Por: José Obdulio Gaviria
El 7 de junio de 2025, cuando una bala le destrozó el cerebro, Miguel Uribe Turbay tenía apenas 39 años. El disparo fue ordenado desde su refugio en Venezuela por Iván Márquez, jefe de las Farc versión Segunda Marquetalia, la facción que mantuvo vivas las armas y los métodos de las antiguas Farc, mientras la anterior cúpula, convertida en bancada parlamentaria, urdió desde el Congreso la llegada al poder de la alianza Petro-Santos.
Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018, fue quien regaló a los cabecillas de las Farc su impunidad absoluta y su elegibilidad —en el sentido de que les regaló curules en el Congreso sin que nadie votara por ellos—, a pesar de su condición de asesinos y secuestradores confesos y no arrepentidos.
Miguel era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y de Rodrigo Uribe Echavarría, líder empresarial y exgobernador de Antioquia, e hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 por el Cartel de Medellín. Su vida estuvo marcada por la tragedia, lo que forjó en él un compromiso inquebrantable con la lucha por la seguridad, contra el narcoterrorismo y la defensa de la democracia.
Abogado de la Universidad de los Andes con maestrías en Políticas Públicas y en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard —donde estudió por consejo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien in pectore lo tenía como su candidato para las elecciones presidenciales de 2026—, Uribe Turbay encarnaba una mixtura ideal entre político de calles y plazas con el impulsor de políticas públicas eficientes y técnicas.
Inició su carrera a los 26 años como concejal de Bogotá por el Partido Liberal en el periodo 2012-2015. Fue presidente de la corporación y ejerció una férrea oposición a la administración distrital de Gustavo Petro. En 2016 asumió como secretario de Gobierno de Bogotá bajo el alcalde Enrique Peñalosa y desde allí gestionó con gran eficacia temas de seguridad y convivencia.
En 2019 fue candidato perdedor a la Alcaldía de Bogotá con la coalición independiente Avancemos, respaldado por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, quien lo invitó en 2022 a encabezar su lista al Senado. Resultó ser el congresista más votado del país y ejerció como el opositor más decidido, agudo y elocuente al presidente Gustavo Petro.
En 2023 lanzó su precandidatura presidencial y estaba buscando la nominación oficial del Centro Democrático. Representaba un uribismo renovado, con énfasis en la libertad económica, la seguridad y una política firme contra la agenda woke.
Uribe Turbay era un líder joven, carismático y ambicioso, con un carácter decidido, combativo y valiente, especialmente en su oposición al gobierno de Petro y al narcoterrorismo. Representante de una ‘derecha tradicional’, combinaba firmeza ideológica con empatía y priorizaba la libertad económica y la seguridad. Inspiraba a los jóvenes uribistas sin descuidar alianzas partidistas calculadas. Su coherencia en redes y debates lo había convertido en delfín natural del uribismo.
Petro, ajeno a las formas democráticas, no lo trataba como su principal opositor, sino como su enemigo personal, y lo sometió a una retórica agresiva, como, por ejemplo, una andanada de mensajes en la red social X, enfocados a agredirlo por su oposición a las reformas socialistas y a la convocatoria de una consulta popular por decreto, por su alineación uribista y su parentesco con el expresidente Turbay, respecto al cual Petro se expresa con un odio cerval, tan antiguo y tan vivo que parece su razón de existir.
Petro le prodigó acusaciones sin prueba alguna e insultos en un lenguaje que provocó denuncias por hostigamiento, calumnia e incitación al odio. Petro y su entorno jamás cruzaron la línea de la amenaza explícita —nunca escribieron “te voy a matar”—, pero su tono incendiario y constante alimentó un ambiente de violencia política que terminó pesando como plomo en el aire el día del atentado.
El abogado Víctor Mosquera, defensor de la familia, lo ha resumido con precisión: esos posts construyeron “un clima hostil y discriminatorio” que, aunque no haya prueba de vínculo causal directo, actuó como el viento que avivó las llamas.
