Richard Caicedo, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), y el presidente Abelardo De La Espriella anunciaron el traslado inmediato a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación de un expediente detallado sobre presuntas irregularidades administrativas, contractuales y de manejo presupuestal detectadas en la entidad.
Tras asumir el cargo el pasado 18 de agosto, el directivo ordenó una auditoría sobre los contratos suscritos en el último cuatrienio, evidenciando recortes presupuestales cercanos a los 1.75 billones de pesos, lo que provocó que la colocación de créditos educativos se desplomara de 70.000 en 2024 a tan solo 10.621 en 2025.
El informe gerencial priorizó el análisis del proyecto de Ahorro Educativo Voluntario, regulado bajo el Decreto 375 de 2018, en el que se comprometieron cerca de $ 83.770 millones de pesos en tres contratos principales: el estudio de factibilidad ($ 534 millones), la estructuración jurídica ($ 238 millones) y el desarrollo tecnológico (aproximadamente $ 83.000 millones).
Según el reporte oficial, las conclusiones del estudio técnico entregado en septiembre de 2025 certificaron de forma categórica que el producto no era rentable ni viable financieramente.
Pese a las advertencias de que los ingresos no cubrirían la operación, la administración saliente autorizó pagos parciales y ejecutó más del 50 % del contrato tecnológico (unos $ 48.700 millones) para una plataforma que no cuenta con aval regulatorio de la Superintendencia Financiera ni reglamento aprobado
Crecimiento burocrático y afectación a los beneficiarios
A la par del desfinanciamiento de los fondos de crédito y la eliminación en 2026 de los recursos destinados al subsidio de la tasa de interés —medida que perjudicó a cerca de 200.000 jóvenes—, la revisión sacó a la luz una expansión en los gastos de funcionamiento.
El presidente de Icetex enfatizó que entre 2022 y 2026, el número de contratistas por prestación de servicios se incrementó en un 80 %, con una erogación superior a los $ 70.000 millones de pesos solo en el último año, lo que representa un aumento superior al 140 % en el rubro de contratación de personal.
Frente a este escenario, la administración ratificó la adopción de una política de gasto eficiente y austeridad coordinada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para reorientar los fondos hacia el financiamiento de los estudiantes con mayor vulnerabilidad.