. Lo que percibo es una estrategia organizada para cambiar el modelo político de la nación, movilizar el poder popular y forzar a la institucionalidad democrática a avanzar hacia una constituyente totalitaria.
SEMANA: ¿Lo que usted está diciendo es que el petrismo tiene hoy todo para reelegirse?
N. H. M.: Lo que estoy diciendo es que están dadas las condiciones para que sea muy difícil que no se mantengan en el poder. Pero lo que hoy le da garantía al ciudadano de que este empeño —que es un verdadero golpe a la Constitución Política— no se consolide es el Poder Judicial: la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. En ellos radica la capacidad de la sociedad para sobreponerse a estas circunstancias. Invito a que se advierta que el problema no es el salario mínimo individualmente considerado, sino que este es una pieza más del engranaje que están construyendo para llevarnos a un sistema totalitario como el de Venezuela.