SEMANA: Usted le ha puesto la lupa a la situación de las EPS intervenidas y la advertencia que lanzó esta semana es impactante, y es que estas entidades están peor en manos del Gobierno que antes. ¿Qué hallazgos presentaron en este sentido?
Carlos Hernán Rodríguez: Dentro de la advertencia emitida por la Contraloría General de la República, producto del seguimiento permanente de carácter preventivo que se realiza a la Superintendencia Nacional de Salud, se emitieron advertencias sobre los componentes financieros, jurídicos y técnico- científicos de los indicadores Fénix –que son utilizados por la Supersalud para hacerles seguimiento a las EPS intervenidas– que muestran un deterioro progresivo de los mismos durante el periodo de intervención, lo que indica que las medidas adoptadas han generado un deterioro principalmente de los indicadores financieros que impactan negativamente la operación y afectan a millones de pacientes. Es importante recordar que, al no atender esta advertencia, se pueden materializar los riesgos de pérdida de recursos públicos y/o la afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.
SEMANA: La Contraloría emitió una advertencia al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien es el funcionario responsable frente a las intervenciones. Todas estas entidades están por debajo de los “umbrales” necesarios para operar. ¿En qué se traduce eso?
C.H.R.: Significa que la condición de los indicadores financieros de las EPS intervenidas no alcanza las cifras mínimas requeridas para su normal operación, ya que su gran mayoría se encuentra en estado crítico. La operación de estas entidades en esas condiciones compromete la atención a los usuarios y genera barreras de acceso a los servicios de salud, debido a que la red de prestadores (públicos y privados), como ya se ha evidenciado, suspenden o cierran servicios ante la falta de flujo de recursos y pago de las deudas.
SEMANA: ¿Cuáles son las cifras más preocupantes en esos hallazgos que motivaron la advertencia?
C.H.R.: Preocupa, por ejemplo, en el caso de la Nueva EPS, que es la entidad con más afiliados del país, que no cuente con estados financieros certificados ni dictaminados correspondientes a las vigencias 2024 y 2025. Esto, sin duda, impide validar la veracidad de su información contable. Adicionalmente, la Contraloría, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), identificó un faltante de 4,9 billones de pesos en reservas técnicas y de 13,6 billones de pesos en anticipos pendientes de legalizar.
SEMANA: ¿Qué significa para una entidad con más de 11 millones de afiliados operar sin estados financieros?
C.H.R.: Esto significa que la Nueva EPS está operando a ciegas. Para la Contraloría, la ausencia de los estados financieros certificados dificulta la posibilidad de realizar eficazmente el proceso auditor. No estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de la limitación para verificar el destino de los recursos de la salud para la atención de más de 11 millones de colombianos.
SEMANA: ¿Hay forma de exigir esos estados financieros?
C.H.R.: Lo he dicho. Y aprovecho para requerir nuevamente y de forma pública a la Nueva EPS para que haga entrega formal de sus estados financieros. Los colombianos merecen y demandan conocer el estado real de la EPS más grande del país. Esta es una situación inaceptable, constituye una violación flagrante de los principios de transparencia fiscal y es el reflejo de un desgobierno corporativo crítico. Que la Nueva EPS, la entidad que maneja el aseguramiento de más de 11,6 millones de colombianos y billonarios recursos públicos de la salud, opere sin estados financieros debidamente certificados, es un hecho que desafía todo control institucional.
SEMANA: ¿La opacidad en la información qué consecuencias trae?
C.H.R.: Es una evidente falta de transparencia en el manejo y uso de los recursos en las cuentas de esta EPS. Sin información financiera completa y verificable no es posible realizar una adecuada gestión de los recursos, ya que pueden existir cifras, obligaciones o cuentas que no estén registradas o plenamente identificadas por la entidad.
SEMANA: ¿Qué riesgos trae todo esto para esos millones de pacientes?
C.H.R.: El riesgo es enorme debido a la magnitud de la población que atiende, ya que esta EPS concentra más del 20 por ciento de los afiliados del país. Cualquier falla en su operación pone en riesgo la continuidad de tratamientos y la atención en salud de millones de colombianos.Además, ante un posible cese de actividades derivado de su viabilidad financiera real, no existe en la actualidad otra EPS con la capacidad operativa y financiera suficiente para asumir de manera inmediata un volumen tan alto de usuarios, lo que podría generar una afectación significativa en todo el sistema de salud.
SEMANA: Hay otras EPS en situaciones también muy graves. El presidente Petro le ha puesto el ojo a Coosalud. ¿Qué encontraron allí?
C.H.R.: Lo paradójico y preocupante para la Contraloría es el estado financiero en el que se encuentra la entidad debido a la intervención. El seguimiento permanente mostró que las deudas de Coosalud aumentaron en un 237 por ciento; sumado a lo anterior, su patrimonio pasó de -0,48 a -3,7 billones de pesos. Esta situación genera una preocupación por la sostenibilidad financiera de la EPS y por el impacto que puede generar en la continuidad y la calidad de los servicios de salud prestados a sus afiliados. Además, el aumento del endeudamiento y las dificultades de liquidez presentadas durante la medida incrementan el riesgo de restricciones en la atención, derivadas del cierre o la suspensión de servicios por parte de la red prestadora ante la falta de pago, hecho que limita gravemente la garantía al derecho a la salud de sus afiliados.
SEMANA: Hábleme de Famisanar...
