La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reactivó el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras rechazar la recusación que llegó contra el magistrado Roberto Solórzano, presidente de esa sala, por parte de las víctimas reconocidas en el proceso. La ponencia fue del magistrado José Joaquín Urbano.
La decisión de 17 páginas, firmada por nueve magistrados de la Sala de Casación Penal, confirmó: “Declarar infundada la recusación que los apoderados de las víctimas formularon en contra del magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano Garavito”.
La recusación que llegó contra el magistrado Solórzano argumentaba que debía ser separado del proceso porque uno de sus hijos trabajaba para el procurador Bladimir Cuadros, el mismo que pidió durante el juicio absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal confirmó que el hijo del magistrado Solórzano Garavito “no es parte”, pues no es delegado de la Fiscalía General, ni presentó la acusación de la acción penal contra el exmandatario.
La decisión también detalló que el hijo del togado tampoco tuvo: “Vinculó a este proceso, mediante la solicitud de imputación o declaratoria de persona ausente ante un juez de garantías y, por ende, él no ha sido sujeto de juzgamiento o de una providencia judicial, cuya verificación deba asumir el funcionario recusado”.
La Corte Suprema de Justicia también aclaró que la Procuraduría no es parte del proceso, sino un interviniente especial; por eso, el alto tribunal destacó que es “evidente” que el hijo del magistrado no tiene cargo de procurador ni ha sido delegado como agente de la Procuraduría para actuar frente al proceso del expresidente Uribe.
“Puestas así las cosas, la Corte verifica que en el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito no se constituyen los presupuestos fácticos y normativos de la razón impeditiva por la que los apoderados de las víctimas lo recusaron”, concluyó la Sala.
La decisión advirtió que los autores de la recusación, es decir, los abogados del senador Iván Cepeda y de Deyanira Gómez, no atribuyeron la supuesta falta de imparcialidad del hijo del magistrado Solórzano a una situación objetiva, sino a que presumen que tendría interés por el cargo que desempeña, por lo que debieron acudir a la causal de que el funcionario tiene algún interés en la actuación procesal.
El magistrado Roberto Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, podrá continuar con el proceso de casación que llevó la Fiscalía luego de que un tribunal de Bogotá lo absolviera de la condena de 12 años que le impuso una juez en primera instancia.
