Este jueves 13 de junio de 2024, se conoció el pronunciamiento de Pedro Pablo Jurado, quien se desempeñó como director de Cormagdalena entre enero de 2019 y agosto de 2022, luego de que el Consejo de Estado fallara a favor de la nación en medio de un millonario pleito que había con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y el operador logístico Barranquilla International Terminal Company.
“El Consejo de Estado refrenda, de manera indirecta, nuestras decisiones en la entidad. En ese proceso se pretendían cifras exorbitantes por condiciones que siempre demostramos jurídicamente que eran inexistentes y no eran imputables a Cormagdalena. Nunca desistimos en el propósito de salvaguardar los intereses de la Nación”, precisó.
“Sin duda, estas decisiones sustentan que el desarrollo del río Magdalena se encuentra sujeto a la materialización de contratos equilibrados y justos, que representen el interés general del país. El sector privado debe contar con las garantías para el desarrollo de su trabajo, pero sin abusar de su posición y sin desconocer el bien general”, expuso el exdirectivo.
¿Qué dice Cormagdalena?
Desde la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, dieron a conocer a través de un comunicado de prensa que este fallo lo que hace es librar a esta entidad de un eventual colapso financiero al que se habría visto abocada en caso de prosperar las pretensiones de los demandantes.
“Estábamos seguros de que el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2023 había sido en derecho, y se ajustaba a las pruebas aportadas en su momento al proceso por Cormagdalena, pero los accionistas del Puerto de Barranquilla y su operador logístico Barranquilla International Terminal Company, decidieron prolongar el pleito, hasta llegar a la más alta instancia del Consejo de Estado, y este ha ratificado el referido laudo, lo cual cierra definitivamente este complejo capítulo de incertidumbres”, aseguró el director general de la corporación, Álvaro José Redondo Castillo.
Y es que la decisión inicial de llevar el caso al tribunal de arbitramento obedeció a la interpretación del mencionado sector privado en el sentido de que el tratamiento del río por parte Cormagdalena no les garantizaba condiciones óptimas de navegabilidad en el canal de acceso al puerto y ello obligaba el desvío de buques mercantes a diferentes puertos, generándole millonarias pérdidas económicas.
“Independientemente del proceso jurídico, tal situación hace parte ya de la historia del país, si se tiene en cuenta que las condiciones del canal de acceso al puerto de Barranquilla son extraordinarias y en los últimos 18 meses han generado récords de navegación, con un calado superior a 10 metros y un alto movimiento de carga sin precedentes en la historia de la capital del Atlántico”, detalló.
Al tiempo, indicó que lo que buscan es apostarle a la dinámica de conservación y sostenimiento de la navegación por el principal río del país, y en particular en el referido canal, garantizado con la apropiación de recursos para el contrato de dragado permanente, y la compra de dragas propias con las que se atienden las contingencias en puntos críticos en la cuenca.
“En esta nueva dinámica de productividad con impactos en la competitividad y el desarrollo integral de la región Caribe y del país, estamos debidamente articulados el sector público, el sector privado (portuario y transportador) y la comunidad”, precisó el director.
