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El homicidio que más generó conmoción en los días previos a la Navidad fue el de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, dos bogotanos que vivían en la región del Caribe e impulsaban proyectos ambientales y culturales entre las comunidades locales. | Foto: Cortesía

Judicial

Vuelve y juega, por vencimiento de términos quedó en libertad implicado en crimen de ambientalistas en el Tayrona

Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve fueron vilmente asesinados el 23 de diciembre de 2019.

20 de octubre de 2022

Por vencimiento de términos quedó en libertad Luis Alfonso Rodríguez Tovar, uno de los procesados por el crimen de la pareja de ambientalistas, Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, quienes fueron retenidos, torturados, amarrados a un árbol y asesinados por integrantes de el grupo paramilitar de Los Pachencas que delinque en el norte del país, en la zona de Santa Marta y la Sierra Nevada.

En la decisión, el juez advirtió que ya pasaron 240 días desde la radicación del escrito de acusación en contra de Rodríguez Tovar por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, secuestro simple y tráfico de armas, y hasta la fecha no ha iniciado el juicio. La lentitud de la justicia y la inoperancia del aparato judicial para emitir un fallo tres años después de ocurridos los hechos fue puesta de presente por parte de los familiares y amigos de la pareja de ambientalistas.

Jiménez y Monsalve fueron reportados como desaparecidos por su familia el 20 de diciembre de 2019. Esto después que la joven le enviara un mensaje de voz a su papá en el que advertía que estaban en riesgo tras pasar por el peaje de Neguanaje -cuando se dirigían a Palomino (La Guajira) señalando que estaban siendo perseguidos por hombres fuertemente armados que querían robarlos.

El padre de Natalia intentó comunicarse con ella pero solamente escuchó una voz masculina al fondo decir “cállese o si no los chuzo”. La investigación de la Fiscalía General indicó que la pareja fue amenazada, torturada, amarada a un árbol con la cara tapada y ejecutados con un disparo en la cabeza.

Los cuerpos sin vida fueron encontrados en el sector conocido como ‘Perico Aguado’. Ese mismo día fue encontrado intacto el vehículo en la que se movilizaba la pareja, una camioneta Ford Escosport. El 22 de abril la Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra cuatro capturados por este crimen.

En el documento, se pone de presente la hipótesis que la retención y el asesinato tuvo relación con el robo del vehículo de la pareja. Posición contraria a la puesta de presente por los defensores de la pareja que señaló que el crimen fue motivado por la actividad ecologista que adelantaba Natalia y Rodrigo en la región, así como su trabajo con las comunidades indígenas.

“La pareja fue obligada a descender del automotor en medio de constantes amenazas de muerte, uno de los señalados delincuentes, al parecer, aseguró que estaban expuestos ante las víctimas y que, al dejar ver sus caras, podrían ser delatados”, precisó el ente investigador.

Debido a esto se tomó la decisión se trasladarlos hasta una zona donde fueron amarrados a los árboles y posteriormente les dispararon a quemarropa, acabando inmediatamente con su vida.

Los hombres habrían intentado cambiar las placas de la camioneta en la que se movilizaba la pareja de recién casados y venderla en la zona fronteriza con Venezuela. Sin embargo, al no poder decidieron dejarla abandonada.

Natalia Jiménez, antropóloga de profesión, era directora del proyecto Magdalena-Cauca Vive de la Fundación Natura y era reconocida por su trabajo en la protección de diferentes especies animales de la región. Rodrigo era estudiante de antropología y reconocido DJ en Santa Marta.

Por este crimen fueron capturados Giovanni Ortiz Calderón, Jaider Groelfi Lozano, alias ‘El Negro’; Andrés Felipe Socarrás, alias ‘Pipe Bareta’; y Luis Rodríguez Tovar, alias ‘Luchito’. Una persona conocida con el alias de ‘Veneco’ se escapó y hasta la fecha no pudo ser ubicado.

El proceso ha sufrido varios cambios de fiscal, aplazamientos y reprogramaciones por petición de la defensa de los procesados, lo que ha sido calificado como una maniobra dilatoria.