El pulso que se está dando en el Congreso por la potestad para la autenticación de datos de los ciudadanos. ¿Por qué es tan importante?

A los muchos problemas que ha tenido el trámite del nuevo Código Electoral en el Congreso se suma el pulso que están sosteniendo la Registraduría Nacional y gremios como Colombia Fintech por la titularidad en la autenticación de los datos de los ciudadanos, algo que podría tener un grave impacto en la lucha contra el fraude y la suplantación de identidad.

Al proyecto de ley que busca modernizar las normas en materia electoral se unieron otras iniciativas que hablan sobre el registro civil y la autenticación de los datos de los ciudadanos, un procedimiento que busca combatir prácticas criminales como la suplantación de identidades para el acceso a créditos bancarios o la confirmación de datos para ingresar a ciertos teléfonos inteligentes.

El centro de la polémica es que, según algunos gremios, la Registraduría Nacional incluyó una propuesta para que la titularidad de esta autenticación de los datos esté en esa entidad y no en manos de los privados, los cuales han invertido millones de dólares en tecnologías que evitar la comisión de fraudes y suplantaciones en entidades financieras y establecimientos de comercio, en general.

El excongresista Gabriel Santos es el presidente Ejecutivo de Colombia Fintech, el gremio que agrupa a las empresas que desarrollan estas tecnologías para el el sistema financiero y que manejan sistemas de autenticación de datos que impiden que los delincuentes cometan fraudes o suplantaciones en este sector de la economía.

Santos le explicó a SEMANA el eje de la polémica y la posición de algunos gremios -como el suyo- frente a este tema.

SEMANA (S.): ¿Cómo es el pulso que sostienen Colombia Fintech y otros gremios con la Registraduría por el artículo en el Código Electoral sobre la autenticación de los datos de los colombianos?

GABRIEL SANTOS (G.S.): Creo que esto se puede resumir en dos frentes: el primero, es el constitucional y, el segundo, es la realidad del mercado. En el terreno constitucional, la Registraduría no puede otorgarse -vía ley- facultades que la Constitución no ha previsto para ella. Este es un artículo absolutamente inconstitucional. Si quieren reformar la Constitución tienen que hacerlo con un acto legislativo. En el segundo tema, no entendemos por qué se quiere crear un monopolio, en cabeza de la Registraduría, en un tema que se ha venido desarrollando con recursos propios del sector privado y que ha logrado unos resultados inmensos en la lucha en contra del fraude y la suplantación. No entendemos cómo, en un momento en el que se les pide a los empresarios y a los colombianos que hagan un esfuerzo económico grande por las dificultades que atraviesa el Gobierno para recaudar dinero, que abran ahora otra necesidad de gasto desde la Registraduría Nacional. Esto se viene haciendo desde los privados, se viene haciendo de una manera excelente y no entendemos por qué ahora pretenden sacar del juego al sector privado con este monopolio.

S.: ¿Cómo funciona la autenticación de datos de los ciudadanos?

G.S.: Hay varios tipos de autenticación. Estos procesos se hacen con un sistema sofisticado en el que se utiliza la información biométrica, datos de la persona, voz, fotos y día a día se están desarrollando sistemas mucho más novedosos.

S.: ¿Qué datos hay de los ciudadanos en esta autenticación?

G.S.: Los que los ciudadanos autoricen. Esto es un contrato entre partes. Esto varía mucho. Por ejemplo, en el celular. Todas las personas que tengan un smartphone lo desbloquean con la huella o la cara. Eso es un sistema desarrollado por privados que costó cientos de millones de dólares en perfeccionarse para que nadie haga uso de este tipo de información. Cada persona pasa por varios pasos para autenticar el ingreso al teléfono y se le toman varias fotos desde distintos ángulos para tener una robustez mayor. Si nos vamos, por ejemplo, a las solicitudes de crédito, se cotejan datos de identidad, huellas. Cada procedimiento tiene su forma especial de hacerse para demostrar que, en efecto, sea la persona, pero siempre debe ser con el consentimiento del ciudadano cuando ingresa a hacer esta autenticación.

S.: ¿Qué es lo que se propone en el Código Electoral y qué tan grave es?