C.H.R.: El caso de Famisanar es otro que pone en evidencia que la intervención no ha funcionado como un mecanismo de salvamento. Al inicio de la intervención, Famisanar estaba generando resultados positivos del 1 por ciento y a la fecha se generan pérdidas del 14 por ciento; como ya se dijo, el patrimonio se hundió drásticamente, lo que refleja un deterioro. El patrimonio pasó de -2,1 billones al inicio de la intervención a -3,3 billones al cierre de 2025. Adicionalmente, el indicador de endeudamiento pasó de 1,0 a 4,08 a diciembre de 2025, evidenciando un aumento sustancial del riesgo financiero y una pérdida acelerada de su estabilidad económica. Como ente de control, hemos citado a la Superintendencia y a los agentes interventores para que justifiquen técnicamente el rumbo de esta medida y frenen el daño patrimonial que sigue extendiéndose.
SEMANA: ¿Y Savia Salud?
C.H.R.: En el caso de Savia Salud EPS, la Contraloría evidenció un deterioro significativo en sus indicadores financieros, especialmente en el nivel de endeudamiento, que pasó de 4,41 a 11,73, ubicándose en una condición crítica muy por encima de los rangos considerados aceptables. Este comportamiento refleja un aumento considerable de las obligaciones de la entidad y una creciente presión sobre su sostenibilidad financiera, lo que incrementa el riesgo para la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el cumplimiento de sus compromisos con la red prestadora.
SEMANA: Hoy la salud de más de la mitad de los colombianos está en manos del Gobierno, a través de las intervenciones. ¿Eso qué significa para el sistema?
C.H.R.: Esto significa que la responsabilidad sobre la administración de las EPS intervenidas recae actualmente en la Superintendencia, la cual debe garantizar la sostenibilidad financiera y así evitar barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud de los colombianos. El Gobierno tiene la responsabilidad de que las EPS intervenidas funcionen de manera adecuada, que usen eficientemente los recursos públicos, que se fortalezcan los mecanismos de control y se gestione de forma efectiva el gasto en salud.
SEMANA: ¿Las intervenciones han funcionado de alguna manera?
C.H.R.: El modelo actual de intervención forzosa a las EPS no está cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema de salud, sino, por el contrario, ha profundizado su deterioro crítico y sostenido; ya ni siquiera se puede acceder a los servicios de salud por la vía judicial; las EPS intervenidas no llegan al 100 por ciento en el cumplimiento de los fallos de tutela. Un caso crítico es el de Emssanar EPS, que presenta un nivel de gestión de tutelas de apenas el 4,4 por ciento. Hay que ser francos: estábamos mejor cuando estábamos peor.
SEMANA: ¿De quién es la responsabilidad fiscal de esa debacle que ustedes han retratado en sus informes?
C.H.R.: La responsabilidad recae sobre quienes han participado en la gestión fiscal y toma de decisiones dentro de las EPS en medida de intervención y que no han evitado el deterioro financiero progresivo que hoy muestran los indicadores de estas entidades, especialmente cuando las acciones adoptadas no lograron prevenir o revertir esta situación; esa responsabilidad es compartida y concurrente entre los administradores al frente de las intervenciones y las autoridades de inspección, vigilancia y control; para este caso, la Superintendencia Nacional de Salud.
SEMANA: El superintendente Daniel Quintero anunció que pidió la renuncia de seis interventores de las EPS. ¿Eso, a tan pocos meses de que el Gobierno termine, puede resolver en algo lo que se está viviendo?
C.H.R.: Las medidas deben ser de fondo para encontrar una solución a una problemática tan grave. No basta únicamente con el cambio de interventores; también se requieren soluciones basadas en el análisis de información oportuna que permitan la toma de decisiones basadas en indicadores de gestión, con lo cual se garantiza transparencia, eficiencia y uso adecuado de los recursos públicos de la salud. Lo que está en juego debe responder a las expectativas no solo de la Superintendencia Nacional de Salud, sino también a las necesidades y la confianza de millones de colombianos que dependen del sistema de salud.
SEMANA: El superintendente Quintero dice que la realidad financiera de las EPS evidencia la necesidad de una reforma a la salud. ¿Usted qué piensa de eso?
C.H.R.: La necesidad o conveniencia de una reforma a la salud es un debate político y legislativo que le compete exclusivamente al Congreso y al Ejecutivo, que deben garantizar que todos los colombianos tengan acceso efectivo al derecho fundamental a la salud y que el sistema cuente con las condiciones necesarias para operar de manera sostenible y oportuna. El marco jurídico actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud obliga a las EPS –intervenidas o no– a cumplir con los indicadores financieros, administrativos y operacionales que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad.
SEMANA: El presidente dijo que veía un camino para no liquidar las EPS (caso en el cual el Estado asumiría sus pasivos): quitarles la licencia de operación. ¿Qué piensa de esa fórmula?
C.H.R.: Este tipo de decisiones debe estar plenamente soportado en la ley y en el marco normativo vigente. No pueden adoptarse medidas que desconozcan las reglas que rigen el sistema de salud y la administración de los recursos públicos.Por ello, cualquier propuesta en ese sentido debe ser analizada con responsabilidad, evaluando sus implicaciones jurídicas, financieras y sociales, y siempre orientada a encontrar soluciones reales a la crítica situación por la que atraviesa el sector salud, siempre en defensa del derecho a la salud de la población afiliada.