Judicializan a dos cabecillas del Clan del Golfo responsables de asesinar a un policía y un reincoporado en Antioquia

Ante la contundencia del material probatorio presentado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI), jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos señalados cabecillas del Clan del Golfo, sindicados de varios homicidios en el departamento de Antioquia.

Uno de ellos, Janier David Montiel Peña, también conocido con el alias de Monón, fue procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato de un exintegrante de la Policía Nacional en Chigorodó, ocurrido en octubre de 2021. Alias Monón enfrenta cargos por homicidio agravado y por la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El otro acusado, Nelson Pérez, alias Samir, quien se autodenomina líder político del Clan del Golfo, enfrenta cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y por la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Alias Samir estaría involucrado en el asesinato de Alexander Quejada, un familiar de un reintegrado, en Betulia. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019.

Clan del Golfo estaría detrás del paro minero

Las protestas o el llamado paro minero en el departamento de Antioquia, que ya lleva más de seis días y ha generado una grave afectación al orden público, estaría organizado y pensando por grupos armados ilegales, según el gobernador Aníbal Gaviria.

El mandatario de los antioqueños hizo una grave denuncia y aseguró que el grupo de mineros está siendo instrumentalizado y chantajeado para adelantar las manifestaciones.

Para Gaviria, esto no es más que otra “contaminación de las protestas sociales” e incluso aseguró que el Clan del Golfo, según él, está interviniendo y sometiendo a la comunidad.

“Aquí hay una contaminación de la protesta social por grupos al margen de la ley. He visto que detrás del paro que se quiere mostrar con la fachada de minero está el Clan del Golfo. Y es que la cosa es muy clara: este paro se está produciendo como rechazo a una acción del Estado que se produjo por la quema y destrucción de cinco dragas de tipo brasilero”, dijo Gaviria.

El Gobernador reveló que la población estaría siendo amenazada para hacer parte de las protestas. “A los comerciantes los están amenazando con mensajes a través de WhatsApp, obligándolos a cerrar sus negocios. A aquel que no lo haga, le pueden quemar el local o empiezan a cobrar extorsiones de dos millones de pesos”, aseguró.

Del paro minero, como se ha catalogado, el Gobernador de Antioquia ha dicho que lo que hay es un “paro draguero” y que le ha cambiado el nombre debido a las causas que, según dice, llevaron a las protestas y bloqueos.

“Lo he llamado paro draguero, porque en realidad fue como respuesta a la quema y destrucción de las dragas. Sumemos el intento de destrucción de la Alcaldía de Caucasia y la llegada de jóvenes encapuchados. La Policía Nacional capturó a algunos de ellos, incluyendo menores de edad”, dijo Gaviria.

Clan del Golfo quiere la ‘paz total’

Por medio de un comunicado, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) anunciaron, el pasado 6 de marzo, que están interesados en sumarse al proyecto de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.

“Después de un consenso unificado entre el Estado mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y, por ende, conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones; de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”, aseguraron.

Según dijeron, lo hacen porque están atendiendo el llamado del Gobierno nacional a la ‘paz total’ como una política de Estado y que están dispuestos a sumarse a las negociaciones a “que haya lugar” bajo los estándares de la Constitución Política y tratados internacionales.

“Por lo tanto, están plenamente facultados en todo lo que tenga relación directa y/o indirecta con la ‘paz total’”, afirmaron, haciendo referencia a los abogados. Además, aclararon que ninguno de ellos pertenece ni ha pertenecido a las AGC ni a ningún bloque del Estado mayor.

“La designación se hace de buena fe y con el ánimo de contribuir a la paz de Colombia”, señalaron.