El proyecto de ley 056 de 2024 de Cámara y 345 de 2024 de Senado, que buscaba privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad, fue objetado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
En el documento enviado a la Cámara de Representantes, el Gobierno solicita que la iniciativa sea archivada o, en su defecto, revisada a partir de los reparos expuestos.
En ese sentido, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y autor de la iniciativa, deberá hacer las modificaciones y correcciones correspondientes para obtener el respaldo del Gobierno nacional.
Motivos de “inconstitucionalidad”
Y es que uno de los principales argumentos del Ejecutivo está relacionado con la participación de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Según el Gobierno, el proyecto obligaría a obtener un concepto previo de esa Sala para modificar manuales de funciones de cargos directivos, lo que transformaría una instancia constitucionalmente consultiva en una especie de autoridad de control previo sobre decisiones administrativas.
Para el Ejecutivo, esa disposición afectaría la separación de poderes porque trasladaría a la Rama Judicial una función propia de la administración.
Otro de los reparos centrales apunta a las facultades del presidente para organizar los empleos de la administración central.
La objeción sostiene que el proyecto impondría una prohibición rígida para impedir que en el futuro se reduzcan determinados requisitos, lo que, en criterio del Gobierno, produciría una “petrificación legislativa”. Es decir, una restricción que impediría modificar posteriormente esos criterios de acuerdo con las necesidades de la administración pública.
El Gobierno de De La Espriella también cuestiona que la iniciativa termine condicionando la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción. Según el documento, los cargos directivos requieren confianza técnica y política para ejecutar el programa de gobierno, y someter cualquier modificación de sus perfiles a un procedimiento de varias etapas podría limitar la capacidad de respuesta de la administración.
La cuarta objeción de constitucionalidad está relacionada con el régimen disciplinario. El Gobierno cuestiona que el proyecto califique como falta gravísima la modificación de requisitos cuando estos fueran reducidos frente a los establecidos para quien ocupaba anteriormente el cargo.
La Casa de Nariño considera que esa disposición podría convertir las características de la hoja de vida del funcionario saliente en una referencia obligatoria para quien lo suceda.
El documento remitido a la Presidencia de la Cámara de Representantes pone como ejemplo el caso de un funcionario que hubiera llegado al cargo con un doctorado y 25 años de experiencia.
Bajo la regla propuesta, según la objeción, ese perfil podría terminar convirtiéndose en el estándar exigible para el siguiente funcionario, incluso cuando este cuente con las capacidades profesionales necesarias para ejercer el cargo.
A esto se suma el cuestionamiento sobre las sanciones disciplinarias. El Gobierno considera desproporcionado que una modificación técnica de un manual de funciones pueda derivar en una falta gravísima con destitución e inhabilidad general de entre 10 y 20 años, sin que necesariamente exista un daño al servicio público.
La inconveniencia
En cuanto a las razones de inconveniencia, la administración sostiene que la legislación vigente ya establece pisos mínimos para los cargos del nivel directivo.
La objeción presentada por el Gobierno Nacional cita el Decreto Ley 770 de 2005, según el cual el mínimo corresponde a título profesional y experiencia profesional, mientras que el máximo contempla título profesional, posgrado y más años de experiencia.
El Gobierno considera, por ello, que una nueva prohibición resultaría redundante y podría generar mayor rigidez administrativa.
También advierte que exigir estudios de la entidad, revisión del Departamento Administrativo de la Función Pública y concepto de la Sala de Consulta podría retrasar durante meses la provisión de cargos directivos.
Finalmente, el Ejecutivo considera que flexibilizar determinados perfiles permitiría abrir oportunidades a jóvenes profesionales y a personas provenientes de regiones apartadas que, aunque tengan las competencias necesarias, podrían quedar excluidas si se toma como referencia el perfil excepcional de quien ocupó previamente el cargo.