En una clara jugada electoral, el petrismo ha querido presentarle al país que no va más con el que ha sido por meses la piedra estructural de su proyecto: la Asamblea Nacional Constituyente.
Este jueves el comité promotor de la iniciativa, que siempre ha sido acompañado por el Ggobierno Petro, anunció que “suspendía” la recolección de firmas. La decisión sucedió apenas días después de la derrota de Iván Cepeda ante Abelardo de la Espriella el domingo pasado en las urnas.
La constituyente es una de las líneas rojas para muchos colombianos, especialemente para líderes de opinión del centro, que es el grupo de votantes que hoy el progresismo intenta conquistar para remontar y poder ganar en una segunda vuelta. Las encuestas, por ahora, están en contra de las posibilidades de que Petro deje a un sucesor en el poder. En la última medición de AtlasIntel, Abelardo de la Espriella (50,3 %) picó en punta y le sacó 7,7 puntos a Iván Cepeda (42,6 %).
En la estrategia por mostrarse más moderado, el progresismo ha querido dar algunas señales que le permitan ganar apoyos. Desistir de la constituyente sería un ramo de olivo definitivo para un grupo enorme de colombianos.
Pero lo cierto es que esa bajada del bus nunca sucedió. En primer lugar, porque hasta ahora nadie ha rechazado la constituyente ni ha dicho de manera categórica que ese proyecto no tendrá cabida en el Gobierno. El presidente Petro solo se refirió a la suspensión y aseguró que esa pausa se daba porque los colombianos debían “primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la Nación, de esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan”.
Luego, además, le puso una condición a eso: “Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo”.
Iván Cepeda tampoco fue categórico: “Hoy el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha dado por concluida la recolección de firmas de respaldo esta iniciativa. Ha dicho que, atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por Aida Quilcué e Iván Cepeda para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales. Agradezco este acto de grandeza política”. La realidad jurídica es que para que se acabe ese proyecto, se necesitaría que exista un desistimiento formal ante la registraduría y que se acabara el Comité Promotor. Ninguna de las dos cosas ha pasado.
Pese a esas declaraciones, la constituyente también sigue viva en el plan de gobierno del candidato. Cepeda siempre ha hablado de un pacto nacional, pero nunca ha descartado que una constituyente sea la vía para implementarlo. Así está claramente escrito en el documento que le presentó al país con sus propuestas.
“Mi propuesta, en consecuencia, es que, sobre el plano de la movilización y el poder constituyente fortalecidos, se desarrolle un diálogo nacional que conduzca un verdadero acuerdo de toda la Nación. La movilización social y el poder constituyente, en este caso, son la garantía de que no iremos simplemente a un pacto de élites o hacia un acuerdo de reformas cosméticas. Serán el escrutinio y la vigilancia social las que impida que lleguemos a una concertación tibia y superficial que no resuelva los problemas de fondo del país”, dice el texto.
Cepeda asegura que, una vez elegido como nuevo presidente de la República, convocará a “todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, comenzando por las organizaciones sociales y populares, a que conformemos la Mesa de Diálogo Nacional, en la que sin perder el tiempo en conversaciones retóricas y, para decirlo en lenguaje popular, “sin carreta”.
El candidato afirma de manera clara que “uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una asamblea nacional constituyente, o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita. El problema de los acuerdos nacionales ha sido el que sean de élite o insuficientes en la participación real y decisoria de las organizaciones sociales y populares”.