Human Rights Watch (HRW) documenta que la violencia contra civiles en Colombia durante 2025 alcanzó niveles no vistos en años recientes. Confinamientos masivos, desplazamientos, reclutamiento de menores y ataques con explosivos evidencian limitaciones de la política de paz total implementada por el gobierno de Gustavo Petro.
El año pasado, varias regiones de Colombia enfrentaron episodios de violencia que, según HRW, configuraron “una de las peores situaciones humanitarias de la última década”.
La organización advirtió que la estrategia de paz total implementada por el Gobierno logró resultados limitados para proteger a la población civil y garantizar acceso a la justicia.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que entre enero y agosto de ese año, más de 137.000 personas permanecieron confinadas en sus comunidades debido a amenazas, combates y presencia de grupos armados ilegales. Este fenómeno, que impidió a las personas desplazarse o acceder a servicios básicos, evidenció la gravedad de la protección en territorios afectados por la guerra.
El Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, fue uno de los epicentros de la violencia. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 65.000 personas abandonaron sus hogares durante enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
El uso de explosivos y ataques con drones también aumentó. Entre enero y agosto de 2025, OCHA registró al menos 544 civiles afectados por explosivos, un incremento del 145 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Otro indicador crítico fue el reclutamiento de menores. La Defensoría del Pueblo reportó 625 casos documentados en 2024, lo que representó un aumento del 81 % frente al año anterior. Esta tendencia continuó en 2025, aunque las cifras precisas podrían ser mayores debido al subregistro en zonas de difícil acceso.
Human Rights Watch señaló que la expansión de grupos armados ilegales y la fragmentación de estas organizaciones alimentadas por economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, contribuyeron al deterioro de la seguridad. Entre los grupos más activos se encuentran el ELN, el Clan del Golfo y varias disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
La presencia de estos grupos en amplias zonas del país impidió el establecimiento de un control efectivo del Estado y aumentó la vulnerabilidad de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
