Desde hace varios años, cientos de pasajeros que llegan a Bogotá en buses intermunicipales por la Autopista Norte se enfrentan a interminables trancones para acceder a la plataforma de desembarque. Una de las causas es la construcción inconclusa de un puente peatonal, con los trabajos paralizados y sin una fecha clara de terminación.
SEMANA investigó el contrato de dicho puente y la obra, que fue suscrita durante la alcaldía de Claudia López y que cerca de cinco años después aún no finaliza. El proyecto presenta un retraso aproximado del 92 por ciento. Su ejecución comenzó el 6 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar los “estudios, diseños y construcción del nuevo puente peatonal sobre la Autopista Norte con acceso al portal norte de TransMilenio, incluida su conexión con el espacio público existente en Bogotá”.
El tiempo inicial del contrato era por cerca de 22 meses. Es decir, iniciaba el 28 de enero de 2022 y debía terminar el 27 de noviembre de 2023. Sin embargo, en el Secop aparecen tres prórrogas. El valor inicial del contrato era de 24.971 millones de pesos, pero a la fecha se ha incrementado y ya va en 26.298 millones. Un incremento de 1.327 millones.
Luego de las tres prórrogas, el contrato del puente peatonal del Portal Norte extendió su fecha de entrega hasta el 29 de octubre de 2026. El primer aplazamiento, aprobado en mayo de 2023, añadió 134 días al plazo inicial debido a trámites pendientes con el Acueducto, ajustes del Jardín Botánico, el traslado de una antena de Claro y las aprobaciones de movilidad.
La segunda prórroga amplió el plazo hasta junio de 2025, con un total de 429 días adicionales, ante la persistencia de esos inconvenientes y nuevos obstáculos relacionados con Enel Codensa, la red contra incendios y la Secretaría de Ambiente. Finalmente, se solicitaron otros 74 días, mientras se repetían los problemas con las redes de servicios públicos. La interventoría terminó suspendiendo la obra, pese a que ya se había desembolsado una suma considerable de dinero.
Actualmente, según los datos del IDU, el contrato (incluyendo todos los procesos previos) se encuentra suspendido. Su avance es de apenas el 15 por ciento, cuando, de acuerdo con el cronograma pactado, debería haber alcanzado el 81 por ciento. En la etapa de construcción, apenas hay una ejecución del 7,76 por ciento, cuando a la fecha la obra debería estar en más del 90 por ciento.
Lo más preocupante es el desembolso del dinero, pues hasta el momento al consorcio se le han pagado 6.514 millones de pesos por una obra que aún no tiene ni siquiera pilotajes. Sin embargo, según el IDU, parte de este dinero aún se encuentra en una fiducia.
Sobre el proyecto, la entidad aseguró que la actual administración lo recibió en condiciones adversas. Aunque su ejecución estaba prevista para cerca de dos años, el gobierno de Claudia López dedicó ese tiempo a los estudios y diseños. Cuando Carlos Fernando Galán asumió la Alcaldía, los trabajos no registraban los avances esperados, por lo que fue necesario acelerar los procesos. En diciembre de 2024 se completó la fase de diseños. Según el IDU, la actual administración terminó en un año lo que la anterior no logró concluir en dos.
El instituto agregó que la etapa de construcción comenzó en enero de 2026 con las primeras excavaciones. Sin embargo, surgió un nuevo obstáculo: una de las empresas integrantes del consorcio fue objeto de un embargo que aún sigue vigente y que provocó nuevos retrasos. Actualmente, los trabajos están suspendidos y el contratista busca conformar un nuevo consorcio que se encargue de continuar el proyecto.
De acuerdo con el IDU, esta situación no es nueva, pues la administración de Claudia López entregó 76 proyectos con retrasos, algunos incluso superiores a los cuatro años. De estos, Galán ha logrado entregar 27 terminados en su totalidad.
Actualmente, el contratista está incurso en un proceso sancionatorio del que podría resultar multado con una cifra cercana a los 1.600 millones de pesos.