SEMANA conoció que en las últimas horas la Fiscalía archivó la indagación que llevaba contra el general Jhon Jairo Rojas, quien habría sido víctima de un montaje organizado desde el propio Ejército.
El ente acusador decidió no seguir indagando al oficial por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En su momento se conoció que parte del caso que indagaba la Fiscalía contra Rojas nació de un informe que había entregado el general Federico Mejía al entonces inspector del Ejército, el general Juan Carlos Correa.
Allí, el general Mejía acusaba al general Rojas de tener supuestos nexos con grupos ilegales en el Cauca, región donde Rojas era comandante.
SEMANA conoció el documento en el que la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordena archivar “las diligencias por atipicidad objetiva, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, porque no existen circunstancias fácticas que permitan su caracterización o tipificación como delito”.
Con esta decisión, ya son varias las indagaciones que han sido archivadas a favor del general Rojas. Las otras averiguaciones sobre las cuales la Fiscalía tomó decisiones similares son por peculado y celebración indebida de contratos.
Cabe recordar que el general Rojas, desde un inicio, denunció en SEMANA que en el Ejército se había dado la orden de hacerle un montaje para truncar su carrera militar y evitar que siguiera ascendiendo dentro de la fuerza.
Rojas estuvo a cargo de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde se dieron resultados como la muerte de alias Mayimbú, uno de los criminales más despiadados de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. Se golpeó la estructura José María Becerra del ELN, logrando la rendición de alias Palermo y otros 24 guerrilleros; además, 58 cabecillas fueron neutralizados y otros 120 murieron en el desarrollo de operaciones militares.
Incluso, en medio de su denuncia, el general obtuvo la confesión de un teniente de contrainteligencia del Ejército, quien aseguró que su caso hacía parte de un montaje.
Recientemente, el propio presidente Gustavo Petro reconoció que oficiales habían salido injustamente de la fuerza.
Hace poco, SEMANA publicó un artículo que expuso las dos caras de la moneda: cómo el Gobierno Petro protegía a generales con graves casos judiciales y retiraba a otros que no tenían investigaciones.
Dentro de los casos que se mencionaron como protegidos están los de los generales Emilio Cardozo, con falsos positivos en la JEP, y Federico Mejía, quien tiene indagaciones por concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial diferente y abuso de función pública. Las autoridades judiciales indagan sobre su presunta responsabilidad en las mencionadas conductas punibles.
También se encuentra en el grupo de protegidos el general Juan Miguel Huertas, comandante de personal del Ejército, por su presunta alianza con las disidencias de las Farc.
Tras los polémicos retiros de los generales, como en el caso del general Erick Rodríguez, quien salió de la fuerza sin tener investigaciones penales públicamente conocidas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la decisión era de potestad directa del presidente Gustavo Petro.