Los ataques no nacieron en 2022 con la llegada simultánea de Uribe Turbay al Senado y de Petro a la Casa de Nariño. Mucho antes, en 2016, cuando Miguel fungía como secretario de Gobierno del alcalde Peñalosa, Petro ya lo había marcado con la primera bala verbal: el 3 de junio escribió en Twitter: “¿Creen que asesinando estudiantes silencian al pueblo?”.
Fue un señalamiento calumnioso, marca de la casa: siempre acusando a los demás de violencia mientras sus palabras eran teas que iban prendiendo la mecha que él mismo juraba no haber encendido.
En 2019, durante la campaña por la Alcaldía de Bogotá, Petro lo acusó de encabezar un “cartel de la contratación” en el Idexud, una entidad distrital dedicada a la educación para el trabajo. Y en 2021, en plena pandemia, volvió a la carga: lo señaló como parte de un grupo político que “se comía el recurso en altos salarios” y devoraba el presupuesto de las vacunas (post del 17 de enero). Siempre la misma táctica: la difamación irresponsable y gratuita.
En la segunda vuelta presidencial de 2022, ya con Uribe Turbay electo senador, Petro lo retrató como la viva encarnación de los “intereses oligárquicos” y “heredero de torturadores”, aludiendo sin pudor al abuelo Julio César Turbay Ayala y al Estatuto de Seguridad: “Los herederos de los torturadores ahora fingen ser demócratas”, escribió.
Y remató, revictimizando sin el menor escrúpulo al hijo de Diana Turbay: “Uribe Turbay defiende a los esclavistas modernos en el Congreso”.
En 2023, Petro lo bautizó “nazi de derecha”: “Los nazis del Congreso, como Uribe Turbay, bloquean la paz”.
Eso escribió en redes, por el simple delito de haber demandado la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Y, fiel a su estilo, volvió a la carga con otra calumnia: “Uribe Turbay encubre corrupción uribista”.
En 2024, Petro soltó esta perla venenosa: “No le gusta a Miguel Uribe Turbay que proteste por esto... tampoco por los 6.402 jóvenes asesinados” (post del 12 de junio).
Una insinuación vil que lo pintaba como defensor de la “violencia estatal”, ese eufemismo con que los comunistas del Pacto Histórico desacreditan la acción policial para contener la barbarie del estallido social, ese caos que Petro mismo azuzó contra el presidente Duque.
Entre mayo y junio de 2025, la escalada de tensiones previas al atentado alcanzó su punto álgido cuando el presidente Gustavo Petro, en un frenesí de 19 mensajes virulentos publicados en X el 5 de junio, desató una tormenta de acusaciones como: “¿Vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a diez mil colombianos a la tortura para frenar al pueblo?” y “Miguel Uribe Turbay, nieto de torturadores, ataca la democracia con calumnias”.
En otros trinos tildó a los uribistas de “enemigos del pueblo” y “asesinos encubiertos”.
La tarde y noche del atentado en Fontibón -7 y 8 de junio de 2025-, Petro irrumpió en una alocución televisada con palabras que sonaban a duelo, pero olían a defensa propia: “Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria”.
Pidió respetar la vida como “línea roja” y rechazó conclusiones apresuradas, pero él mismo las trazó con saña: “La primera hipótesis es investigar a nuestra propia gente... alguien enemigo del gobierno es responsable”.
Aludió sin pudor a fallas en el esquema de seguridad de Uribe Turbay. Y mientras el senador agonizaba en una UCI, Petro arremetió contra quienes lo vinculaban al crimen y los tildó de “oportunistas, bajos, truhanes, ratas de alcantarilla. Rechazo los intentos asquerosos de truhanes y ratas de alcantarilla de usar el dolor de Uribe”.
A pesar de que la vida de Uribe aún pendía de un hilo, cometió un lapsus en su intervención, llamando “asesinato” a pesar de que la víctima aún vivía. En un post posterior, añadió: “Que vivan tranquilas las familias árabes en Colombia”.
