SEMANA: Vicepresidente, ustedes decidieron revisar el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno anterior y terminaron radicando uno por un monto superior, pese a las críticas que había recibido la propuesta inicial. ¿Por qué fue necesario aumentar la cifra y qué factores explican ese ajuste?
José Manuel Restrepo: Los colombianos tienen que conocer la verdad que encontró al llegar el Gobierno de Abelardo De La Espriella en lo que respecta al manejo de los recursos del Estado: la peor herencia económica en la historia de Colombia que cualquier otro gobierno haya recibido de su antecesor. Y eso, en el fondo, significa que encuentra una moneda de dos caras. Por un lado, desorden y, por el otro, información que no era veraz, mentirosa. Encontramos un país sobreendeudado. Las cifras son contundentes. Entre 2022 y 2026, la deuda aumentó en más de 50 por ciento, de 800 billones de pesos a más de 1.200 billones. Encontramos un país que se parece a una familia donde el gasto es muy superior al ingreso de manera recurrente; un país que paga el doble en la tasa de interés sobre la deuda pública porque se volvió un país poco confiable, al que no le creen los mercados internacionales. Un país con derroche y corrupción rampante sobre el presupuesto nacional. Los gastos del Gobierno anterior crecieron comparativamente contra 2022 en más de 40 por ciento. Y encontramos un país que, por ese desorden fiscal, enfrenta hoy inflación creciente y una tasa de cambio que no refleja su realidad. Por eso hemos empezado a trabajar, a rescatar este país, a evitar la bomba de tiempo que dejó el Gobierno anterior, que detonará de no hacer nada en marzo de 2027.
SEMANA: ¿Cuál es el riesgo de esa bomba de tiempo?
J.R.: Si detona, sería crítica. Una crisis fiscal es el peor cáncer que podría tener un país. Estamos trabajando para evitarlo, recuperar la confianza de los mercados, ordenar las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico. Al llegar encontramos un presupuesto maquillado e irresponsable, que omitía gastos en salud, pensiones, nómina estatal, universidades públicas e intereses de la deuda. Además, incluía ingresos irreales, como ya había ocurrido en 2024, cuando el recaudo tributario quedó casi 71 billones de pesos por debajo de lo previsto.
Como era un presupuesto mentiroso, el Congreso lo devolvió cuando el Gobierno de Abelardo De La Espriella llegó al poder. Su responsabilidad consistió en presentar uno nuevo, que reflejara la verdadera situación de las finanzas públicas y permitiera ordenarlas.
SEMANA: Teniendo eso claro, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso? ¿Por qué se enredó el trámite al final? ¿El proyecto estuvo hundido?
J.R.: El presupuesto fue discutido y aprobado por la mayoría de los parlamentarios del país, tanto en Cámara como en Senado. Se dio el primer debate en las comisiones económicas que lo revisaron en detalle. En ese orden de ideas, aquí no se ha hundido absolutamente nada. Sí, hubo un error de procedimiento que se refería a un artículo del proyecto de ley, en donde no coincidía lo aprobado por la Cámara vs. lo aprobado por el Senado, que llevó a que se tuviese que aplicar el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que contempla que cuando eso suceda regirá el presupuesto aprobado en el primer debate por las comisiones económicas. Repito, el presupuesto fue discutido y aprobado por el Congreso de la República en ese primer debate por 634,9 billones de pesos, que incluye lo que se requiere para atender las necesidades del país, así como las atribuciones de traslados que permite la ley. Pero lo más importante es que, a diferencia de lo que sucedió con el presupuesto que había presentado el Gobierno anterior, este sí fue aprobado por el Congreso en ese primer debate; el otro fue rechazado por el Congreso de la República.
SEMANA: ¿Qué diferencias hay entre el presupuesto que esperaban aprobar mediante una ley y el que finalmente expidieron por decreto?
J.R.: El presupuesto que fue aprobado cumple con lo que nosotros habíamos previsto desde el primer momento. Cumple plenamente con el servicio de la deuda. Eso le da credibilidad ante los inversionistas internacionales y las calificadoras de riesgo. También incluye un esfuerzo en materia de austeridad, donde hay que hacer un esfuerzo seguramente adicional. Es un presupuesto que prioriza la educación. Es el primer rubro con casi 93 billones de pesos. También incluye casi 82 billones para la salud. En el primer debate se adicionaron recursos por 2 billones de pesos para las necesidades derivadas del terremoto. También tiene lo que necesita el país para enfrentar los desafíos en seguridad a través de la defensa nacional y la recuperación del territorio. Igualmente, cuenta con los recursos que necesita Colombia hoy para los distintos sectores de la economía.
