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El rancho ardiendo en Colombia.
El rancho ardiendo en Colombia. ¿Y las autoridades? | Foto: Autor Anónimo

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El país está encendido: el orden público se complica en varias zonas del país y los mandatarios regionales están desesperados

Los grupos armados están alborotados, mientras que oficiales del Ejército renuncian masivamente. Los gobernadores se sienten desprotegidos y reclaman en voz baja acciones contundentes del Gobierno en materia de seguridad.

20 de marzo de 2023

En Colombia, la situación de orden público pasó de castaño a oscuro. Las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo recrudecieron sus acciones violentas en algunas regiones. Los ciudadanos cada vez se sienten más desprotegidos, la fuerza pública está maniatada y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, parece desconectado de la zozobra que viven las regiones.

En los primeros siete meses del Gobierno, el país se ha convertido en un polvorín y el cese multilateral al fuego que decretó Gustavo Petro, como la génesis para negociar la ‘paz total’ con los grupos armados, no le ha funcionado.

Las fuerzas militares han cumplido su palabra y han hecho un alto al fuego, pero los delincuentes van en contravía y desafían a las autoridades. Como si fuera poco, oficiales del Ejército hablan en voz baja de la desmoralización de la tropa.

‘El gobierno de la vida’, una de las promesas de campaña de Petro, no parece dar frutos. Al 15 de marzo de 2023, grupos armados perpetraron 23 masacres y 27 líderes sociales fueron asesinados.

Imágenes de orden público.
Las imágenes del paro minero en Antioquia. | Foto: Semana

El Ministerio de Defensa reportó que el secuestro extorsivo se disparó en un 100 % en enero de 2023, mientras la extorsión subió un 33 %.

En 11 de los 18 eventos terroristas de ese mes hubo víctimas: un guerrillero murió, nueve personas resultaron heridas, cinco secuestradas y diez más amenazadas.

Lo último: estas son las primeras imágenes de los daños al interior del campo petrolero en Los Pozos, en Caquetá.
Así quedó la empresa Emerald Energy en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá, tras ataque de la comunidad. | Foto: Cortesía Autor Anónimo

A eso se suma el paro de los mineros artesanales en el Bajo Cauca Antioqueño, infiltrado por el Clan del Golfo, que lleva más de 15 días y ya genera una crisis humanitaria sin precedentes.

Tarazá, Caucasia, Cáceres, entre otros municipios del nordeste, donde hay disputa por las minas de oro y las rutas de la coca, siguen en máxima tensión. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió a Gustavo Petro examinar las eventuales negociaciones de paz con el Clan del Golfo.

El alcalde de Tarazá, Mario Eliécer Sierra, le confesó a SEMANA que se siente “muy abandonado y muy solo”. Desde septiembre de 2022 lleva denunciando amenazas de Los Caparros y pidiendo refuerzo de seguridad, pero la UNP no le responde.

Piden que la Fiscalía regrese al municipio de Tarazá, Antioquia
El alcalde de Tarazá, Mario Eliécer Sierra, le confesó a SEMANA que se siente “muy abandonado y muy solo”. Desde septiembre de 2022 lleva denunciando amenazas de Los Caparros y pidiendo refuerzo de seguridad, pero la UNP no le responde. | Foto: Cortesía Aníbal Gaviria Correa

Por su parte, el mandatario de Frontino, Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, no se cansa de decir: “Me quieren matar”. No sale de su casa, su oficina y un complejo deportivo. “Yo no salgo ni a las periferias del área urbana. Es mejor evitar”, dijo a este medio.

El listado de hechos amargos es largo. Las disidencias de las Farc infiltraron la movilización campesina en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Lo último: estas son las primeras imágenes de los daños al interior del campo petrolero en Los Pozos, en Caquetá.
Los manifestantes ingresaron a quemar las instalaciones de la compañía petrolera Emerald Energy para exigir dinero, supuestamente, para la comunidad, y el no cierre de la compañía. | Foto: Cortesía Autor Anónimo

Inteligencia militar habla de presiones de la guerrilla en medio del ataque a la petrolera Emerald Energy, cuya sede terminó en cenizas. 70 policías fueron secuestrados por la guardia indígena en la zona, una escena que, a juicio de expertos en seguridad, demostró la debilidad del Estado.

El gobernador Arnulfo Gasca habla de cinco grupos armados en su Caquetá. “Operan varios grupos, no sé si se cambian de nombre, en algunas partes son los Comandos de Frontera, disidencias de las Farc, Rodrigo Cadete o la Carolina Herrera, uno, en últimas, no sabe si son los mismos o no”, dijo. “La situación en mi departamento es tensa este año, mucho más que el año pasado”, reconoció.

Las elecciones para elegir gobernadores, alcaldes y otros cargos de elección popular en Colombia, se harán el 29 de octubre.
Las elecciones para elegir gobernadores, alcaldes y otros cargos de elección popular en Colombia, se harán el 29 de octubre. El registrador Alexander Vega ya habla del riesgo de un aplazamiento de las elecciones regionales de octubre por el nubarrón de inseguridad. | Foto: Registraduría Nacional

En casi todos los departamentos, los grupos armados están alborotados. El registrador Alexander Vega ya habla del riesgo de un aplazamiento de las elecciones regionales de octubre por el nubarrón de inseguridad.