Fue una alusión con connotaciones xenófobas al remoto origen libanés de la familia Turbay. La alocución fue calificada de “patética e incoherente” por opositores que criticaban que siempre estuviese a la defensiva política en lugar de preocuparse por la recuperación del senador y la persecución de los criminales.
Vaya esta digresión: llamar “árabe” a Uribe Turbay es una necedad. Si evocamos la comedia Ocho apellidos vascos y desplegamos el linaje completo de Miguel —Uribe Turbay Londoño Ayala Echavarría Quintero Cediel Mejía—, apenas se oye, lejano y diluido, el eco de Beirut en un solo bisabuelo libanés, Amín Turbay, que llegó a Colombia en 1890 y se casó con Rosaura Ayala, una cundinamarquesa de pura cepa fusagasugueña.
La misma torpeza sería tildar de alemán a Donald Trump porque su bisabuelo Friedrich desembarcó en Nueva York en 1885, o llamar danés al presidente López Michelsen porque su bisabuelo Karl Michelsen Koppel pisó suelo colombiano en 1882. En los tres casos, la sangre europea o levantina es tan antigua y tan mezclada que reducirlos a un origen remoto no es más que un chiste racista.
Durante la agonía de Uribe Turbay, Petro jamás honró el duelo de la familia ni de sus correligionarios y prefirió una comunicación agresiva que exaltaba su defensa propia y su ego insaciable. El 25 de junio, por ejemplo, soltó en X: “He decidido poner denuncia por calumnia a quien me calumnia”.
Lo dijo insinuando conspiraciones opositoras mientras el senador se debatía entre la vida y la muerte. Paranoico e insensible, el presidente arremetió contra otros con el mismo veneno que destilaba. En agosto de 2025, le espetó al expresidente Álvaro Uribe: “¡Deje de sembrar odio!”.
Culpando a la oposición por el torbellino polarizador que él mismo había desatado.
Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025. Petro no fue a las exequias por decisión de la familia, que consideró sus continuos insultos a Miguel y al presidente Turbay. Pero sus posts posteriores rezumaban la misma bilis. En octubre de 2025, ante el Parlamento Europeo, declaró: “No es por el discurso de Petro que mataron al senador; lo mató la mafia en Europa”.
La investigación judicial
Según la fiscal general Luz Adriana Camargo, las Farc —Segunda Marquetalia— y su jefe, Iván Márquez, habrían dado la orden fatal. El motivo, la condición de candidato uribista y descendiente del presidente Turbay.
Apoyadas por expertos de Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes, las pesquisas cosecharon nueve capturas hasta diciembre de 2025. La hipótesis central fue de “outsourcing criminal”: un enjambre delincuencial en Bogotá ejecutando mandatos financiados y trazados desde las selvas del Caquetá y las oficinas de Caracas. La columna Teófilo Forero —el antiguo núcleo élite de las Farc— fungió como cerebro coordinador, un fantasma del pasado que aún dicta sentencias de muerte.
Los ejecutores materiales fueron un menor de 15 años —el sicario principal, reclutado de las sombras del programa Jóvenes en Paz del gobierno—; alias “el Costeño”, el cerebro logístico con nexos directos a “el Zarco”, un mando de la Segunda Marquetalia, quien reclutó al adolescente, verificó el sitio del magnicidio el 6 de junio y trazó planes para borrar testigos; alias “el Hermano”, el tejedor de reuniones, rutas y celulares desechables; y Carlos Mora, el conductor de un Chevrolet gris que serpenteaba en todos los videos, como un tejedor.
El nexo vivo entre los sicarios y las Farc fue alias “el Viejo”, capturado en Puerto Lleras, Meta. Confesó sin rodeos que había vigilado a Uribe Turbay desde marzo de 2025, que coordinó toda la logística, que entregó personalmente la pistola Glock 9 milímetros modificada la víspera del atentado y que, una vez consumado el crimen, facilitó la huida de los implicados: dinero, celular y contacto seguro en Caquetá para “Gabriela”, la mensajera que llevó el arma a las manos del asesino.
