El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció haber sido objeto de una amenaza de muerte luego de que, según su campaña, el abogado Walter Márquez Ariza, vicepresidente distrital del Polo Democrático en Cartagena, publicara en la red social X un mensaje en el que afirmaba: “Le vamos a dar muerte a ese tirano”.
A través de un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria rechazó las declaraciones atribuidas al dirigente político y las calificó como una expresión de intimidación contra el aspirante presidencial.
La campaña aseguró que el mensaje constituye una amenaza directa y cuestionó que quien se presenta como defensor de derechos humanos recurra a expresiones que, a su juicio, promueven la violencia política.
En el documento, la campaña de De la Espriella sostuvo que las publicaciones realizadas por Márquez Ariza reflejan una contradicción entre el discurso de defensa de las libertades y el uso de mensajes que podrían interpretarse como una incitación al odio contra quienes tienen posiciones ideológicas distintas.
Además de la presunta amenaza, el comunicado señala que el dirigente habría publicado otros mensajes en los que cuestionaba a los seguidores del candidato presidencial.
Según la denuncia, Márquez Ariza afirmó que respaldar a De la Espriella equivaldría a apoyar políticas relacionadas con la contrarreforma agraria y el desplazamiento forzado, comentarios que fueron interpretados por la campaña como intentos de estigmatización política.
Desde la campaña del Tigre se aseguró que este episodio ocurre en medio de un ambiente de creciente polarización política y denunció que no se trataría de un hecho aislado. Según el movimiento, durante las últimas semanas se han presentado ataques verbales, señalamientos y expresiones hostiles contra la candidatura de De la Espriella por parte de sectores afines a la izquierda.
“La libre competencia democrática debe desarrollarse en un escenario de respeto y garantías para todos los candidatos”, señaló la campaña, que además hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen las declaraciones y se adopten las medidas necesarias para proteger la integridad de quienes participan en la contienda electoral.