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CIDH revisará el caso del exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda
La CIDH le pidió al Estado colombiano protección para el líder social Andrés Valencia. - Foto: CIDH

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Hombres armados interceptaron y amenazaron a reconocido líder social de Cali; CIDH se pronunció

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo la solicitud al Estado.

El actual consejero distrital de Cali y reconocido líder social, Andrés Valencia, fue amenazado por sujetos armados del oriente de la capital del Valle, por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le pidió al Estado colombiano que le asigne un esquema de seguridad, solicitud que fue aceptada.

Según dio a conocer el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las intimidaciones estaban poniendo en riesgo la integridad no solo de Valencia, sino también de su núcleo familiar, ya que fue amenazado de muerte en el barrio Mojica II (comuna 15) de Cali.

En ese sentido, la Comisión Interamericana manifestó que el líder social debe tener todas las garantías para salvaguardar su vida, entre ellas contar con un escolta para su protección.

Cabe recordar que ante la difícil situación que siguen viviendo los líderes sociales del departamento vecino el Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, visitó recientemente esta región de país, donde adelantó un encuentro en “defensa de la vida”.

El mandatario colombiano, en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció medidas especiales de protección para los representantes de derechos humanos y líderes sociales que pueden verse amenazados en su integridad.

El panorama de los líderes sociales no es alentador. De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en lo corrido de este año han sido asesinados 148 líderes sociales, y desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la cifra asciende a 1.375.

Judicializadas dos personas por el homicidio de líderes sociales

Un hombre conocido con los alias de Hunk o La Mole es uno de los capturados por su presunta vinculación con el asesinato del líder social Estiven Loaiza Córdoba, ocurrido en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 17 de febrero.

De acuerdo con el director de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Hernando Toro Parra, afirmó que “la contundencia del material probatorio presentado por fiscales llevó a la judicialización de estas personas”.

Detalles de la investigación permitieron conocer que el día de los hechos, la víctima fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones en la espalda cuando estaba ingresando a su lugar de residencia.

Estiven Loaiza Córdoba fue lleva de inmediato a un centro asistencial, pero al sitio llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas.

Este líder de 36 años, cuando ocurrieron los hechos, se encontraba promoviendo la marcha del 24 de febrero en la que los habitantes de Buenaventura clamarían por el cese de la violencia en ese municipio. Era además reconocido por hacer parte de algunas organizaciones sociales, políticas y empresariales.

En su momento, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de $50 millones de pesos para quien entregara información que permitiera esclarecer este crimen. El anuncio fue realizado por el secretario de Convivencia y Seguridad, Camilo Murcia.

Además, desde la Policía dispusieron de todas sus capacidades y especialidades para adelantar las investigaciones que llevaran a capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Alias Hunk o La Mole fue imputado por los delitos de homicidio agravado; y fabricación o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De otro lado, la Fiscalía General de la Nación también confirmó la captura y judicialización de un presunto integrante de la autodenominada columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, quien sería el responsable del homicidio de Jairo Ortiz Vargas, líder indígena del resguardo Río Negro en el municipio de Íquira, departamento del Huila.

Con relación a este hecho, el director Toro Parra resaltó que “esta persona fue asegurada en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el hecho. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir”.