La Corte Suprema de Justicia les cerró la puerta a las pretensiones de libertad de los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique, investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Sala de Primera Instancia negó las solicitudes de libertad provisional por vencimiento de términos que presentaron sus abogados, al concluir que todavía no se ha cumplido el plazo legal para acceder a ese beneficio y que, además, el término estaba ampliado por una prueba que debe practicarse en el exterior.

La prueba a la que se refiere la decisión de la Corte Suprema es el testimonio del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien se voló a Nicaragua en medio del escándalo y no se volvió a saber de él. Es decir, uno de los motivos para la negativa es la diligencia de quien sería su cómplice y quien está disfrutando de la libertad.
“La Sala determinó que el término se amplía hasta por seis meses adicionales, debido a que ordenó recibir el testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra asilado en Nicaragua. Por esa razón, el plazo aplicable es de doce meses y se extendería hasta el 26 de mayo de 2027″, advierte el documento.

Este fue el primer argumento para negarles la libertad a Manzur y a Manrique, pero el segundo advierte que la decisión del 18 de noviembre establece que el plazo de seis meses previsto en la Ley 600 del 2000 debe contarse desde el 26 de mayo de 2026, fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución de acusación contra los procesados.
Los abogados sostenían que la resolución de acusación había quedado en firme el 12 de mayo de 2026, cuando terminó el plazo para recurrir el auto que la confirmó. Bajo ese cálculo, consideraban que ya se había superado el tiempo establecido para mantener detenidos a sus clientes sin que comenzara la audiencia pública.

La Sala rechazó esa interpretación. Explicó que durante el término de ejecutoria se presentó un recurso de reposición contra uno de los apartados de la providencia que había confirmado la acusación, relacionado con la negativa de sustituir la detención de Karen Manrique por una domiciliaria.
Ese recurso fue resuelto el 26 de mayo, por lo que, según la Corte, la decisión no podía considerarse en firme antes de esa fecha. Para los magistrados tampoco era posible hablar de ejecutorias parciales, pues la actuación penal comprende a todos los procesados.
Esta decisión se toma en el marco del proceso por el escándalo de corrupción más grande del gobierno del expresidente Gustavo Petro: el saqueo a la UNGRD.
Se trata de la presunta entrega de contratos y proyectos de obras públicas a congresistas a cambio de apoyos a los créditos que tramitaba el Estado ante la banca internacional.
La acusación relaciona esas gestiones con tres proyectos: uno en Cotorra, Córdoba; otro en Saravena, Arauca, y uno más en El Carmen de Bolívar. Se trata de señalamientos que deberán ser debatidos y probados en el juicio.

En el caso de Cotorra, la investigación relaciona a Wadith Manzur con las gestiones alrededor de un proyecto cuyo valor ascendía a 46.748 millones de pesos. En ese mismo frente aparecen los congresistas Liliana Bitar y Julián Peinado.
El segundo proyecto mencionado en la investigación corresponde a Saravena, Arauca, por 34.187 millones de pesos. En este capítulo aparecen Karen Manrique y el congresista Juan Diego Muñoz.
El tercer proyecto es el de El Carmen de Bolívar, por 11.695 millones de pesos, que la investigación vincula con el congresista Juan Pablo Gallo. Los tres casos hacen parte de la misma hipótesis sobre el supuesto intercambio de respaldos políticos por proyectos financiados o gestionados desde la UNGRD.
Wadith Manzur y Karen Manrique están detenidos desde el 12 de marzo de 2026.
