El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, junto con el abogado Germán Calderón España, radicaron dos acciones judiciales con las que buscan frenar decisiones del Gobierno Petro tomadas en medio de la discusión fiscal para 2026.
Los DEFENSORES DE LA PATRIA ya tenemos la demanda contra esa declaratoria que solo busca $$$ para la campaña de Iván Cepeda. Con @ABDELAESPRIELLA vamos a luchar para impedir esa Emergencia Económica que no cuenta con fundamentos fácticos y valorativos para sustentarla. pic.twitter.com/owM2i8Wvyh
— GermanCalderonE (@GermanCalderonE) December 19, 2025
De la Espriella presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica, y una acción popular por la negociación de títulos de deuda pública (TES).
En el primer frente, los demandantes acudieron a la Corte Constitucional para controvertir un posible “decreto legislativo” que, según exponen, fue anunciado el 19 de diciembre de 2025 y que, al momento de presentar el escrito, no tendría número ni publicación en el Diario Oficial.
Además de solicitar que se declare inexequible, pidieron una suspensión provisional de sus efectos mientras avanza la revisión.
El argumento central es que la declaratoria no cumpliría los requisitos materiales exigidos para estados de excepción: que la emergencia responda a hechos “sobrevinientes y extraordinarios”.
En su tesis, la razón de fondo sería el hueco dejado por la no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso, un escenario que, afirman, tiene vías ordinarias de trámite, como volver a radicar el proyecto en el siguiente periodo legislativo, desde el 20 de marzo de 2026.
La segunda movida jurídica fue presentada ante el Consejo de Estado y se trata de una acción popular para proteger los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa.
Eso, debido a la venta “sin subasta pública” de TES por 23 billones de pesos a “un solo inversionista extranjero desconocido”. Operación que piden suspender de manera cautelar y, de fondo, dar por terminada.
En esa demanda señalan como accionados a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda, y sostienen que la falta de publicidad y competencia en la operación expone al Estado a riesgos y afecta la transparencia.