‘Gabriela’, la prueba reina
Alias “Gabriela”, de 19 años, capturada en Florencia, Caquetá, tras una huida febril y un cambio de rostro para escabullirse, es el eslabón perdido entre dos atentados orquestados por las Farc-Segunda Marquetalia.
Ingenuamente confesó que, así como transportó y entregó el arma homicida al sicario el 7 de junio, también había llevado el 3 de junio una bomba lapa de 15 kilos de pentonita para liquidar a Gabriel Ángel, dirigente de las Farc-Comunes en el barrio Teusaquillo de Bogotá, pero la explosión falló por la oportuna intervención policial. No era difícil deducir que Iván Márquez, asesino serial, tenía una organización sicarial a su servicio, a la que encomendó un asesinato el tres de junio y otro el siete.
Su testimonio —desvelado por SEMANA y El Tiempo— se erige como la “prueba reina” contra Márquez. Luego del crimen, “Gabriela” fue despachada por “el Viejo” a Caquetá para un bautismo guerrillero: entrenamiento como francotiradora o manejo de drones letales. La muchacha relató la arquitectura del magnicidio y su rol como «entregadora de muerte» en ambos crímenes, uniendo los hilos de ambos atentados.
No hay pruebas directas contra el gobierno de Gustavo Petro sobre que haya instigado el crimen, pero su retórica previa —un arsenal de veneno digital— genera sospechas razonables sobre un entronque profundo entre las disidencias de las Farc, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, generales reintegrados al servicio activo por Petro a pesar de presuntos nexos con las Farc y altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, señalados en correos incautados por filtrar operaciones militares a las disidencias. Un entramado que, como reveló una investigación de Noticias Caracol en noviembre de 2025, permitía a los guerrilleros evadir capturas y moverse con impunidad, tejiendo la sombra de una horrorosa complicidad.
El politólogo y columnista Alfredo Rangel hizo este resumen: Márquez dio la orden desde Caquetá o Caracas por discrepancias políticas -oposición de Uribe a la paz total-; outsourcing recluta a “Gabriela” -quien entregó la pistola para matar a Uribe y la bomba para matar a Ángel-. El atentado a Ángel falla el 3 de junio y el magnicidio de Uribe es ejecutado el 7 de junio.
Miguel Uribe Turbay no tuvo la suerte de Gabriel Ángel, la otra víctima en el menú de asesinatos ordenados por las Farc para esa semana. Su agonía duró 65 días en la Fundación Santa Fe: cinco neurocirugías, dos en la pierna izquierda, coma inducido, sedación profunda, ventilación mecánica asistida, edema cerebral persistente, hemorragias intracraneales, infecciones nosocomiales y complicaciones neurológicas irreversibles porque el proyectil alojado en el cráneo no era extraíble. Familia y aliados reportaron momentos de esperanza, pero eran solo eso: esperanza.
El designio de Iván Márquez y de los que él representa políticamente se cumplió. Uribe murió el 11 de agosto de 2025 a las 1:56 y con ello evocó magnicidios emblemáticos como el de su madre, Diana, en 1991, por el cartel de Medellín; Jorge Eliécer Gaitán, 1948; Luis Carlos Galán, 1989; y Álvaro Gómez Hurtado, 1995.
Las expresiones de dolor fueron masivas: marchas multitudinarias en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla —con una gran Marcha del Silencio del 15 de junio de 2025 a la que asistieron más de 70.000 participantes en Bogotá—.
Las exequias se oficiaron en el Capitolio Nacional y la Catedral Primada como solemnes ceremonias de Estado, con el liderazgo político del país que rindió un homenaje silencioso. Hubo condenas internacionales: desde la Casa Blanca, el Vaticano, Argentina, Perú, la Unión Europea. Cadenas como BBC, Fox News y CNN se hicieron eco del luto, convirtiendo el dolor en un pulso mundial. La oposición, por un instante, se fundió en un clamor unificado por la justicia.