G.S.: Sería gravísimo, porque no se trataría de una vigilancia de la Registraduría, sino que la autenticación la harían ellos. Se trataría de que la Registraduría tendría que desarrollar unos sistemas carísimos, para los cuales no tiene ni el dinero ni el conocimiento o, en el peor de los casos, cobrar a las plataformas para desarrollarlo, lo que terminaría encareciendo los servicios de autenticación para los colombianos. Significaría sacar del ecosistema a muchos de los jugadores que vienen desarrollando estos sistemas de autenticación. Sería un contrasentido por dónde se le mire. Es algo que viene haciéndose de buena forma desde el sector privado. No es un servicio esencial que presta el Gobierno nacional.

S.: Según usted, ¿cuál sería el impacto para la lucha contra el fraude y la suplantación de la identidad de los ciudadanos si se aprueba este artículo?

G.S.: Habría un impacto brutal. Hoy en día la economía colombiana lucha en contra del fraude y la suplantación de una manera enorme, haciendo desarrollos tecnológicos que hagan más difícil a los estafadores que puedan suplantar la identidad de los colombianos. Con lo que se propone en el Código Electoral lo que lograríamos sería un retroceso inmenso en materia de desarrollo tecnológico, un freno de mano al desarrollo de la innovación, que es lo más importante. Los criminales tienen un altísimo nivel de sofisticación y van desarrollando métodos nuevos para suplantar a los colombianos. Desde el sector privado se invierten decenas de millones de dólares para evitar a los criminales y estos mecanismos de autenticación de la más alta sofisticación. La Registraduría no tiene las competencias, las capacidades y, sobre todo, los recursos para desarrollar estos sistemas.

S.: ¿Y cuál es la propuesta de ustedes?

G.S.: Nosotros lo que proponemos desde Colombia Fintech y otros sectores gremiales es que nos acogemos al texto que presentó el Gobierno nacional en un concepto jurídico emitido para el proyecto y que propone eliminar la palabra autenticación del artículo. Nosotros en un principio proponíamos la eliminación del artículo, pero, en concordancia con el Gobierno nacional, estamos de acuerdo con el texto que propone el Gobierno, más no con el que propone la Registraduría.

S.: ¿Qué han hablado con el Gobierno nacional y la Registraduría para manejar este tema?

G.S.: Con el Gobierno tenemos un diálogo inmejorable. Ellos enviaron un concepto que propone un texto alternativo que nos deja a nosotros muy tranquilos. Desde el Gobierno entienden que hay que impulsar la economía digital y que este artículo es un freno para el desarrollo de la misma. Con la Registraduría hemos venido trabajando este tema con el Registrador y su equipo de asesores. Desafortunadamente ellos insisten en mantener el monopolio de la autenticación en cabeza de la Registraduría, algo con lo que no estamos de acuerdo. Hemos tenido muy buenas conversaciones con congresistas en el Capitolio para explicarles el riesgo tan grande que significa esto para el ecosistema de la economía digital en el país.

S.: En el Congreso hay quienes dicen que este sería un punto de honor para el Registrador...

G.S.: El Código Electoral es una norma inmensa que tiene unos puntos de debate muy grandes. Este no necesariamente, para el mundo político, resulta ser el más evidente. Ese es uno de los grandes problemas: no entendemos por qué, en medio de un Código Electoral, se quieren meter con un mecanismo que nada tiene que ver con elecciones. La Registraduría ya puede llevar a cabo elecciones con la información que tiene y no sabemos por qué se quiere meter con el sector privado.

S.: Hay quienes dicen que este pulso es también por la tenencia de los datos de los colombianos y su venta a otras compañías. ¿Qué responder sobre eso?

G.S.: Eso es un tema absolutamente distinto. Colombia Fintech le apuesta muy fuerte a la ley de protección de datos que existe en Colombia. Nosotros tenemos un manual de buenas prácticas de nuestros miembros que hace que todos tengan un comportamiento legal y ético e incluso excediendo los requisitos legales en el manejo de los datos. Luchamos en contra del mal manejo de otras plataformas no afiliadas a nuestro gremio.