En las últimas horas, fueron encontradas algunas pertenencias del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia.
Una de ellas es su carné de periodista, con el que se presentaba como director de El Confidente, el medio que fundó desde el colegio, en el que hizo fuertes denuncias sobre supuesta corrupción en la Alcaldía de Yarumal y desde el que se enfrentó a los poderosos de ese municipio antioqueño.
El documento yacía colgado en la rama de un árbol, en inmediaciones de la vereda El Palmichal, en la misma que lo asesinaron el 5 de mayo.
También fue encontrada su humilde moto, una Honda 100 con la que no solo se movilizaba en su labor de periodista, sino en la que hacía domicilios en su pueblo para ganarse la vida, lo que refleja la grave crisis de seguridad y económica que tienen que enfrentar los periodistas en sus regiones.
“Sigue doliendo… Ejército de Colombia recuperó la motocicleta del joven reportero Mateo Pérez Rueda. En las próximas horas será entregada a su familia”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Una fuente de inteligencia militar le contó a SEMANA que la moto fue hallada sin batería y con el sillín desatornillado, posiblemente porque los delincuentes intentaron quitárselo, pero no les fue posible.
La muerte de Mateo Pérez Rueda es atribuida a disidentes de las extintas Farc en Briceño, población a 50 kilómetros de Yarumal, a donde el periodista fue a buscar historias sobre la crisis humanitaria que sufre la población.
Aunque el gobierno departamental señala al frente 36, que tiene amplio control en la zona y sigue órdenes de alias Calarcá, el presidente Gustavo Petro, quien se aferra a mantener conversaciones con este delincuente a pesar del pedido de la Fiscalía para que se le permita echar a andar las órdenes de captura en su contra, asegura que el responsable es alias Víctor Chalá, pero que este no está sentado en su mesa de diálogos.
El crimen, incluso, ha llevado a que desde diferentes sectores se pida al Consejo de Estado que se detenga la resolución del Gobierno Petro que creó zonas de ubicación temporal para otro grupo armado, el Clan del Golfo, en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba.
La solicitud, dirigida al magistrado Carlos Fernando Mantilla, alertó que las recientes situaciones de violencia en esa región del país, incluido el asesinato del periodista Pérez, evidencian un riesgo jurídico, institucional y de seguridad que ha sido advertido desde el año 2022 frente a la entrega de territorios a grupos armados ilegales.