SEMANA: ¿Por qué se ha dicho que este Congreso que se eligió el domingo es el más importante en muchos años, porque tendrá en sus manos la constituyente?
Humberto Sierra Porto (H. S. P.): La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente tiene una justificación clara derivada de la evolución de la jurisprudencia constitucional y otras justificaciones por parte de los sectores que la promueven que me parecen erróneas y preocupantes. Quisiera responderle con algo de contexto. Lo primero que hay que aclarar es que, esencialmente, la Constitución de 1991 tiene una característica, y es que la estabilidad de la sociedad colombiana se ha logrado permitiendo cierto grado de flexibilidad en las reformas constitucionales. En la Constitución de 1886 hubo más de 80 reformas y en esta, la de 1991, ya van cerca de 60 y apenas lleva 35 años. Eso habla de que esta es una Constitución que ha superado esa época histórica en la cual cada partido, una vez que ganaba la guerra civil, tenía como botín de guerra imponer una Constitución. Así fue como, en el pasado, hubo constituciones liberales y constituciones conservadoras.
SEMANA: ¿Y hoy en qué estamos?
H. S. P.: Estamos en que la flexibilidad constitucional que ha permitido la gobernabilidad en nuestro país, por lo menos en el último siglo, está bloqueada por la jurisprudencia constitucional. La Corte Constitucional tiene hoy una tesis que tiene una gran importancia, que es la de la sustitución de la Constitución. Esa tesis sostiene que las cosas importantes, esenciales dentro del Estado, no pueden ser objeto de reformas por el Congreso. La Corte Constitucional está diciendo que las grandes reformas que requiera el Congreso, o nuestro sistema electoral y el sistema de partidos y, —en general, el sistema político—, o las que necesita la justicia, solo pueden hacerse mediante la convocatoria y decisión de una Asamblea Nacional Constituyente.
Entonces, utilizar la Constituyente es y será una constante política en nuestra vida institucional y en el día a día de la coyuntura política mientras la Corte impida al Congreso hacer reformas importantes, con el argumento de la sustitución. El tema es que la propuesta de la Asamblea Constituyente es una propuesta que es lógica para responder a la rigidez que ha generado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La proclividad a utilizar la Asamblea Nacional Constituyente podría evitarse con unos ajustes en la manera de comprender el juicio de sustitución por la Corte. Bastaría un replanteamiento de la jurisprudencia para reducir la necesidad de buscar salidas radicales como la de la constituyente.
SEMANA: Pero puntualmente el presidente Petro ha hecho suya, para esta contienda electoral, la constituyente y ha dicho que va a acompañar al comité que va a recoger los tres millones de firmas que tienen como meta.
H. S. P.: Sí, el presidente ha hecho suya esa bandera, pero el problema constitucional de fondo es el que le acabo de comentar, la necesidad de flexibilizar la reforma por el Congreso. Los argumentos que él o los miembros del comité promotor han esgrimido para llamar a esa constituyente nos permiten comprender a dónde nos conduciría esta propuesta. El primer mandatario ha utilizado el argumento de que la constituyente es necesaria para evitar el bloqueo institucional que el establecimiento le ha impuesto a su Gobierno: “No me dejan gobernar”.
La tesis de que hay un bloqueo institucional, esencialmente, ha servido para justificar la imposibilidad de cumplir con sus promesas y es coherente con su lógica de “gobierno antisistema” o de “presidente antisistema”. Los presidentes antisistema son los presidentes que solo pueden gobernar el día en que pueden modificar las reglas de juego y les molesta el control. El problema de fondo es la tesis del bloqueo como fundamento de la convocatoria a una constituyente. En ese orden de ideas, la pregunta, o mejor, las respuestas, que nos generan preocupaciones son: ¿para qué quiere una Asamblea Constituyente?
SEMANA: ¿Y para qué la quiere?
H. S. P.: Si el presidente dice que el Congreso lo bloquea, entonces la propuesta de una Asamblea Constituyente sería para que pueda gobernar por decreto, sin necesidad de ley en muchos supuestos que hoy se requieren. Gobernar sin el Congreso sería la reforma que tendría que hacer para tener gobernabilidad.
