El Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó revocar la sanción de desacato contra el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, el vicecontralor Francisco José Chaux y otros tres directivos del ente de control por el concurso de méritos que hay para proveer más de 3.000 vacantes.
El pasado 28 de octubre de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta ordenó en primera instancia imponer una multa económica a cada uno de los implicados en la decisión judicial al considerar que se incurrió en una mora para reanudar dicho concurso abierto. Esa decisión apareció por medio de una tutela.
Sin embargo, el caso llegó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, donde con ponencia del magistrado Robiel Amed Vargas González, concluyó que dicha sanción no debía prosperar por varios elementos jurídicos y fácticos.
Uno de los fundamentos del Tribunal para tumbar la sanción estuvo relacionado con la acreditación que logró demostrar la Contraloría General y el Consejo Superior de Carrera Administrativa sobre las decisiones dirigidas a cumplir el fallo constitucional que ordenó la ejecución del concurso de méritos.
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La justicia también determinó que en el desacato existiría una ausencia de negligencia, al determinar que la Contraloría no actuó de manera “caprichosa”, pues el ajuste de algunas condiciones como el cronograma del concurso fue una respuesta a las necesidades de los participantes que se vieron afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.
El Tribunal de Norte de Santander también halló un vicio en la sanción tras verificar que en la actuación de primera instancia, el contralor Laverde no había sido formalmente vinculado o notificado de la apertura de este proceso.
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Con esta decisión que dejó sin piso jurídico la medida sancionatoria, el Tribunal confirmó que las actuaciones administrativas del concurso de méritos siguen vigentes según el Anta n° 7 de 2026, la cual estableció el Consejo Superior de Carrera y la Contraloría General para poner en marcha el cronograma oficial.
Esa agenda estableció que del 3 al 5 de noviembre se iba a habilitar un espacio para presentar las reclamaciones contra los antecedentes, especialmente, los aspirantes que se vieron afectados por el terremoto y se reportaron en el Registro Único de Damnificados.