Inicia la discusión de la reforma pensional: estos son los puntos más polémicos y en los que el Gobierno Petro se mantiene firme

El Gobierno de Gustavo Petro continúa galopando hacia la implementación de sus reformas. La primera que vio la luz fue la tributaria, luego vino el turno del proyecto que buscaba modificar el sistema de salud en Colombia, sin embargo, la discusión caló en un debate aún más profundo que derivó en el reciente remezón ministerial.

Como resultado, la reforma a la salud entró en un periodo de pausa, aunque la discusión sigue abierta. Ahora le llegó el momento a la reforma pensional, cuyo texto fue radicado el 22 de marzo, pero solo hasta esta semana se citaron las primeras audiencias para abordar el tema.

En su momento, SEMANA conoció el texto definitivo que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó ante el Congreso de la República, el cual cambió sustancialmente en comparación con el borrador inicial.

El texto incluyó nuevas cuentas, por ejemplo, la que señala que, en 2050, se espera acrecentar la cobertura de los adultos mayores beneficiados en el pilar solidario de la propuesta, según sostuvo la jefa de la cartera de Trabajo.

Algunos puntos que se mantienen en el proyecto

En la reforma pensional, el presidente de la República tendrá facultades para ajustar la estructura, administración y destinación de recursos de Colpensiones, la entidad que maneja el régimen público.

Se incluyen sanciones por incumplimiento de las obligaciones incluidas en el documento, lo que será reglamentado posterior a la aprobación de la ley.

En la reforma radicada se mantiene la oportunidad de traslado a Colpensiones, para las personas que tengan más de 1.000 semanas cotizadas y les faltan los diez años reglamentarios para poder pasarse de un lado a otro. Con el lleno de esos requisitos, tendrán dos años para hacer el traslado, previa la doble asesoría (qué les dan en el régimen público y qué en el privado).

De igual manera, se incluye la propuesta de cotizar por semana, lo que permitirá que los trabajadores que son independientes puedan ir abonando su ahorro.

También se mantiene el régimen de transición, para personas con 1.000 semanas cotizadas, a las cuales, les seguirán aplicando las normas vigentes hasta hoy, establecidas en la Ley 100 de 1993.

Sobre el auxilio funerario, en el texto dice que será el equivalente al último salario recibido o a la última mesada, pero no podrá ser inferior a 5 ni superior a 10 salarios mínimos, si la persona comprueba que pagó gastos de entierro de un afiliado o pensionado.

Con el proyecto de ley se mantiene el seguro de invalidez y sobrevivencia, de manera que se puedan pagar las pensiones en los mismos casos (invalidez y sobrevivencia).

“Imposible bajar el umbral de tres salarios mínimos”

El martes, 9 de mayo, solo en un escenario preliminar abierto por la Comisión Séptima de Senado, para adelantar una audiencia pública, fueron escuchadas decenas de voces que tienen algo qué decir sobre el proyecto de ley que plantea un esquema de pilares para armonizar el sistema de aseguramiento en la vejez.

Las fricciones se asomaron en varias oportunidades en el escenario en el cual cada uno pareció llevar su realidad. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien lidera tanto este como el proyecto de reforma laboral, una vez más sustentó el contenido.

En particular, ante la lluvia de propuestas que advierten sobre el riesgo económico que implicará para la nación trasladar el ahorro de los colombianos que está en los Fondos Privados de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, hasta los tres salarios mínimos, la funcionaria dio un no tajante. “Imposible bajar el umbral. Eso está modulado”.

Según la ministra, de bajarse más el umbral, que ya estaba en cuatro salarios mínimos, se perdería la esencia que buscan con el sistema pensional, y es fortalecer el modelo público.

En la audiencia también estuvieron presentes los directivos de fondos privados de pensión, como Porvenir, Colfondos, Skandia y Protección, para expresar sus preocupaciones por los cambios que vendrían con la reforma pensional.

Miguel Largacha, presidente de Porvenir, fue el primero en intervenir, asegurando que hay cinco grandes problemas en el proyecto del Gobierno:

El primero es que no hay un aumento en la cobertura pensional y que los cálculos apuntan a una reducción de la cobertura del pilar contributivo en casi un 20 %. Además, aseguró que en el proyecto se disminuye el ahorro nacional, pues al trasladar los recursos de un régimen que ahorra a uno que gasta, o que ahorra menos, se impactará la inversión y el crecimiento de la economía y el mercado de capitales.

“Estimaciones de expertos señalan que con la reforma se duplicaría la deuda que tiene actualmente el Estado”, comentó en su presentación.

Otro de los errores expuestos por el directivo es la eliminación de la posibilidad de elegir el fondo en el que se quiere ahorrar y también en la heredabilidad de los ahorros.

Marcela Giraldo, de Colfondos, fue la segunda en pronunciarse al respecto, asegurando que la reforma debería hacerse pensando en los jóvenes y que esta debería ser sostenible.

“No debe diseñarse pensando en el corto plazo, en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones”, se pudo leer en la diapositiva presentada por la directiva en su intervención.

Aseguró que los jóvenes no se verían beneficiados con el proyecto, pues la reforma refuerza la prima media, de reparto, y como consecuencia los jóvenes que serán adultos mayores en un futuro podrían no tener una pensión.

Entre las propuestas que esta entidad hizo es implementar un tipo de ahorro en cotizaciones para jóvenes, para que estos puedan ir construyendo su pensión y cuando lleguen a viejos tengan su dinero en una cuenta a su nombre.

Por su parte, el presidente de Protección, Juan David Correa, expresó que la cobertura para quienes ganan menos de un salario mínimo no se incrementa en el proyecto. De hecho, se podría reducir hasta un 28 %.

Entre los puntos que preocuparon a esa entidad, se encuentra la sostenibilidad para pagar las jubilaciones, pues actualmente 4,6 personas en Colombia financian la pensión de un adulto mayor. Esa cifra disminuiría a 1,9 personas por cada adulto mayor si se llega a aprobar el articulado.