Segundo, el presidente dice: “No me deja gobernar la Corte Constitucional con sus sentencias”. ¿Entonces habría que modificar la manera como se eligen los magistrados de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado? ¿Las funciones de las altas cortes? ¿Limitar el control de constitucionalidad o la manera en que se deciden las acciones de tutela? ¿Habría que modificar la composición actual de los magistrados de la Corte Constitucional?
Si a todo lo anterior le sumamos las expresiones de sectores que están con la iniciativa en el sentido de que hay que evitar que se utilice el lawfare contra los gobiernos progresistas, a la lista de modificaciones que realizaría la ANC deberemos incluir a la Sala Plena de la Corte Suprema. La propuesta de modificar las Cortes para que exista gobernabilidad nos lleva inevitablemente a considerar lo que pasó en México. Allí, la solución que ha inventado el presidente populista (AMLO) fue la elección popular de jueces y magistrados. ¿Eso es lo que se quiere? Pienso que no, pero no debemos descuidarnos.
Por otra parte, en la justificación de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente se afirma: “No me dejan gobernar los tecnócratas del Banco de la República”. ¿Entonces eso significa que debemos cambiar la estructura y la autonomía del Banco de la República?
SEMANA: Esos temas que usted plantea están en el proyecto que justifica la constituyente.
H. S. P.: Según la manera como se está justificando la propuesta, podemos avizorar cuáles serían las temáticas que abordaría la asamblea constituyente. Si el gobierno y los sectores que están de acuerdo con esa propuesta quieren una asamblea constituyente para lograr una gobernabilidad, el problema central está en la deriva autoritaria que subyace en los propósitos que busca.
La Asamblea Nacional Constituyente parecería ser un proyecto para hacer una Constitución más presidencialista, con menos protagonismo del Parlamento, una Constitución con la reducción de las funciones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y, en todo caso, la limitación de estas altas cortes y, además, con peligro de aminorar o de dificultar las relaciones con el Banco de la República.
SEMANA: Volvamos al Congreso que se eligió este domingo. ¿Qué tiene que ver con la constituyente?
H. S. P.: Es claro que existe o existiría una relación entre la integración del Congreso y la viabilidad de una Asamblea Constituyente. Según las mayorías que se establezcan en este proceso electoral, podremos saber si la propuesta tiene viabilidad a corto plazo o no. También podríamos avizorar si una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente nos podría conducir a una situación de parálisis, a una encrucijada por ausencia de mayorías suficientes para decidir una convocatoria o decisiones populares refrendatorias. Las barbas las debemos remojar viendo el caso chileno. Allí quedó claro el riesgo de una mayoría precaria, una mayoría insuficiente, una mayoría ligeramente mayor para el proyecto del presidente; el riesgo de parálisis e inamovilidad en políticas de Estado es una consecuencia no deseada. Una asamblea constituyente es absolutamente inconveniente en un contexto de polarización y enfrentamiento.
SEMANA: ¿Y, según los resultados, es viable o no?
H. S. P.: Creo que una constituyente en los términos deseados o queridos por el Gobierno no es viable en este momento. Las mayorías en el Congreso no acompañan al presidente en la proporción requerida (el Pacto Histórico es la primera fuerza, pero solo con el 22,73 %). Sin embargo, que no sea viable a corto plazo este proyecto no significa que todos los colombianos dejemos de pensar en la necesidad de hacer grandes reformas institucionales y para esto hay que enfrentar el gran dolor de cabeza que conlleva la actual intrascendencia del Congreso en la decisión de los temas importantes del país.
SEMANA: ¿Por qué lo dice?
