Mientras la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el terremoto sigue siendo una preocupación para miles de damnificados, dos departamentos entraron en el radar de los congresistas Jorge Palacio y Catherine Juvinao por varias particularidades: sus reportes de afectación aparecieron semanas después del sismo, las cifras de ellos y de las entidades no coinciden y ninguna familia ni persona resultaron damnificadas.
Se trata de Santander y Caquetá, dos de los territorios incluidos entre los 16 departamentos cobijados por las medidas de emergencia tras el sismo de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Los documentos recopilados por Palacio muestran cómo ambos departamentos pasaron de no registrar municipios afectados en los primeros reportes a figurar con 20 municipios en Santander y 14 en Caquetá. La evolución de las cifras es uno de los elementos que alimenta las dudas sobre los criterios utilizados para incorporar territorios a la respuesta institucional y el posterior desembolso de recursos.
El Reporte Situacional 036 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, del 19 de agosto, no registraba municipios afectados en los dos departamentos. Cinco días después, el reporte 047 ya incluía 20 municipios de Santander y 14 de Caquetá. Esas cifras se mantuvieron en los reportes 071, del 8 de septiembre, y 091, del 29 de septiembre. En otras palabras, la incorporación de estos territorios quedó reflejada en los consolidados oficiales después de los primeros días de la emergencia. Fueron los últimos en incorporarse al listado cuando ya se había verificado casi todo el país.
La inquietud no se limita a la fecha de aparición. En la sesión de control político al gerente del Fondo Milagro, Juvinao puso cifras concretas sobre la mesa: Santander habría reportado un centro de salud averiado y 18 centros educativos afectados, mientras que Caquetá inscribiría 13 centros de salud averiados y 41 centros educativos. En ambos casos, señaló, los registros mostraban cero personas, cero familias y cero viviendas afectadas.
Los soportes presentados por Palacio también revelan diferencias entre las cifras de infraestructura educativa. Para Santander, el reporte situacional contabiliza 19 centros educativos, frente a 67 sedes afectadas en los datos del Ministerio de Educación. En Caquetá, el reporte registra 39 instituciones, mientras que Educación reporta 51 sedes. La comparación adquiere mayor relevancia frente a la distribución nacional de la emergencia. En su respuesta, la UNGRD indicó que el Reporte Situacional 071, con corte al 8 de septiembre, registraba afectaciones en 498 municipios de 16 departamentos.
La entidad identificó como los territorios con mayor concentración de daños a Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío y Caldas. Según Palacio, estos cinco departamentos concentraron el 92 por ciento de la afectación, mientras que los otros 11 reunieron el 8 por ciento.
La propia UNGRD explicó que la declaratoria nacional de desastre se adoptó con información preliminar disponible el día del terremoto y bajo un criterio de cobertura preventiva, para no excluir territorios cuyos daños todavía estaban en verificación.
También reconoció que la decisión no se basó en informes de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Edan) individualizados por departamento. Esa explicación pone el foco en los controles posteriores: cómo se verificaron los reportes y qué soportes se utilizaron para determinar las necesidades de cada territorio.
Palacio le aseguró a SEMANA que ha solicitado la relación de formularios Edan, en los que deben quedar caracterizados los daños en infraestructura, pero que no ha recibido la documentación detallada que reclama. También afirmó que ofició a las gobernaciones. SEMANA intentó comunicarse con los gobernadores de Santander y Caquetá para conocer sus explicaciones sobre las cifras y la aparición tardía de sus departamentos en los reportes, pero ninguno respondió a los cuestionamientos de la revista.
Catherine Juvinao advirtió que los recursos de la reconstrucción deben priorizarse con criterios verificables y pidió a la UNGRD y al Servicio Geológico Colombiano aclarar cuáles departamentos tuvieron afectaciones y cómo se definirán las transferencias. Su señalamiento apunta a la preocupación de que los territorios con daños todavía por esclarecer terminen en la misma ruta de atención que las regiones que concentran la mayor devastación.
La secuencia de los reportes, las diferencias entre las cifras educativas y la ausencia de registros de personas, familias y viviendas afectadas en Santander y Caquetá constituyen el núcleo documental de los cuestionamientos.