En Risaralda hay tres municipios que estarían en un grave riesgo de orden público. Así lo alertó de forma temprana la Defensoría del Pueblo para el caso de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico.
Según informaron desde la entidad, esto se debe a la presencia y expansión de grupos armados criminales, específicamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
En el caso del ELN, el frente Manuel Hernández El Boche tiene presencia en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, donde estaría afectando a la población. Por su parte, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la subestructura Edwin Román Velásquez Valle estaría en los tres municipios.
El propósito de estos grupos armados ilegales sería controlar el territorio para tener el control de corredores estratégicos para desarrollar sus negocios ilegales en el departamento de Risaralda hacia Chocó, Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca, por donde manejan economías ilícitas.
La alerta se emite porque se podría recrudecer la violencia a corto plazo, por lo que se verían afectados menores de edad, líderes sociales, comunidades étnicas, campesinos y hasta firmantes de paz.
El riesgo incluye a 54 veredas, un resguardo indígena del pueblo embera chami y 31 barrios del casco urbano de Belén de Umbría. Igualmente, en 59 veredas, dos resguardos de esa comunidad y cinco barrios de la zona urbana de Mistrató. Asimismo, 81 veredas, dos resguardos embera chami y embera katío, y tres consejos comunitarios de Pueblo Rico.
Una de las problemáticas que se registra con la presencia de los grupos armados ilegales es que imponen normas de conducta, amenazan a la población y generan desplazamientos forzados.
La Defensoría pone de precedente que en los lugares en los que han hecho presencia estos grupos han incrementado los homicidios con armas de fuego. Por ejemplo, en 2023 se registraron 15 homicidios en los tres municipios risaraldenses; en 2024, 14; y en 2025, 39.
“Esto quiere decir que en 2025 el número de casos por este delito aumentó 34,48 % en comparación con la suma de los asesinatos registrados entre 2023 y 2024″, dijeron desde la Defensoría.
La Defensoría le pidió a las autoridades estatales tener en cuenta esta alerta para tomar medidas urgentes, tanto a nivel nacional como departamental, y que se tengan en cuenta las 30 recomendaciones que fueron planteadas en la alerta temprana para que las comunidades no se vean afectadas y se garantice la seguridad de sus habitantes.
