Investigador de la Fiscalía intentó manipular un proceso de explotación sexual a cambio de una jugosa suma de dinero

Las autoridades descubrieron a un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que exigió una jugosa suma de dinero a un hombre a cambio de manipular un proceso judicial en el que está inmerso para favorecerlo.

El soborno fue pedido por el funcionario en el municipio de Buga, Valle del Cauca. De acuerdo con la propia Fiscalía, solicitó el pago de 20 millones de pesos para desviar una investigación por el delito de explotación sexual con menor de 18 años.

El investigador del CTI, identificado como Óscar Franklin Morillo Realpe, se habría ofrecido a introducir entrevistas falsas, no aportar información y modificar los datos existentes en el caso referido si el investigado accedía a cancelar el dinero.

De hecho, las pesquisas de las autoridades permitieron establecer que el funcionario recibió una parte del dinero y que para desplazarse a cometer las fechorías usaba un vehículo del CTI.

Paradójicamente, tras ser descubierto, el hombre fue capturado por quienes fueron sus compañeros de trabajo en dicha institución.

Por su parte, el fiscal del caso le imputó los delitos de concusión, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, y peculado por uso. En el desarrollo de las respectivas audiencias, el juez lo cobijó medida de aseguramiento en centro carcelario, es decir, enfrentará su proceso tras las rejas.

Más capturas de funcionarios

Consternación causó en Cartago, Valle del Cauca, el presunto abuso sexual de una menor de 14 años por parte de dos trabajadores de la Rama Judicial de ese municipio.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió señalar que quienes habrían cometido los vejámenes son José Lubin Martínez, coordinador de la Oficina de Apoyo Judicial de la Rama Judicial, y Carlos Alberto Palacios, encargado de manejar el centro de copiado de la entidad.

Todo apunta a que estos dos hombres abusaron en repetidas oportunidades de la niña, razón por la cual fueron capturados por agentes de la Policía.

Durante las audiencias les imputaron los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Estos cargos no fueron aceptados por ninguno de los hombres.

Por orden del juez del caso, Martínez tendrá que defenderse privado de la libertad, pues fue enviado a un centro penitenciario, mientras que Palacios recibió el beneficio de casa por cárcel.

La Fiscalía no descarta que haya más personas involucradas en los abusos sexuales cometidos contra la menor y se encuentra investigando la participación de otros presuntos violadores.