Comunidad de Landázuri ya había advertido aumento de violencia en la región

La Asociación de Juntas de Acción Comunal junto a la Alianza Comunal del Borrascoso Opón del municipio de Landázuri, Santander, rechazó la trágica situación donde fueron masacrados cuatro personas y posteriormente linchados otras cinco.

La comunidad landazureña se encuentra consternada ante este hecho, gremios aseguran haber advertido sobre las problemáticas que se presenta en el municipio, destacando el fenómeno migrante de personas venezolanas que hacen presencia en esta zona.

Pues cabe mencionar que los cinco agresores que fueron acribillados por la comunidad tras asesinar a cuatro integrantes de una misma familia, eran de nacionalidad venezolana. Motivo por el cual, miembros de Asojuntas de Landáruzi, piden a las autoridades hacer presencia en este municipio para conocer realmente las quejas que presenta la población.

“Las consecuencias del silencio administrativo de las autoridades y entes territoriales del Estado, quienes desde hace mucho tiempo han venido desatendiendo las voces de la comunidad, la cual, a través de la acción comunal había venido advirtiendo sobre la problemática social ocasionada por la expansión de las actividades mineras cuya legalidad se desconoce y que a su vez estaba ocasionando un fenómeno de inmigración descontrolada de personal de otras regiones del país al igual que extranjeros, lo cual puso en riesgo la paz y el tejido social de la región y lamentablemente ha venido ocasionando hechos tan aberrantes como el que aconteció y a su vez ocasionó represalias aumentando el número de muertos situación que se hubiese podido evitar si las instituciones del Estado hubiesen tomado cartas en el asunto en su debido momento”, señala la entidad comunal en un comunicado.

Ante esta situación, solicitan la presencia del presidente Gustavo Petro, junto a los ministros de Defensa, Interior, Educación, así como también a las autoridades locales, departamentales, comisarias de paz y demás defensores de los derechos humanos en este municipio.

“Exigimos de manera categórica y urgente al Estado colombiano que a través de sus instituciones establezca protección a los docentes y sobre todo a los líderes sociales y comunales del municipio, de manera que no nos sigamos convirtiendo en nuevas víctimas del silencio administrativo de los entes y autoridades responsables en salvaguardar la paz y el orden”, puntualiza el documento.

Con este anuncio dejan en firme la solicitud donde piden a las autoridades tomar cartas en el asunto para así evitar nuevos acontecimientos macabros como este reciente hecho que enlutó al departamento de Santander.

Así ocurrió la masacre

El atroz hecho comenzó sobre las 3:00 de la madrugada del domingo 11 de septiembre al interior de una vivienda de la vereda Buenos Aires del corregimiento Plan de Armas. Hecho que se habría presentado en medio de una riña generada por un grupo de cuatro hombres y una mujer, quienes arremetieron con armas blancas contra cinco personas que estaban en la residencia.

En ese momento murió Álvaro Díaz Pineda, quien era el padre de familia y se desempañaba como docente. También fallecieron su esposa y sus dos hijos, un joven de 20 años y una niña de 13 años. Mientras que la quinta persona, identificada como Natalia Calle, la cual trabajaba con el profesor, resultó lesionada en medio de la confrontación, pero alcanzó a salir de la casa para avisarle a los vecinos con el fin de que los auxiliaran de la tragedia.

Según se conoció, justo cuando los agresores emprendían la huida, una turba enfurecida habría logrado retener en ese momento a dos de los cinco involucrados, a quienes sometieron a un linchamiento que los habría dejado sin vida.

“La gente se tomó a la fuerza de la mano propia y pues acabó con la vida de los cinco asesinos que causaron esta tragedia. Hasta el momento hay uno que no lo han encontrado, pero por información de la misma comunidad se dice que está muerto”, aseveró en SEMANA Marlon Ballén, alcalde de Landázuri.

El mandatario detalló que la pieza clave para esclarecer este crimen sería la empleada, quien permanece hasta el momento bajo protección en el hospital de este municipio, lo que se presume es que estos agresores habrían logrado que Díaz les prestará una millonaria suma de dinero.

“Dentro de las hipótesis que se maneja es que el profesor iba a recibir un dinero producto de la venta de algunos viajes de carbón y había como un pleito ahí entre ellos por el negocio de una moto y pues, al parecer, fue un hurto. Los venezolanos eran trabajadores del profesor y sabrían tal vez los movimientos de dinero que él hacía. Algunos hablan de que les habría prestado como $ 20 millones, pero por el momento todo es materia de investigación”, detalló el gobernante local.