Empresas Públicas de Medellín (EPM) encendió las alarmas tras reportar un incremento crítico en el hurto de cableado y los actos vandálicos contra el sistema de energía. A través de un comunicado oficial, la compañía advirtió que estas acciones criminales sistemáticas amenazan con provocar interrupciones masivas e inesperadas en el servicio.
Las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como el Distrito de Medellín y los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado, en el Valle de Aburrá, son las zonas donde el sistema eléctrico ha sido atacado con mayor frecuencia. Según las investigaciones, el principal motor de estos delitos es la comercialización ilegal de cobre, un material apetecido por su alta conductividad, durabilidad y flexibilidad.
La compañía advirtió que el impacto financiero va mucho más allá de la reposición del cableado. Los ataques obligan a reparar o reemplazar transformadores, luminarias, medidores, acometidas, elementos de protección y tapas de seguridad que resultan destruidos durante los robos.
“Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades”, indicó Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución de Energía de EPM.
La escala del problema es evidente en los balances financieros: mientras que entre 2024 y 2025 EPM destinó poco más de $7.200 millones de pesos a la reparación de redes afectadas por hurto, en lo corrido de este año 2026 la valoración de los daños causados a la red subterránea ya se estima cerca de los $25.000 millones de pesos. A la fecha, más de 763.000 usuarios han sufrido cortes de luz derivados de esta problemática, con una duración promedio de 24,6 horas por evento.
A estos actos se les suman hechos vandálicos mediante el vertimiento de aceites, solventes y pinturas en las cámaras subterráneas, lo que reduce drásticamente la vida útil de los componentes que conforman la red.
EPM alertó que este panorama terminará impactando los costos reconocidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que se traduciría en un aumento real de las tarifas de energía para los usuarios. Finalmente, la empresa recordó que manipular las redes sin autorización representa un riesgo mortal y que los delincuentes se enfrentan a penas de prisión de hasta 21 años, por lo que ya se coordinan acciones con la Fiscalía y la Policía para avanzar en su judicialización.