La justicia volvió a cerrar una de las principales vías legales que buscaba Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, para recuperar su libertad.
Un juez de ejecución de penas negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena de cinco años que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por los hechos de vandalismo cometidos contra una estación de TransMilenio durante las protestas del paro nacional de 2019.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante un auto fechado el pasado 2 de enero y notificado en los días siguientes a las partes procesales.
Con ese fallo, Barrera Rojas deberá continuar privada de la libertad, cumpliendo la condena en un establecimiento carcelario, sin que por ahora se le conceda ningún beneficio que modifique esa pena.
El recurso había sido presentado por la defensa con base en la Ley 2477 de 2025, una norma que introdujo ajustes al sistema penal y amplió los mecanismos de justicia restaurativa.
Sin embargo, tras estudiar la solicitud, el juzgado concluyó que en este caso no se cumplían los requisitos legales para aplicar la extinción de la pena ni una reducción del tiempo de prisión.
Los hechos que originaron el proceso judicial se remontan al 22 de noviembre de 2019, cuando, en medio del paro nacional, Epa Colombia protagonizó actos de vandalismo contra una estación del sistema TransMilenio, en el sur de Bogotá.
La entonces influenciadora grabó y difundió en sus propias redes sociales un video que posteriormente hizo parte del material probatorio del caso.
Por esos hechos, Barrera Rojas fue procesada y finalmente condenada por la Corte Suprema de Justicia a una pena de 63 meses y 15 días de prisión, equivalentes a poco más de cinco años.
La condena quedó en firme por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. La sentencia ratificó, además, la negación de beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
Desde el 30 de enero de 2025, Epa Colombia permanece recluida cumpliendo la sanción impuesta. A lo largo de este tiempo, su defensa ha intentado distintas estrategias jurídicas para modificar su situación, entre ellas tutelas, recursos y solicitudes ante jueces de ejecución de penas, sin que hasta ahora haya obtenido un resultado favorable.
A más de cinco años de los hechos ocurridos durante el paro, el caso de la influenciadora y empresario sigue siendo un proceso que ha tenido amplia visibilidad en redes en relación con los actos de vandalismo contra bienes públicos durante las protestas sociales.