H. S. P.: El Congreso se ha elegido en un proceso muy débil en materia de propuestas importantes para nuestra sociedad. La polarización, el debate electoral espectáculo, las redes, el candidato camello, el Pechy Player, el candidato mocho que está en el ocho y numerosas campañas de dudosa calidad democrática, pero innegable éxito de marketing, nos deben conducir a reflexiones de fondo. ¿Qué legitimidad tiene el Congreso colombiano? Genera respeto o confianza a los colombianos. ¿Este es el congreso que nos va a sacar del “atolladero”? ¿Que no sea mayoría el Pacto Histórico resuelve los problemas de credibilidad política del Congreso? No lo creo. Es necesario que el Congreso, la academia y el próximo gobierno piensen en lo esencial, en los grandes retos de nuestra institucionalidad.
SEMANA: ¿A cuáles retos se refiere?
H. S. P.: La extensión de esta entrevista me impide extenderme en esta temática, en cuáles son los debates de futuro luego de la elección parlamentaria, pero a título de ejemplo señalemos algunos: la mengua de la capacidad normativa del Congreso; existe una tendencia a entregar la elaboración de normas generales al presidente de la República y a las altas cortes; la inseguridad jurídica en materia de propiedad rural; el manejo ambiguo del concepto de baldíos, los vacíos para el desarrollo de la agroindustria, el outsourcing de los gremios en el manejo del campo, la consulta previa por motivos medioambientales; la cada vez mas urgente reforma político-electoral, que nos evite el ineficiente sistema de controles judiciales ex post, que nos llevará a que durante los próximos meses y años se declaren las nulidades de congresistas con una inestabilidad institucional manifiesta cuando se trata de elección de alcaldes y gobernadores.
A esto le debemos incluir los temas no resueltos en materia de salud, educación, seguridad social y manejo de las Fuerzas Armadas. La gran tarea de nuestra institucionalidad es fortalecer al Congreso para que sea una institución fuerte y capaz de hacer contrapeso efectivo al Ejecutivo.
El hecho de que no haya un cuerpo de asesores efectivo, porque las UTL no lo son, o que los cargos directivos sean precarios en sus periodos, habla de un diseño hiperpresidencialista en desmedro del resto de poderes. La política es demasiado importante como para dejársela únicamente a los políticos y, en ese orden de ideas, luego de las elecciones, los medios de comunicación, la academia, los gremios, el sector privado y los líderes sociales deben propiciar un diálogo que convoque; la apatía solo generará más indolencia y deriva democrática.
SEMANA: Hay quienes aseguran que, de salir adelante la constituyente, estamos en un escenario de borrón y cuenta nueva, en donde se puede instaurar la reelección, derogar el Congreso, cambiar el modelo económico. ¿Usted ve este panorama así de dantesco?
H. S. P.: De salir adelante una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, es muy difícil limitar este mecanismo de reforma a unos puntos concretos. La posibilidad de abrir la caja de Pandora es lo más probable. La experiencia de la Constituyente de 1991, que empezó acotada y terminó sin límites, es esclarecedora. La necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente seguirá siendo la bandera de los sectores políticos gubernamentales, en tanto les permitirá justificar por qué no pudieron hacer todas las reformas que prometieron.
Creo que los sectores que apoyan el proyecto del presidente no necesitan cuestionar el consenso constitucional, del cual ellos fueron y son protagonistas. Es normal que un primer gobierno de izquierda deba desarrollar un proceso de aprendizaje, de preparación de cuadros y que además deba ampliar sectores de apoyo, de manera que pueda ser defensor de propuestas o políticas de Estado y no solo políticas de gobierno. El presidente lideró y enseñó a la izquierda que es posible ganar elecciones; ahora corresponde prepararse a estos sectores para perfeccionar su capacidad de gobierno, de concreción de políticas públicas que sean de consenso, no solo de confrontación.
El escenario menos deseable es que la izquierda colombiana pretenda construir una dinámica “peronista” en Colombia. Movilización popular para gobernar y para impedir gobernar, para hacer oposición destructiva. Tampoco es deseable, y los colombianos todos debemos evitar, que un sector político, de izquierda o de derecha, se apropie de las necesidades de cambio o transformación institucional. No podemos permitir que las aspiraciones de cambio y de transformación institucional sean banderas propias de un partido o corriente política. La polarización política actual no debe conducirnos a la desvalorización del concepto de Constitución como marco de consenso, de inclusión.