La crisis financiera que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí se convirtió en foco de un fuerte debate político nacional tras la acusación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que la entidad presenta “indicios de una gran corrupción”.
Durante un consejo de ministros, Jaramillo fue crítico con la administración del centro asistencial, propiedad del departamento de Antioquia, y responsabilizó tanto a la gestión interna como a influencias políticas por la situación que hoy pone en riesgo la atención médica de cientos de pacientes.
Según el funcionario, autoridades regionales han permitido que la operación del hospital se vea afectada por intereses distintos a la prestación del servicio.
Estas declaraciones se producen en medio de una crisis financiera profunda. El hospital enfrenta una deuda acumulada que, según las cifras entregadas por la gerencia de la institución, supera los 22.000 millones de pesos, gran parte de ellos atribuibles a atrasos en los pagos de varias EPS, incluidas algunas intervenidas por el Gobierno nacional.
En días recientes, el gerente de la entidad, Luis Fernando Arroyave, se volvió viral al relatar entre lágrimas la difícil situación de su personal. Arroyave ha denunciado que los trabajadores llevan casi cuatro meses sin recibir salarios completos y que la falta de liquidez ha impedido incluso cubrir gastos básicos de operación.
Frente a las críticas del ministro, la EPS Savia Salud señaló que ha cumplido con los giros al hospital y reportó haber transferido más de 18.700 millones de pesos en 2025, lo que, según sus datos, representa más del 80 % de lo reclamado.
Por su parte, Nueva EPS se comprometió a realizar un giro urgente y trabajar en la conciliación de obligaciones pendientes.
El alcalde de Itagüí, Diego Torres, ha pedido a la Gobernación de Antioquia asumir mayor corresponsabilidad, subrayando que, como hospital departamental, no puede ser viable sin respaldo administrativo y financiero conjunto.