SEMANA: ¿Cómo planea el Gobierno conseguir los recursos para financiar el presupuesto?
J.R.: Este Presupuesto General de la Nación tiene compromisos importantes. El primero es que debe estar atado a una estrategia de crecimiento económico, pues nosotros recibimos un país con crecimiento malo y de mentiras. Era un crecimiento soportado en exceso de gasto público, en derroche, en sobreendeudamiento, lo cual lo hace insostenible. No hay ninguna nación en el mundo entero que haya sostenido un crecimiento basado en sobreendeudamiento y en derroche de gasto público. Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6 por ciento en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia. Peor aún, es un crecimiento que atacó y destruyó la inversión privada. Este indicador hoy está en el peor dato en 51 años de la historia de Colombia. Eso fue lo que nos dejó la herencia del Gobierno anterior, donde satanizaron al sector productivo, aumentaron los impuestos al pequeño empresario, atacaron directamente a los independientes y espantaron a muchos inversionistas que se fueron del país. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, y ese ha sido el compromiso que me encomendó el presidente Abelardo De La Espriella, es crecer. Ese es el primer paso para financiar el presupuesto. El segundo provendrá del Estado, el cual tiene que poner de su parte, y la ley de rescate es la primera y más importante acción. La idea esencial es bajar el derroche, el exceso de gasto público innecesario, las corbatas que no le están ayudando al futuro del país. De hecho, para el presupuesto de este año, logramos disminuir el gasto público en casi 14 billones de pesos. Eso es muy significativo, es el 0,7 por ciento del PIB. Ese mismo esfuerzo hay que hacerlo en 2027 y lo que queremos es que el grueso del ajuste sea por la vía de cortar el derroche de las finanzas. Y la tercera fuente de ingresos consiste en garantizar que tengamos un ajuste fiscal que le permita al país ordenar sus finanzas públicas.
SEMANA: ¿Ese programa de cero derroche tiene que ver solo con ajustar la nómina estatal o incluye más cosas?
J.R.: El derroche lo han venido detectando cada uno de los ministros: grifos de corrupción en sus entidades, contratos leoninos, burocracia gigantesca, contratación de firmas que realizan una cantidad de actividades que ni siquiera se ven. Esos contratos hay que acabarlos. Necesitamos que esos recursos vayan a donde deberían ir: a las escuelas, a los hospitales, a la cultura, a la vivienda. Se trata de eliminar esos sobrecostos de contratación y las corbatas que ni siquiera cumplen con sus obligaciones. Hay que rescatar a Colombia de la corrupción y del derroche. Y eso significará un esfuerzo cercano a 65 billones de pesos. Otro rescate que debemos hacer es el de los microempresarios y los independientes que están agobiados con la carga tributaria. Hay que buscar un mecanismo para que puedan tener un alivio en ese frente. Y también rescatar a Colombia de ser ese país que se volvió poco atractivo para la inversión extranjera, con incentivos e iniciativas que generen confianza.
SEMANA: ¿Ese recorte incluiría temas como fusiones de ministerios o privatizaciones?
J.R.: Nosotros tenemos que revisar cuáles son los activos improductivos en muchas entidades del Estado, como por ejemplo los que están en la SAE, o los que están en cabeza de algunos ministerios y ni siquiera se utilizan. Hemos encontrado una importante cantidad de activos improductivos en entidades del Estado, que nadie controla ni revisa y que podrían generar recursos que le podrían servir perfectamente al país en este momento. Ahí hay que hacer un esfuerzo. A Ecopetrol la convirtieron en un botín burocrático, de contratación, aprovechando que la empresa ha sido históricamente una fuente de recursos para la nación. Ecopetrol llegó a generarle 53 billones de pesos al año al país y hoy no genera más allá de 9 billones. Entonces estamos recuperando la dinámica de la empresa.
SEMANA: En ese proceso de consecución de recursos, ¿descarta cualquier aumento de impuestos? Muchos analistas dicen que es inevitable.
J.R.: Aquí hay que buscar un mecanismo a través del cual el primer esfuerzo de este ajuste fiscal sea del Estado para ser más eficiente en gasto público y administración de la contratación pública. También hay que buscar unos mecanismos de eficiencia para que logremos crecer la dinámica productiva del país. Hay que buscar también una forma para aliviar la carga de los más vulnerables de Colombia, pero igualmente hay que buscar que los que tienen más ingresos cumplan con una serie de obligaciones que hoy no están cumpliendo.
SEMANA: ¿Eso implicaría subir la carga tributaria para las personas de mayores ingresos?
