La Corte Constitucional calificó como una “tragedia humanitaria” lo que se vive actualmente en las cárceles de Colombia por el hacinamiento, la falta de garantías y la vulneración de los derechos humanos. Esa compleja situación se vive a pesar de que hace 13 años se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), una decisión judicial que se toma cuando se comprueba una violación masiva y sistemática de derechos a una población.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala de Seguimiento sobre esa ECI, reveló esa compleja situación humanitaria en medio de la audiencia pública que citó la Corte Constitucional en el Palacio de Justicia, centro de Bogotá, para tratar de encontrar soluciones a la crisis que atraviesas las cárceles y los centros de detención transitoria en el país.
Ibáñez Najar manifestó en esa diligencia “en el Estado de Cosas Inconstitucional, la población privada de la libertad atendía un número considerable que hoy se ha triplicado, casi que cuadriplicado, y además, se ha extendido de las cárceles y las penitenciarias a los centros de detención transitoria”.
A través de la sentencia T-388 de 2013, la Corte anunció la primera declaratoria para el sistema carcelario en el país y ordenó una reforma estructural de la política criminal del país. Sin embargo, 13 años después de esa decisión, el alto tribunal reconoció falencias en su cumplimiento.
#AudienciaPública | En minutos enpezamos la audiencia de seguimiento a la Sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y SU-512 de 2024; sobre el Estado de Cosas Inconstitucionales en materia de cárceles.
— Corte Constitucional (@CConstitucional) November 4, 2026
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“Hoy en día la situación es más grave y en el caso de los centros de detención transitoria es, adicionalmente, una situación que constituye, como lo han denominados muchos, casi que una tragedia humanitaria que obliga a todas las autoidades (...) a adoptar determinaciones que nos permitan superar el Estado de Cosas Inconstitucional”, reconoció el magistrado Ibáñez Najar.
Por su parte, el secretario Jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, fue uno de los asistentes a la audiencia pública en la Corte, quien manifestó que “nada hacemos con el populismo punitivo” para atender la crisis carcelaria y el hacinamiento que azota a Colombia.
Barreto aseguró: “Nada hacemos con ese populismo punitivo de aumentar las penas y cada vez que se hable del derecho penal del enemigo, buscar entonces cómo condenar a las personas al peor de los castigos que es la privación de su libertad, sino cómo estamos preparando a esas personas para salir”.
A la audiencia también asistieron más integrantes del Gobierno nacional y representantes del sector carcelario en Colombia, para atender cómo se va a a atender el hacinamiento, los problemas de infraestructura, la disponibilidad de cupos y otros obstáculos presupuestales en las prisiones y centros de detención en el país.