La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación reiteraron la prohibición del uso de celulares, cámaras fotográficas y equipos de video dentro de los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.
La medida estará vigente entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde y hace parte de las disposiciones contempladas en el decreto de orden público expedido por el Gobierno nacional para garantizar la transparencia de la jornada democrática.
Según las entidades, la restricción busca evitar la comisión de delitos electorales como la corrupción al sufragante y el tráfico de votos.
De acuerdo con la información entregada, los ciudadanos no podrán manipular celulares ni otros dispositivos de captura de imágenes dentro de los puestos de votación, especialmente en los cubículos donde se ejerce el derecho al voto.
La única excepción para los electores será el uso del teléfono móvil para presentar la cédula de ciudadanía digital ante el jurado de votación al momento de sufragar.
La Registraduría y la Procuraduría precisaron que sí podrán utilizar estos dispositivos los periodistas y medios de comunicación debidamente identificados, así como los funcionarios del Ministerio Público designados para realizar labores de vigilancia electoral.
Entre ellos se encuentran representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las personerías.
Asimismo, las entidades aclararon que los testigos electorales acreditados y los observadores electorales autorizados podrán hacer uso de celulares y cámaras una vez finalice la votación, es decir, a partir de las 4:00 de la tarde, cuando inicie el proceso de escrutinio y conteo de votos.
Finalmente, la Registraduría y la Procuraduría hicieron un llamado a todos los ciudadanos, partidos políticos, campañas y demás actores del proceso electoral para que respeten estas disposiciones y contribuyan al desarrollo de unas elecciones íntegras, transparentes y confiables.
Las autoridades insistieron en que el cumplimiento de estas medidas fortalece las garantías democráticas y ayuda a preservar la legitimidad de los resultados electorales.