J.R.: Implicaría que los de más ingresos deberían también ser conscientes de que hay una serie de beneficios que por lo menos serían revisables. Aquí voy a poner un ejemplo: la evasión fiscal. Esta no debe suceder en Colombia; es una expresión de corrupción, hay que luchar contra ella. Además, existe una cantidad de personas con ingresos suficientes que eventualmente tendrían exenciones sin ser merecedoras de ello.
SEMANA: Luego del presupuesto viene un desafío legislativo mayor: la ley de rescate, que contempla recortes al gasto. ¿Qué estrategia tiene el Gobierno para sacar adelante esta iniciativa y cómo espera que la reciba el Congreso?
J.R.: Aquí hay una realidad: heredamos una bomba de tiempo, pero estamos tomando medidas para evitar una crisis. Comenzamos con el ‘Presupuesto de la verdad’, seguimos con la austeridad en 2026 y ahora avanzamos en un programa de rescate con cuatro frentes: aliviar la carga de los más vulnerables, ajustar las finanzas públicas, conseguir recursos para la salud y apoyar a los microempresarios. Eso significa que los que tienen más ingresos deben cumplir con más obligaciones, porque el país tiene que tener progresividad. Creo que esa combinación debe incluirse dentro de esta ley de rescate, la cual va a ser una garantía para que Colombia no termine en ese escenario heredado del Gobierno anterior, en esa herencia de destrucción, de desorden, de falta de construcción de confianza.
SEMANA: En el plan de reactivación económica y de ayuda al empresariado, ¿cuáles sectores económicos les gustaría priorizar?
J.R.: Somos conscientes de que la mayoría de nuestros actores productivos son micro y pequeñas empresas; con ellos hay que hacer un trabajo especial. Debemos acompañarlos, al tiempo que buscamos un mecanismo para atraer inversión a los sectores que generan mayor dinámica productiva. En el Gobierno anterior, por esa lógica tonta de la teoría del decrecimiento, por esa ideologización de la economía, nos llevaron a apagar sectores claves. Se apagó la infraestructura, al poner en entredicho las APP, las concesiones y las vigencias futuras. Se apagó la minería porque se le consideraba enemiga del crecimiento, cuando Colombia es una potencia en minerales estratégicos para el futuro de la humanidad, cuando podría ser protagonista de la transición energética. Se apagó la construcción al poner en entredicho los beneficios que permitían que tuviese un crecimiento. Lleva casi cuatro años en terreno negativo. Se apagó el sector de petróleo y de gas al no firmar nuevos contratos de exploración. Por eso, lo primero es reactivar esos sectores, convirtiéndolos en estratégicos. Pero, simultáneamente, vemos sectores con los cuales crecer: agroindustria, aprovechando, por ejemplo, la altillanura para hacer ese ‘Mato Grosso’ colombiano que va a permitir generar millones de hectáreas en producción. Vamos a motivar los servicios basados en conocimiento. Colombia es una potencia de talento humano que permite los servicios de programación, de software, de diseño, de ingeniería, de arquitectura. Vamos a fortalecer el sector de energías, porque Colombia también es una potencia en energía eólica, solar, en las pequeñas centrales hidroeléctricas. Vamos a fortalecer los sectores de industria, pero con tecnología. Además, estamos convencidos de que Colombia tiene una gran fortaleza en turismo y que esta puede ser una gran plataforma, pero claro, con control territorial y seguridad.
SEMANA: Usted ha advertido sobre una bomba fiscal para marzo de 2027. Con el presupuesto aprobado y la ley de rescate en camino, ¿considera que esa amenaza ha disminuido o sigue latente?
J.R.: Esa bomba se empezó a desactivar desde que llegó el Gobierno de Abelardo De La Espriella al poder. Esa bomba era lo que tenía previsto el Gobierno anterior para entregarle a su sucesor. Eso lo hicieron absolutamente a propósito, destruyeron la macroprudencia histórica que tenía Colombia, acabaron con la regla fiscal, proyectaron un presupuesto maquillado. Incluyeron además un sobreendeudamiento de manera desaforada; elevaron el déficit fiscal primario casi cuatro veces con respecto a 2022. Aumentaron los costos de la deuda pública al doble, generando desconfianza en la inversión; ahuyentaron a los inversionistas, destrozaron el crecimiento de la economía. Estamos trabajando en un programa que, de verdad, nos permita recuperar un ritmo de crecimiento del 6 por ciento y poder generar mayores ingresos. Pero ese esfuerzo tiene que ser justo y, cuando digo justo, me refiero a que quienes más tienen deben contribuir a ese propósito.