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Colapsó el sistema judicial en Bucaramanga: jueces negaron 846 habeas corpus que buscaban liberar a la misma cantidad de detenidos

En 36 horas fueron revisados el 100 % de los casos.


Maratónico, así fue el fin de semana para los jueces y magistrados de la capital santandereana, luego de recibir 846 habeas corpus que tenían como propósito conceder la libertad a la misma cantidad de personas que se encuentran detenidas en las estaciones de Policía del área metropolitana de Bucaramanga, acusadas como presuntas responsables de diferentes delitos.

Dichos recursos fueron interpuestos por el abogado Julián Fernando Duarte, sin embargo, lo hizo como un ciudadano del común y no en calidad de abogado. Esto considerando que las personas privadas de la libertad están sufriendo la violación de derechos fundamentales, además de la crisis de hacinamiento que se vive el área metropolitana.

“Ellos pueden ser victimarios en las calles, pero hoy están siendo víctimas del Estado por el mal manejo penitenciario. El Estado no puede ser victimario en ningún caso, no puede haber violencia administrativa porque comete un error y tendrá que reparar a estas personas, por los malos manejos de las administraciones municipales y departamentales, al tener a personas privadas de la libertad, en condición de sindicados, en una condición humana no aceptable y adecuada”, dijo Duarte a SEMANA.

Ante la masiva e inesperada presentación de habeas corpus, el Consejo Superior de la Judicatura de Santander ordenó que todos los magistrados y jueces del Distrito Judicial de Bucaramanga entraran en disponibilidad para responder las solicitudes.

En un trabajo continuo de dos días fueron revisados uno a uno cada caso, y al finalizar se determinó declarar improcedente el proceso, es decir, ninguno de los 846 detenidos podrá, por ahora, quedar en libertad.

El habeas corpus es una de las figuras más importantes del derecho penal moderno, porque protege la libertad de las personas como uno de los derechos fundamentales, pero no es para presentarlo por medio de fotocopias y de forma masiva. En el entendido que las circunstancias de la persona que está privada de la libertad debe probar unos hechos, entonces no es solamente copiar un texto y llevarlo a reparto, porque las condiciones de cada persona son distintas”, explicó el juez Luis José Arévalo, presidente de Asonal Judicial en Santander.

Asimismo, el juez dio a conocer que el ciudadano Julián Duarte, al parecer, no entregó detalles importantes en cada solicitud, como cuál era el juez que había dictado la medida de detención.

“Entonces en ese entendido las situaciones internas del hacinamiento y de la congestión deberán resolverlas las autoridades administrativas, ya sea mediante una acción popular o una acción de grupo o alguna otra circunstancia que obligue a que el Inpec tome medidas para que culmine esa afectación de derechos fundamentales que el abogado resalta, pero eso no tiene nada que ver con la privación de la libertad de manera ilegítima o ilegal”, agregó el juez Arévalo.

Así las cosas, el abogado Duarte aseguró que apelará la decisión de los jueces y magistrados, puesto que los habeas corpus no fueron analizados a profundidad y las personas privadas de la libertad siguen siendo objeto de violación de derecho.

“Estamos invocando el recurso de apelación a estas sentencias judiciales que han emitido los jueces, porque ellos no revisaron el trasfondo de nuestra solicitud, en el habeas corpus hay uno preventivo que es el que estoy invocando en este momento, donde pido proteger de manera anticipada la vida de estas personas”, sostuvo Julián Duarte.

Y agregó: “Todas las personas que estamos cobijados por la Constitución Política Colombiana, nacionales o extranjeros, tenemos el derecho a que el Estado nos proteja y mucho más estas personas, cuando el 99 % de las personas en las cuales establecí un habeas corpus son simplemente sindicadas, su juez natural no ha emitido una sentencia condenatoria, no se sabe si son inocentes o culpables”.

El abogado Julián Duarte coincide con el sentir de cientos de santandereanos que aseguran que los uniformados de la Policía han descuidado sus labores principales, entre estas brindar seguridad en las calles, debido a que se ven obligados a custodiar personas privadas de la libertad durante largos periodos en las estaciones de policía.

“Por qué tenemos a la Policía Nacional cuidando a las personas privadas de la libertad, en lugar de estar cuidándonos a nosotros los ciudadanos que somos libres. Por qué la Policía ya no aprende a más personas que han cometido conductas tipificas en el Código Penal, porque hay muy poco servicio de Policía de patrullaje y vigilancia porque se encuentran cuidando personas personas privadas de la libertad, siendo no esta la función de ellos”.

Por su parte, César Castellanos, secretario jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga, reprochó el proceder de Duarte asegurando que no todas las 846 personas están en un estación, ya que algunas gozan del beneficio de detención domiciliaria.

“El abogado no se tomó la molestia de verificar que los detenidos se encontraran efectivamente en una estación de policía, como alegaba: Pidió también la libertad de personas que estaban en prisión domiciliaria y/o establecimiento carcelario. Autoridades deben investigar cómo tuvo acceso a la base de datos y sancionar el uso irresponsable”.