El exgobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la contratación de la primera fase del parque La Casa en el Aire, un proyecto turístico y cultural concebido en homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona, que terminó inconcluso pese a los millonarios recursos comprometidos.
La investigación, adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se concentra en el proceso contractual que se desarrolló durante la administración de Ovalle Angarita y que contemplaba una inversión total de 14.462 millones de pesos.
Según el ente acusador, el 29 de noviembre de 2018 fue suscrito el contrato 1613 con un consorcio, inicialmente por 6.398 millones de pesos. En las condiciones pactadas se estableció que el 40 % de ese valor sería desembolsado con la firma del acta de inicio, que se produjo el 20 de diciembre de ese mismo año.
Posteriormente, el contrato tuvo una adición de 3.042 millones de pesos y el proyecto alcanzó una inversión global de 14.462 millones de pesos. Dentro de la financiación también participaron recursos del Sistema General de Regalías, que aportó 1.285 millones de pesos.
Las advertencias que habría ignorado el exgobernador
Uno de los principales elementos de la investigación tiene que ver con las presuntas deficiencias en la planeación, aprobación y financiación de la iniciativa. De acuerdo con la Fiscalía, se identificaron incumplimientos de requisitos relacionados con la viabilidad, sostenibilidad y estructuración del proyecto.
El expediente también señala que entidades del orden nacional habían emitido conceptos desfavorables y observaciones técnicas que debían ser atendidas antes de continuar con el proceso contractual.
Sin embargo, según la hipótesis de la Fiscalía, Ovalle Angarita habría desatendido esas advertencias, continuado con el trámite de adjudicación, aprobado la financiación y firmado el contrato. Para los investigadores, su intervención fue determinante en la consecución de los recursos públicos destinados a la construcción del parque.
Las deficiencias identificadas durante la etapa de planeación habrían tenido consecuencias durante la ejecución de las obras. Entre ellas, la Fiscalía menciona problemas en la funcionalidad de la infraestructura, suspensiones en la construcción, sobrecostos y dificultades para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Una obra millonaria que quedó inconclusa
El desenlace contractual se produjo en agosto de 2023, cuando el contrato fue terminado unilateralmente sin que se hubiera completado la primera fase del parque. La decisión se tomó después de varios años de ejecución y de comprometer recursos públicos que, según el organismo investigador, no se tradujeron en la culminación de la infraestructura prevista.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó formalmente al exgobernador como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.