La medida aplica de 6:00 a.m., a 8:00 p.m.
Agente de tránsito de Bucaramanga. | Foto: Twitter @transitobucara

NACIÓN

Corrupción: daño fiscal en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga supera los $2.100 millones

Los exdirectores de la entidad deberán responder por estos hallazgos.

12 de mayo de 2023

Luego de que Carlos Enrique Bueno, director de tránsito de Bucaramanga, denunciara presuntos hechos de corrupción en la entidad que dirige, la Contraloría municipal adelantó una auditoría exprés la cual evidenció un preocupante panorama de perversión al interior de esta.

Dirección de Tránsito de Bucaramanga
Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Foto: DTB.

“Encontramos una situación bastante preocupante, sobretodo en la dependencia de ejecuciones fiscales que lleva acabo todo el tema de los procesos de cobros coactivos a comparendos. Se estaría presentando un daño fiscal por $ 2.114.852.012″, señaló Blanco.

Asimismo, la contralora indicó que en la Dirección de Tránsito se omitieron actuaciones dentro del proceso persuasivo y cobro coactivo, situación que constituyen falta disciplinaria establecido por el código disciplinario; la conducta de los funcionarios está relacionada con la acción u omisión al deber funcional y los deberes.

“Lo que encontramos fue que 2.492 expedientes estaban prescritos para la vigencia 2022. Esto quiere decir que no se movieron, hay algunos que sí se decretaron las medidas cautelares, pero ahí quedaron. Encontramos la certificación donde precluyen estos expedientes”, agregó la funcionaria.

Teniendo en cuenta los hallazgos y, según explicó la Contraloría, los presuntos responsables de este daño fiscal serían Andrea Juliana Méndez y Juan Pablo Ruiz, exdirectores de tránsito de Bucaramanga; ellos serán investigados y tendrían que responder disciplinaria y fiscalmente por estos presuntos hechos de corrupción.

En el proceso de chatarrización se han presentado presuntas irregularidades.
En el proceso de chatarrización se han presentado presuntas irregularidades. | Foto: A.P.I.

“Acá hay un hallazgo fiscal y quienes deben responder son los directores de la época y el de la oficina de ejecuciones fiscales de la época. Asimismo, con la pérdida de los expedientes instauré un hallazgo penal para el jefe de la oficina de ejecuciones fiscales. Estas personas entran en un proceso de responsabilidad fiscal, penal y también disciplinario”, puntualizó Blanco.

Las denuncias

Al parecer, un grupo de funcionarios estarían involucrados en la manipulación en el trámite de los comparendos y presuntos malos manejos relacionados con el último proceso de chatarrización, según denunció Carlos Enrique Bueno, jefe de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

“Encontramos tres hechos irregulares de presunta corrupción en la entidad donde estarían involucradas personas que trabajan en las oficinas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Los casos están relacionados con el sistema de chatarrización, comparendos y cobros coactivos. Eso lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional con algunas pruebas que encontramos”, explicó Bueno.

En medio de la investigación se hallaron irregularidades en el proceso de chatarrización o desintegración de más de 1.400 carros y motos inmovilizados por la entidad. Asimismo, una millonaria diferencia entre los comparendos impuestos por la entidad y los registrados en la bases de datos del Simit.

Incumplir la norma acarrea una multa de $500.000.
Se encontró diferencia entre los comparendos impuestos por la entidad y los registrados en la bases de datos del Simit. | Foto: Twitter @transitobucara

Hay una posible diferencia en los comparendos por un valor que supera los $ 6.400 millones, esto da a pensar que se estarían bajando comparendos del sistema, hecho que se viene haciendo desde hace varios años donde estarían involucrados personal de la entidad y personas externas que deben ser investigadas”, aseveró el director de la DTB.

Un tercer hallazgo de presunta corrupción se dio en el manejo del sistema de cobros coactivos, procedimiento especial por medio del cual las entidades públicas pueden hacer efectivo el recaudo de las deudas fiscales a su favor, a través de sus propias dependencias, sin que medie intervención judicial.

Donde se presume una posible omisión o archivo de casos por un valor que supera los $ 2.000 millones. Estos cobros se podrían haber realizado con embargo de bienes o cuentas bancarias. A esto se le suma la pérdida de forma inexplicable de mas de 300 carpetas con los respectivos procesos coactivos”, señaló el director de Tránsito.