Las redes sociales parecen fuera de control, usuarios se creen con licencia para atacar, insultar, calumniar y hasta amenazar sin que nada pase. Así lo vienen haciendo, siendo más radicales en momentos de crispación política. Sin embargo, la Fiscalía le puso freno a esta costumbre e identificó plenamente a personas que usaron las redes para atacar a dirigentes del país.
En este caso, las víctimas de amenazas de muerte a través de las redes sociales fueron la vicepresidenta, Francia Elena Márquez Mina; el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, y el expresidente del Congreso Roy Leonardo Barreras Montealegre.
Según informaron desde la Fiscalía, “en cada uno de los casos, fiscales del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo de un equipo de policía judicial, identificaron y lograron la judicialización de las personas que elaboraron y direccionaron los mensajes intimidatorios”.
Se trata de amenazas graves, sin importar que hayan sido realizadas a través de redes sociales, en donde los usuarios creen que pueden opinar lo que quieran, incluso realizar estas amenazas sin que pase nada. Pues no, así lo dejó claro la Fiscalía, estas amenazas son delitos y pueden tener condenas.
Los implicados pudieron terminar así en un largo y complicado proceso penal, que incluso podría haberlos llevado a la cárcel o a recibir medidas penales graves en su contra.
Sin embargo, según informaron desde la Fiscalía, “ante la contundencia de las pruebas en su contra, los agresores aceptaron su responsabilidad en los hechos, y en un acto de perdón expresaron su arrepentimiento a las víctimas y su compromiso de no repetición”.
Es por eso que “la Fiscalía aplicó principios de oportunidad en beneficio de los investigados, los cuales fueron avalados por jueces de la República. De esta manera, cesará la acción penal en su contra”.
No habrá así pena contra quienes amenazaron a la vicepresidenta Márquez, el expresidente Uribe y el excongresista Roy Barreras, pero lo que sí quedó claro es que tener redes sociales no da licencia para atacar y mucho menos amenazar de muerte a nadie, porque el resultado podría implicar incluso la cárcel.
El primer evento involucra a Fabián Idárraga Toro, quien amenazó a la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, y aceptó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El pasado 17 de marzo, este hombre envió un correo electrónico que contenía insultos, expresiones intimidatorias y anticipaba acciones criminales en contra de la integridad personal de la vicepresidenta.
En el segundo hecho esclarecido, Deibys Pérez Ramos reconoció el delito de instigación para delinquir. En mayo de 2019, esta persona usó una red social para promover un mensaje en el cual solicitaba a un grupo ilegal atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Finalmente, William Andoque Zumaeta reconoció el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Esta persona, en noviembre de 2019, elaboró y divulgó mensajes con amenazas de muerte contra el entonces senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, en un perfil que el político tiene en una red social.