Las autoridades en Antioquia se encuentran en máxima alerta tras la declaratoria de emergencia hospitalaria que supera los recursos locales y pasa a un ámbito nacional. Desde Proantioquia han indicado que este tipo de situaciones vulneran un derecho fundamental.
“La declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín es la manifestación más crítica de una situación que trasciende el ámbito local y refleja una crisis estructural del sistema de salud en Colombia. Lo que hoy enfrenta la ciudad es más que una dificultad operativa o financiera: es una afectación directa al acceso efectivo, oportuno y digno a un derecho fundamental, en estrecha relación con la protección de la vida”, precisó.
Lo que tiene preocupadas a las autoridades son los niveles de ocupación en la red hospitalaria, pues los centros médicos están por encima de su capacidad, limitando su atención en casos de emergencia.
“La red hospitalaria opera con niveles de ocupación que superan ampliamente su capacidad instalada, alcanzando rangos entre el 150 % y el 250 %, lo que compromete la seguridad del paciente y limita la capacidad de respuesta ante emergencias vitales”, agregó.
De igual manera, precisaron que los servicios de alta complejidad se han interrumpido por el no pago a las IPS por parte de las EPS, lo que ha agravado la situación.
Proantioquia respaldó la postura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de declarar la emergencia hospitalaria.
“Esta medida responde a una situación extraordinaria que exige acciones urgentes para proteger la vida de los ciudadanos y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud”, explicó.
Asimismo, indicaron: “Garantizar condiciones básicas para la vida, el bienestar y la confianza institucional es un deber que trasciende las fronteras de la política y las ideologías y pasa por el cumplimiento de las obligaciones de ley que el Gobierno Nacional debe honrar”.
Lo más grave es que, pese a que no hay recursos y formas para atender a los usuarios, exigen dicha atención por medio de acciones judiciales.
“La existencia de órdenes judiciales orientadas a garantizar el saneamiento de cartera y el flujo oportuno de recursos, así como la apertura de incidentes de desacato ante su incumplimiento, reflejan la gravedad del momento y la necesidad de respuestas inmediatas”, señalaron.
“Hoy, más que de cifras, estamos hablando de personas. De los cerca de siete millones de antioqueños que dependen de un sistema de salud que funcione”, finalizaron.