El gobierno de Gustavo Petro, con un documento de 24 páginas, decretó este miércoles 11 de febrero la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos afectados por las inundaciones causadas por el fenómeno de los frentes fríos.
La medida, adoptada por 30 días, cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
El documento se ampara en la emergencia causada en esos departamentos por “un evento hidrometeorológico atípico, asociado al desplazamiento latitudinal anómalo de un frente frío”.
Ese fenómeno, según cifras citadas en el decreto, provocó en Colombia en nueve días, desde el 27 de enero al 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios”.
En ese lapso fueron afectadas 69.235 familias, 252.233 personas, con un saldo de diez fallecidos y tres heridos, según el Gobierno.
En infraestructura, según el Gobierno Petro, hubo daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, cuatro alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.
Y hubo afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres.
En el decreto, que ha provocado posturas contrarias en diferentes sectores en el país, el Gobierno recuerda las condiciones en que se encuentran el embalse de Urrá, Hidroituango, Hidrosogamoso, entre otros.
Y recordó que, a raíz de que no cuenta con suficientes recursos para destinar a la atención de desastres y calamidades públicas, se le hace necesario tomar esta medida para “dotar al Gobierno nacional de herramientas jurídicas extraordinarias para salvaguardar la infraestructura crítica del sector energético.
Por eso, dispone: (a) flexibilizar la autorización de apropiaciones presupuestales, (b) crear contribuciones parafiscales y (c) crear contraprestaciones tributarias en materia de energía eléctrica”.
El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y otros 18 jefes del gabinete. Sin embargo, llama la atención que, por el Ministerio de Defensa, estampó su rúbrica el ministro (e) Javier Andrés Baquero Maldonado y no Pedro Arnulfo Sánchez, cabeza de esa cartera.
Por último, convocó al Congreso para que diez días después de finalizada la vigencia del decreto de emergencia, “se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional”.