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47 colegios oficiales estarán ofertando los cupos.
Es decir, durante los dos semestres de 2022 cerca de 62 alumnos se sintieron vulnerados por sus formadores. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Antioquia sospecha que hay un subregistro que es preocupante. - Foto: Getty Images

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62 profesores son investigados por delitos sexuales en Antioquia

Las quejas se concentran en las subregiones de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

Las autoridades judiciales están analizando 62 denuncias que advierten sobre presuntos abusos sexuales que habrían protagonizado docentes en el departamento de Antioquia.

Varios de los funcionarios se encuentran detenidos en diferentes centros carcelarios, mientras que otros siguen vinculados a las instituciones desde la virtualidad.

Las alertas se han emitido desde 117 municipios, ubicados en siete subregiones del territorio. Las víctimas frecuentes son mujeres menores de edad que están matriculadas en los grados de secundaria, principalmente décimo y once. La conducta delictiva que se presenta con mayor frecuencia dentro de las aulas de clase es el acoso.

Estos antecedentes han tenido lugar en esta vigencia. Es decir, durante los dos semestres de 2022 cerca de 62 alumnos se sintieron vulnerados por sus formadores. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Antioquia sospecha que hay un subregistro que es preocupante. Esta dependencia cree que el número de violaciones es mucho más amplio.

Sin embargo, frente a las estadísticas de períodos anteriores, este año es el que presenta el aumento más significativo en las alertas. El mejoramiento de los canales de atención de los organismos judiciales, las redes sociales y la coyuntura que generan las denuncias por abuso en los medios de comunicación han sido los impulsadores, según la Gobernación.

“Nosotros hemos analizado la situación y creemos que todo el asunto mediático ha ayudado a las víctimas a denunciar. Lo que hacemos es recibir la alerta y, después, la enviamos a la Fiscalía para que los investigadores hagan lo propio”, dijo Andrés Mauricio Montoya, director de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Educación.

Los casos son estremecedores. En el municipio de Liborina, un profesor de matemáticas se abalanzó sobre una menor de edad mientras estaban en un salón. Con base en los detalles suministrados por el ente de acusación, el hombre besó por la fuerza a una estudiante de 14 años, intentó tocarle sus partes íntimas y le susurraba frases de contenido sexual.

Otro maestro que dictaba el curso de ética, valores y ciencias sociales fue enviado a la cárcel, luego de que once menores de edad del municipio de Ciudad Bolívar afirmaran de un supuesto acoso que habría protagonizado en medio de las clases que dictaba y en los pasillos de la institución educativa. Él se declaró inocente ante un juez de la República.

Sobre las 62 denuncias no pesan, en su mayoría, capturas dado que, en muchos casos, mientras avanzan las investigaciones, se toma la decisión de aislarlos de los colegios para no revictimizar a los estudiantes. Así las cosas, son los rectores quienes los reubican en actividades que puedan cumplir desde sus casas, con la aprobación de la Gobernación.

Pero no todos los directivos cumplen al pie de la letra los protocolos establecidos para atender las violencias escolares. La dependencia que regula este servicio en Antioquia puso en evidencia que varios rectores no reportan las denuncias de las estudiantes o lo hacen de manera tardía, cuando el problema se ha multiplicado en la institución.

“Nosotros sí reconocemos que hay un subregistro porque no se denuncia oportunamente. Los rectores son los primeros que deben reportar, pero también tenemos otros canales donde recibimos las quejas que, de inmediato, son analizadas por un comité que tenemos en la Secretaría. Allí se define la ruta a seguir con el profesor”, detalló el funcionario.

Aunque el esfuerzo de la Gobernación de Antioquia está centrado en la prevención de las violencias dentro de las aulas de clase. Por ejemplo, más de 220 especialistas están recorriendo las diferentes subregiones con el propósito de darles a los alumnos elementos para reportar denuncias y frenar todo tipo de actos que vulneren sus derechos.