Durante este 19 de octubre, en el Congreso de la República se disputó una nueva batalla: el Senado discutió en sesión plenaria, en segundo debate, la totalidad del articulado del Presupuesto General de la Nación para 2027, aforado en $635 billones. Luego de 12 horas de discusión, la votación resultó en la aprobación de todo el documento propuesto por el Gobierno De La Espriella. La discusión, paralelamente, tuvo lugar en la Cámara de Representantes.
Tras la difícil votación, fueron muchas las reacciones que se evidenciaron de parte de distintos sectores políticos frente a propuestas, adhesiones y cambios que se dieron en el documento. Una de las más importantes fue el cambio en el presupuesto para el Ministerio de Salud. Esto dado que se adicionaron $3 billones de pesos financiados con recortes al Ministerio de Hacienda.
La modificación en dicho presupuesto se dio luego de que el Centro Democrático elevara una proposición para que se lograra este incremento, que se suma a otros 2 billones de pesos aprobados en las comisiones económicas.
Entre los hechos políticos más relevantes dentro de la discusiónse dio el retiro de la bancada del Pacto Histórico, luego de que presentara una alternativa con más de 700 proposiciones, exigiendo recursos para la educación pública, el SENA, las víctimas y los departamentos. Pese a ello, el Gobierno no acogió ninguna de esas propuestas.
La bancada de esa colectividad de oposición lanzó varias críticas alrededor de la presencia del ministro del Interior en el recinto. Sin embargo, el representante Julio Cesar Triana se pronunció lanzando una férrea crítica.
“Hoy, el Pacto Histórico pretende cuestionar la presencia del ministro del Interior en el debate del Presupuesto, desconociendo que su participación hace parte de la interlocución institucional entre el Gobierno y el Congreso. Lo que sí deberían recordar es cómo, durante el gobierno anterior, los ministros desfilaban por el Capitolio, pasando puesto por puesto para ofrecer puestos y burocracia a cambio de votos”, añadió.
Otro de los hechos contundentes fue un recorte adicional al ya pactado para la Justicia Especial para la Paz, que ahora tiene 11.000 millones menos, para un total de 181.000 menos de presupuesto.