Los gobernantes no tienen claro el alcance y los límites de la ‘paz total’. Tampoco conocen qué papel tienen en medio del cese multilateral al fuego que decretó la Casa de Nariño. “El tal cese al fuego no existe”, advirtió el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien reconoció que está “desesperado” con el Clan del Golfo.

Los grupos criminales y disidencias que el Ejército no puede combatir.
Las disidencias de las Farc han redoblado su accionar en el país. | Foto: SEMANA

En Sincelejo, la capital de Sucre, se duplicaron los homicidios en los primeros dos meses de 2023. “Extorsionan a todo el mundo, al que vende patilla, al que vende naranja, leche, carne, en los hospitales y esto se ha ido agravando... Al señor de la finca, al de la obra pública se la paran, le queman la máquina; tienen extorsionados a todos los alcaldes y con la intención en otras regiones de incidir en las elecciones”, detalló.

En la cumbre de gobernadores, los líderes quisieron estar solos el primer día del encuentro y no invitaron al Gobierno nacional. Ni siquiera al ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque coinciden en que son los primeros responsables de la seguridad en los territorios, pero están representando un papel de espectadores en medio del recrudecimiento de los violentos.

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El gobernador de Vichada, Álvaro León, se destapó en la reunión y confirmó que fue víctima de un retén ilegal de un grupo armado hace dos semanas. Seis hombres, cinco de ellos con fusil y uno con pistola, lo encañonaron y lo bajaron del auto. Se salvó porque sus escoltas llegaron, narró.

En Meta, las disidencias de las Farc están actuando “sin Dios ni ley”, denunció el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga.

“Han vuelto a restablecer secuestros, están reclutando menores, obligan a campesinos y juntas de acción comunal a participar en las convocatorias que ellos hacen. En Meta hace muchísimo tiempo no se hablaba de minas antipersonas y la fuerza pública ha incautado muchísimo material para elaborar estos artefactos. Es decir, están enterrando nuevamente minas antipersonas. La extorsión se ha quintuplicado”, dijo.

Elaboración de Protesis minas antipersona
En Meta hace muchísimo tiempo no se hablaba de minas antipersonas y la fuerza pública ha incautado muchísimo material para elaborar estos artefactos. Es decir, están enterrando nuevamente minas antipersonas. Foto de referencia sobre taller de prótesis para minas antipersonales en el Hospital Militar Central, Bogotá, 29 de marzo de 2022. Foto: Alexandra Ruiz Poveda | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

De hecho, las Farc pretenden incidir en las elecciones regionales de 2023. Quien quiera aspirar a un cargo de elección popular en el sur del Meta, debe hablar con las Farc porque así lo está exigiendo el grupo armado.

Los gobernadores se sienten solos y desconectados de la Casa de Nariño. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, precisó que la situación en su departamento es una “bomba de tiempo”. Y el Gobierno “se ha hecho el de la vista gorda y el de los oídos sordos”, dijo.

Reveló que en el año 2021, en Barrancabermeja y Puerto Wilches, fueron asesinadas 51 personas entre jóvenes y líderes sociales, y que en el 2022 se incrementaron a 89 los asesinatos en esa región. Este año van 32.

“Si el Gobierno nacional nos deja solos, si no le presta atención, cada día los territorios serán ocupados por estos grupos al margen de la ley y se irán aumentando. En estos dos meses y medio, el incremento de las muertes en el Magdalena Medio ha sido del 170 %. Necesitamos enviar ese SOS al Gobierno Nacional”, añadió Aguilar.

La solicitud la hizo Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander.
La solicitud la hizo Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander. | Foto: Gob. de Santander.

El gobernador de Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo, advirtió que “mientras el Gobierno nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales, no habrá éxito en la implementación de la política de paz”.

Le pidió al presidente Gustavo Petro “que defienda a nuestras instituciones, las Fuerzas Armadas y a los colombianos que son víctimas de la inclemente ola de violencia propiciada por las economías ilícitas”.

Ejército Nacional patrulla el Bajo Cauca antioqueño en medio del paro de mineros.
SEMANA reveló este viernes que otros 23 tenientes coroneles pidieron el retiro de la institución, mientras el país se sumerge en medio de la escalada de violencia. | Foto: Cortesía: Ejército Nacional.

SEMANA reveló este viernes que otros 23 tenientes coroneles pidieron el retiro de la institución, mientras el país se sumerge en medio de la escalada de violencia.

Al contrario, los mensajes confusos sobre las rebajas de penas a los delincuentes en el Proyecto de Humanización del Código Penal, la Ley de sometimiento y la ‘paz total’ parecen jugar en contra del jefe de Estado.

El incremento en los cultivos de coca y la decisión del Gobierno de reducir en más de un 50 % la meta de erradicación forzada de cultivos ilícitos de parte la Policía, el debilitamiento del accionar de las Fuerzas Militares, la desmoralización de la tropa, el incumplimiento en el cese multilateral al fuego y un ministro de Defensa que a juicio de la oposición está desaparecido y desconectado de la realidad del país, son otros ingredientes perfectos de un cóctel que agudiza aún más el ambiente de caos que perciben los colombianos.

   Las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada. En enero de este año, el reporte es demoledor: cero hectáreas de coca erradicadas.
Las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada. En enero de este año, el reporte es demoledor: cero hectáreas de coca erradicadas. | Foto: daniel reina romero-semana