Caos electoral: la némesis de Petro
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay irrumpió como un trueno en el cielo electoral y alteró drásticamente el panorama hacia las presidenciales del 31 de mayo de 2026: fragmentó la centroderecha en astillas, diluyó el voto anti-Petro en un mar de dudas y polarizó el espectro ideológico hacia polos abrasadores, donde el centro se convirtió en vacío que se evaporaba como niebla.
Previo al atentado, Miguel Uribe Turbay ya encabezaba encuestas como la de Guarumo-Ecoanalítica con un 13,7 % de intención de voto, superando a Vicky Dávila, 11,5 %, y Gustavo Bolívar, 10,5 %, y erigiéndose como el imán unificador del uribismo.
El asesinato de Uribe Turbay abrió grietas a polos opuestos como Iván Cepeda —la facción comunista del Pacto Histórico, heredero del petrismo y su veneno— o tendencias populistas ultraderechistas que Uribe Turbay neutralizaba con maestría. De un triunfo casi seguro de un líder moderno y moderado, Colombia saltó a un caos bipolar, donde el vacío de Miguel ilumina el abismo de lo incierto.
En la mitología griega, la Némesis no es un simple adversario: es la encarnación del destino retributivo, un opuesto irreconciliable que surge para equilibrar los excesos del poder con la humillación inevitable del poderoso.
En el caso de Gustavo Petro —un ser que representa la maldad, la ausencia de principios y valores—, su némesis política no era un rival efímero, sino el joven senador Miguel Uribe Turbay, quien encarnaba todo lo que Petro odia: la continuación renovada del programa de Álvaro Uribe, el expresidente que gobernó con mano firme y mantuvo una popularidad por encima del 72 % durante sus ocho años de mandato, mientras todos los demás presidentes, incluido Petro, han arrastrado una opinión negativa mayoritaria.
En 2011, History Channel consagró a Uribe como El Gran Colombiano de la historia con más del 30 % de los votos. Parodiando al poeta José Domingo Choquehuanca, la gloria de Uribe crece como la sombra cuando el sol declina; una gloria que se proyectaba sobre cada debate nacional y que Miguel Uribe Turbay amenazaba con perpetuar en las urnas de 2026 en una versión fresca, técnica y unificadora.
Miguel no era solo un opositor. Era el espejo invertido de Petro, un comunista sin escrúpulos que emergió del M-19 para prometer “paz total” y reformas ruinosas, mientras Miguel representaba la seguridad democrática, el antiterrorismo y el orden que Petro juraba desmantelar.
También, para Miguel Uribe Turbay, Petro era la némesis encarnada: el “castrochavista” que, desde su pasado en el M-19, evolucionó a presidente que negocia con terroristas y socava la seguridad ganada con la Seguridad Democrática. Miguel lo caracterizó como “enemigo de la democracia”, acusándolo de ejercer la lawfare contra opositores y de aliarse con el narcotráfico vía la “paz total”. Lo llamó “el peor presidente de la historia” y recordó que había excedido los topes de financiación, un escándalo que le sirvió para reafirmar la narrativa de la “corrupción petrista”.
Esta dinámica era simbiótica: Petro subía en encuestas gracias a sus choques con Miguel, quien a sus 39 años ya era el «principal fenómeno político de la nueva generación», como lo definió el diario El País, de España.
En última instancia, la némesis de Petro no era un hombre, sino un sistema: el uribismo como baluarte del orden que él busca derribar, con Miguel Uribe Turbay como su continuador renovado, encarnando todas las virtudes de Álvaro Uribe —firmeza, carisma, compromiso con la seguridad y la democracia— en una versión fresca y unificadora.
Como en la mitología, esta rivalidad prometía retribución: para Miguel, la caída de Petro en escándalos como el de la UNGRD en 2025, o la “minireelección” vía consulta popular; para Petro, la absolución de Álvaro Uribe en 2025 como “prueba de impunidad oligárquica”.
En un país donde la política es teatro de venganzas, Petro y Miguel no eran solo opositores. Eran destinos entretejidos. En ese escenario, Miguel Uribe Turbay era la garantía de que el uribismo sería el sobreviviente al juicio final de las urnas en 2026.