La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela abrió paso a que nuevos actores políticos y humanitarios regresen al país, después de trabajar durante más de una década desde el exilio.
Ese es el caso de Juntos Se puede, una fundación radicada en Colombia desde donde prestaron atención a los venezolanos para mitigar el impacto de la migración y facilitar los procesos de integración en las comunidades de acogida.
La organización liderada por Ana Karina García se prepara para abrir su primera sede física en Venezuela, el mismo país que motivó la creación de la institución que ha acompañado a sus ciudadanos en los procesos para romper los ciclos de pobreza que protagonizan los migrantes internacionales durante su llegada a Colombia.
Juntos Se Puede esperar abrir su sede en Venezuela a partir del segundo semestre, para cuando se proyecta que la administración de Delcy Rodríguez haya derogado la Ley Anti ONG que impide que las organizaciones humanitarias hagan presencia en el país.
Esa decisión estaría incluida en los pasos de la planeación estratégica para la transición. Dentro de esas decisiones también se contempla el fin de la Ley Contra el Odio, el argumento que utilizó la dictadura para vincular a sus opositores con el delito contra el odio cada que estos hacían declaraciones públicas en las que cuestionaban las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen y otros asuntos.
Asimismo, la administración también prometió eliminar la Ley Resorte que le permitió a la dictadura de Maduro censurar a los medios de comunicación y perseguir a los periodistas que informaron sobre las irregularidades que envolvieron al Palacio de Miraflores en todo este tiempo.
Juntos Se Puede abrió en días recientes un Centro de Innovación Sin Fronteras a través del que buscan apoyar los emprendimientos de los migrantes. “Frente al abandono, elegimos continuidad. Para miles de personas, el 2025 fue el año en que la cooperación decidió cerrar y muchos quedaron suspendidos en el aire. Nosotros tomamos la decisión de permanecer porque la dignidad no depende de un ciclo de financiamiento”, expresó su directora, Ana Karina García.